Liberan a Aurelia García, mujer indígena presa en Guerrero por aborto involuntario
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Aurelia estuvo presa por 3 años por un parto fortuito, entre un ambiente de violencia de género que se vive en su comunidad
Aurelia García Cruceño fue liberada después de tres años de prisión acusada del delito de homicidio en razón de parentesco, por un parto fortuito que sufrió.
Alrededor de las 9 de la noche del 20 de diciembre, la jueza Mariela Alfaro Zapata dictó una sentencia absolutoria a favor de Aurelia.
El 2 diciembre se convocó a la audiencia final; sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero solicitó aplazarla y se reanudó el 19 y un día después (20 de diciembre) la jueza dictó la sentencia absolutoria a favor de Aurelia.
En la última audiencia, explica la abogada, presentaron tres pruebas para comprobar la inocencia de Aurelia y las irregularidades del proceso.
La primera prueba fue el testimonio de una de los paramédicos que asistió a Aurelia cuando sufrió el parto fortuito, quién confirmó que cuando llegó el producto estaba sin vida y no como lo aseguró el MP de que Aurelia lo asesinó y de eso hubo testigos.
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La segunda prueba consistió en un peritaje de la necropsia que le realizaron al producto que según el MP fue asesinado después de parto fortuito.
Sin embargo, en el nuevo peritaje se comprobó que la necropsia estuvo llena de irregularidades y fallas técnicas como para darle un valor científico.
La tercera prueba fue antropológica, es decir, le mostraron a la jueza que Aurelia desde que vivía en su pueblo en Chilapa sufría violencia de género, pero no sólo ella, si no es estructural y sistemática: hay un machismo profundo, además de que no tienen derechos a la salud, a la educación, al trabajo por la marginación en la que vive Xochicalco.
El 2 de octubre del 2019, Aurelia García estaba sola en la casa de su tía, en Iguala. El sangrado vaginal que tenía desde una semana se intensificó y el dolor del vientre también. De forma repentina expulsó el producto y se le vino un sangrado profuso: sufrió un parto fortuito y después le vino un choque hipovolémico.
Al día siguiente (3 de octubre de 2019), agentes de la Policía Ministerial de la FGE la detuvieron en el hospital donde la estabilizaron, acusada del delito de homicidio en razón de parentesco. Dos días después, sin haber recibido el alta médica, fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Iguala. Tenía 19 años.
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Tres meses atrás, Aurelia salió huyendo de Xochicalco, un pueblo nahua de Chilapa.
Aurelia sufrió abuso sexual por un hombre en el pueblo. No lo hizo una vez, fueron muchas. De esas violaciones quedó embarazada. Para evitar ser agredida y sometida al escarnio de los pobladores, huyó.
El 8 julio del 2021, fue sentenciada a 13 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco. Siete días después, las abogadas del IMDHD (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia) presentaron un recurso de apelación. El 17 de enero del 2022, la magistrada Indalecia Pacheco León ordenó la reposición del proceso por las evidentes violaciones al debido proceso.
El 20 de julio de este año, la defensa de Aurelia solicitó el cambio de medida cautelar: que se le retirara la prisión preventiva oficiosa, tras llevar casi tres años de prisión, cuando el límite para esa medida son dos. La jueza se negó.
“La estigmatización de Aurelia por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre, es la base en la que fundamenta la Jueza su determinación. Pareciera que quieren utilizar a Aurelia como ejemplo de un buen actuar, a pesar de los altos índices de impunidad y corrupción que imperan en Guerrero”, menciona Verónica Garzón Bonetti, abogada del IMDHD.
(Con información de El Universal)
