Estuvo presa 25 años por un delito que no cometió y finalmente sale libre, pero no le reconocen inocencia

Cuernavaca, Mor., “¡Así no pedía mi libertad! ¡Mi libertad era (mediante) reconocimiento de inocencia, porque no cometí el delito (secuestro) que me fabricaron elementos del grupo antisecuestros de la (entonces) Procuraduría (General de Justicia del Estado) en 1998!”, gritó varias veces María Luisa Villanueva Márquez al ser liberada ayer y sacada por la fuerza por seis custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec.

Villanueva Márquez, de 48 años de edad y originaria de Ocotillo, municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, estuvo presa 25 años y solo le faltaba un lustro para cumplir la condena por un delito que no cometió, pero por el cual, mediante tortura, agentes de la ahora Fiscalía General del Estado (FGE) la obligaron a inculparse.

La hoy ex reclusa y su abogado, Eutiquio Román Santiago, iniciaron una denuncia contra los agentes torturadores y el 15 de febrero se cerraría la indagatoria; además, se giraría orden de aprehensión contra estos y con ello los demandantes acudirían al pleno del Tribunal Superior de Justicia para solicitar el reconocimiento de inocencia.

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Sin embargo, abogado y defendida no saben por qué el presidente del TSJ, Jorge Gamboa Olea, adelantó la liberación. María Luisa señaló que no pidió pre liberación.

A las 12:30 horas del jueves, la directora del penal, Diana Inés Hernández, notificó a Villanueva Márquez que había llegado su boleta de libertad a solicitud de un juez por beneficio de la remisión parcial de la condena, y que tenía que dejar el penal “quisiera o no”, explicó la ex interna.

Durante unos 40 minutos se negó a salir del servicio médico del Cereso, donde fue notificada; también rehusó ser valorada y firmar documento alguno, pues insistía en no quería salir con el estigma de delincuente.

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Una hora después las autoridades carcelarias ordenaron a unos seis custodios que la sacaran por la fuerza, afirmó María Luisa.

Primero la empujaron, después la cargaron y la llevaron hasta la entrada del penal –aún vestida con el uniforme amarillo– mientras gritaba, pataleaba y lloraba porque no quería salir como culpable.

Sus abogados y familiares la recibieron, la abrazaron y tranquilizaron diciéndole que continuarán con su lucha hasta que el Estado reconozca su inocencia y castigue a los agentes torturadores de la FGE, al juez y a los magistrados por haberla sentenciado de manera injusta.

Ella consideró inconcebible que así como la metieron por la fuerza a un penal hace 25 años, ayer la hubieran sacado solo para proteger a los agentes antisecuestros o porque la FGE y el TSJ no quisieron reconocer su inocencia.

–¿Quién debe pagar por todos los atropellos? –se le preguntó.

–El Estado como institución y los agentes antisecuestros. Sólo quiero recuperar los derechos que me han quitado, respondió.

Destacó que después de nueve años de investigar a los agentes que la inculparon, el Poder Judicial “se preocupó”.

Luego de 25 años se dieron cuenta de las anomalías en su detención, “y ahora me dan una dádiva, una limosna, y no la acepto, así no pedía mi libertad”.