En Perú, un decreto sobre la identidad trans provoca una fuerte reacción

Por Genevieve Glatsky y Mitra Taj

El decreto apareció sin mucha bulla en un periódico oficial del gobierno de Perú que publica nuevas leyes y reglamentos. Las autoridades de salud peruanas dicen que no tenían ni idea de la respuesta que provocaría.

Dicen que querían ampliar el acceso a la atención de salud mental con seguro privado para peruanos transgénero. Por eso el decreto del gobierno incluía un texto que clasificaba la identidad transgénero como “problema de salud mental”.

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Pero a medida que se filtraba la noticia de la norma, provocó indignación entre la población LGBTQ del país y sus defensores.

Muchos críticos dijeron que el decreto era otro golpe en un país donde el matrimonio igualitario y las uniones civiles son ilegales; la identidad transgénero no está reconocida legalmente; no hay legislación que reconozca los delitos de odio; y los peruanos trans dicen que se enfrentan a una discriminación y violencia generalizadas.

“Lo que están haciendo es etiquetar a toda una comunidad como enferma”, afirmó Cristian González Cabrera, quien investiga los derechos de los LGBTQ en América Latina para Human Rights Watch.

Pero las autoridades de la salud afirmaron que el enfado y las reacciones negativas se debieron a un error de comunicación y que su intención no era ofender a las personas trans.

El gobierno peruano añadió este mes siete códigos de diagnóstico del sistema de clasificación médica de la Organización Mundial de la Salud a una lista de enfermedades que deben ser cubiertas por los seguros públicos y privados.

Pero la ley utilizaba el lenguaje de una versión obsoleta del sistema de clasificación de la OMS que había catalogado la “transexualidad” y el “trastorno de identidad de género” como “trastornos mentales y del comportamiento”.

Una nueva versión del sistema de la OMS, que entró en vigor en 2022, sustituyó esos términos por “incongruencia de género de la adolescencia y la edad adulta” e “incongruencia de género de la infancia” en un capítulo titulado “Afecciones relacionadas con la salud sexual”.

El cambio, según la OMS, pretendía reflejar “el conocimiento actual de que las identidades trans y de género diverso no son condiciones de mala salud mental, y que clasificarlas como tales puede causar un enorme estigma”.

Las autoridades de salud peruanas dijeron en una entrevista que conocían los cambios de la OMS, pero que recién estaban iniciando el proceso para adoptarlos e incorporar una nueva norma debido a los obstáculos burocráticos.

“Es un camino que ya hemos empezado a andar”, dijo Henry Horna, director de comunicaciones del Ministerio de Salud de Perú, aunque las autoridades no dijeron cuánto duraría el proceso. Así que, por ahora, se mantiene la clasificación actual.

En respuesta al revuelo causado, el ministerio aclaró en un comunicado que “la diversidad de género y sexual no son enfermedades” y que rechaza la discriminación.

Carlos Alvarado, director de seguros de salud del ministerio, dijo que la normativa pretendía facilitar la facturación a las aseguradoras de los tratamientos relacionados con la identidad transgénero.

“No esperábamos la reacción, sinceramente”, dijo.

“El problema ha surgido obviamente por una mala interpretación del sentido de la norma”, dijo Horna. “Las normas se escriben en el lenguaje legal, en el lenguaje frío, en el lenguaje técnico”.

Pero Leyla Huerta, una activista trans, dijo que el acceso al seguro privado es irrelevante para la mayoría de los peruanos trans debido a las prácticas de contratación discriminatorias de muchos empleadores del sector privado.

Afirmó que cualquier beneficio para la comunidad trans se ve superado por la estigmatización que supone el lenguaje utilizado en la normativa gubernamental.

Según activistas y expertos, clasificar a las personas transgénero como enfermas mentales podría abrir la puerta a la promoción por parte de algunos grupos conservadores de la práctica ampliamente desacreditada de la terapia de conversión, destinada a cambiar la identidad de género o la orientación sexual de una persona.

Sin embargo, las autoridades de salud han recordado directrices anteriores del gobierno que declaraban que la identidad transgénero no era una enfermedad mental y desaconsejaban la terapia de conversión.

La controversia actual es solo una de las muchas luchas por ampliar los derechos y la atención a la salud de personas homosexuales y transgénero en toda Latinoamérica, una región con altos niveles de violencia contra las personas LGBTQ.

Sin embargo, incluso en este entorno, Perú destaca porque su sistema legislativo prácticamente no reconoce derechos a los homosexuales y transexuales, señaló González.

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde hace años en otros países sudamericanos, como Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Ecuador. “Perú va muy por detrás de sus vecinos sudamericanos”, dijo González.

El jefe de la oficina de derechos humanos del gobierno peruano, durante su testimonio el año pasado ante el Congreso del país, se refirió a la homosexualidad como “deformidades que hay que corregir“

Y el año pasado, una mujer trans que trabajaba como prostituta fue secuestrada y tiroteada 30 veces en las calles de Lima, un asesinato que quedó grabado en video. Hasta ahora se ha detenido a una persona, pero aún no se ha celebrado ningún juicio.

El gobierno peruano no recopila datos sobre actos de prejuicio o violencia contra las personas transgénero.

Pero un estudio publicado en 2021 por un grupo peruano de derechos humanos, Más Igualdad, descubrió que entre una muestra de 323 peruanos LGBTQ, el 83 por ciento afirmó haber sufrido algún tipo de abuso verbal o físico y el 75 por ciento dijo haber sido objeto de discriminación.

La directora de Más Igualdad, la psicóloga Alexandra Hernández, dijo creer que algunos funcionarios del Ministerio de Salud tuvieron buenas intenciones al emitir esta norma, pero no consultaron a expertos en salud mental LGBTQ.

“Cuando dicen que era beneficioso para nosotros, nosotras, nosotres”, dijo Gianna Camacho García, activista trans y periodista. “En realidad era un beneficio mínimo en comparación a lo mucho que tenemos que perder en otros ámbitos o aspectos de la vida al denominarnos personas con trastornos mentales”.

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