Impugna Corte argumentos de Obama contra ley Arizona

Washington. La Suprema Corte de Justicia impugnó este miércoles el argumento de la administración del presidente Barack Obama contra la polémica ley SB1070 de Arizona en el sentido de que viola el derecho del gobierno federal a aplicar las leyes migratorias.

Al escuchar los argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de la ley, la mayoría de los magistrados cuestionó la postura oficial respecto a que Arizona sobrepasó en su derecho a implementar leyes para administrar la migración a la entidad.

La Corte Suprema anunció en diciembre pasado que examinaría la constitucionalidad de la ley SB 1070, que permite a la policía detener a sospechosos de inmigración ilegal y exigirle pruebas de ciudadanía sin causa probable.

"Parece que el gobierno federal no quiere saber quién está aquí ilegalmente", sentenció el presidente del máximo tribunal, John Roberts, ante el abogado general de la nación, Donald Verilli.

Visiblemente nervioso, Verrilli dijo ante los magistrados que el argumento del gobierno federal contra la SB1070 no está relacionado con discriminación racial o étnica, sino con el derecho de los estados a aplicar las leyes migratorias.

La demanda del Departamento de Justicia argumenta que la ley de Arizona viola la cláusula de supremacía de la ley federal en la materia y también viola la cláusula de Comercio al lesionar las relaciones de Estados Unidos con México.

Pero la magistrada Sonia Sotomayor, la única latina de la Corte, intervino para pedir a Verrilli que cambie sus argumentos "porque es claro que no nos está vendiendo muy bien (lo que ha dicho...) estoy terriblemente confundida", indicó.

El magistrado conservador, Antonin Scalia, increpó a Verrilli al considerar que no tiene nada de malo que un estado aplique la ley federal migratoria, de la misma forma que aplican la ley contra asaltabancos.

Paul Clement, el abogado que defendió la constitucionalidad de la ley, cuestionó la posición de Verrilli respecto a que el gobierno federal apoya cumplir con las leyes migratorias caso por caso, pero las impugna cuando Arizona la cumple sistemáticamente.

Al final de la sesión, que se extendió más allá de los 60 minutos reglamentarios, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se declaró "alentada" por los cuestionamientos a la postura del gobierno.

"Estoy muy, muy entusiasmada por todo lo que pudimos decir y oír aquí. Me siento muy confiada de que vamos a tener un fallo favorable", dijo Brewer a periodistas, tras ser abucheada por manifestantes al salir de la Corte.

Cuestionada sobre el argumento del gobierno federal en el sentido de que la aplicación plena de la SB1070 podría resultar en encarcelamientos masivos, Brewer aceptó: "es posible".

La gobernadora dijo que coincide con quienes sostienen que la administración Obama llevó la demanda a la Suprema Corte de Justicia para mejorar su popularidad latina de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, en las que buscará su reelección.

Aunque la legislación de Arizona fue parcialmente suspendida, su desenlace es seguido por otras entidades con legislaciones similares, como Alabama y Georgia, así como por organizaciones de defensa de inmigrantes que buscan su derogación definitiva.

El legislador demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, calificó como un "error" que Verrilli no haya argumentado el hecho de que la aplicación plena de la SB1070 no sería posible sin provocar la discriminación de hispanos.

"Tenemos que movilizarnos y aprobar algún cambio en el Congreso", declaró Gutiérrez a Notimex.

El líder del grupo de defensa de los hispanos America's Voice, Frank Sharry, coincidió en que fue un error no tocar el asunto de la discriminación.

"Si la Suprema Corte da luz verde a la discriminación contra latinos va a ser un caso histórico (...) la que sea la conclusión de ellos va a movilizar a la comunidad latina, los que tienen derecho a votar y cambiar la dinámica de esta elección", señaló.

Cientos de manifestantes en contra de la legislación se congregaron fuera de la Suprema Corte de Justicia en rechazo a la SB1070.

La jueza Elena Kagan, nombrada por el presidente Obama, se recusó a participar en el caso, porque como abogada de la Casa Blanca trabajó en argumentar la inconstitucionalidad de la ley que además criminaliza estar en sin papeles en el estado, obliga a los inmigrantes legales cargar sus documentos en todo momento, penaliza a los inmigrantes ilegales que buscan trabajo, y autoriza a la policía a expulsar a cualquier inmigrante que presuma haya cometido un delito.

Una corte de casación federal dio razón al gobierno federal sobre la inconstitucionalidad de estos artículos, y Arizona a su vez elevó el caso ante la Corte Suprema, que podría emitir un fallo en junio.

El gobierno de Arizona, cuya ley fue imitada por otros estados del sur y centro de Estados Unidos, alega que el texto tan sólo aplica a nivel estatal lo que debería estar haciendo el gobierno federal.

México y otros 17 países presentaron argumentos ante el alto tribunal estadunidense, en los que señalan que la controvertida ley "constituye una amenaza inminente a las relaciones bilaterales México-Estados Unidos".

En tanto, un nuevo estudio divulgado esta semana por el Pew Hispanic Center, con sede en Washington, revela que el flujo neto de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos cayó a cero debido al debilitamiento de la economía estadounidense.

Asimismo, el descenso responde a un aumento en los controles fronterizos, a un incremento en las deportaciones, a las mejores condiciones económicas en México y a una caída en la tasa de natalidad, indica el informe.

Estados Unidos cuenta con unos 11 millones de indocumentados y en Arizona, el estado que más cruces ilegales soporta en toda la frontera con México, viven unos 400 mil extranjeros sin papeles en regla, según cálculos del Pew Hispanic Center.