Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si bloquea o no una demanda de 10,000 mdd presentada por de México contra fabricantes de armas

WASHINGTON- En su defensa, los fabricantes de armas pidieron a los jueces anulara un veredicto del tribunal de apelaciones con el que da luz verde al avance de la demanda en su contra, no obstante a las “amplias protecciones legales con las que cuenta la industria de las armas de fuego”, precisa Lindsay Whitehurst en su nota publicada por The Associated Press.

Si bien, un juez federal estadounidense determinó desestimar la mayor parte de la demanda “por otros motivos legales”, sin embargo, México está en posibilidad de apelar esa decisión.

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En su demanda, el gobierno mexicano asevera que las empresas tenían conocimiento de que las armas estaban siendo vendidas a traficantes que después las introducían de contrabando a México, y que dichas empresas decidieron sacar provecho de ese mercado. El gobierno estima que el 70% de las armas que han sido traficadas a México provienen de Estados Unidos.

Entre los acusados están los que son considerados como los grandes fabricantes de armas en Estados Unidos, tales como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. Las empresas demandadas consideran que México no ha podido demostrar que los fabricantes de armas imputados hayan obrado de manera intencional con el propósito de permitir que sus armas sean usadas por los cárteles y que por lo contrario se ““trata de “acosar” a los fabricantes para que adopten medidas de control de armas”, indica Whitehurst.

Esta demanda fue interpuesta por México en 2021, misma que fue rechazada en un principio por un tribunal de distrito, que haciendo referencia a las protecciones legales con las que cuentan los fabricantes en contra de los daños que resulten del uso delictivo que se le den a las armas de fuego.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones del 1er Circuito falló a favor de revivir el caso tomando en cuenta una excepción a esa ley.

En consecuencia, los fabricantes de armas decidieron apelar dicha sentencia ante la Corte Suprema, arguyendo que llevan acabo prácticas legítimas, por lo que el caso no tendría estar en los tribunales estadounidenses.

“En agosto, el juez federal de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, desestimó nuevamente el caso contra seis de las ocho empresas, argumentado que el gobierno mexicano no había proporcionado pruebas concretas de que las actividades de cualquiera de esas empresas en Massachusetts estuvieran relacionadas con algún sufrimiento causado en México por las armas“. cita Whitehurst.

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“Aun así, dado que algunas acusaciones se mantienen y que es posible apelar, los fabricantes de armas argumentan que el fallo del 1er Circuito podría cernirse sobre industria durante años si se permite su permanencia”, concluye Whitehurst.

MÉXICO DEMANDA A FABRICANTES DE ARMAS ESTADOUNIDENSES

En un artículo titulado “Mexico sues US gun manufacturers over arms trafficking toll” , escrito por E. Eduardo Castillo y Christopher Sherman y que fue publicado por AP el 4 de agosto de 2023, hacen referencia a la demanda interpuesta por el Gobierno de México en contra de los a fabricantes y distribuidores de armas de Estados Unidos en un tribunal federal de Estados Unidos, con el argumento de derivado de sus negligentes prácticas comerciales e ilegales provorcaron “un tremendo derramamiento de sangre en México”.

Castillo y Sherman indican que esta “inusual” demanda por parte de México se presentó en un tribunal federal en la ciudad de Boston.

“El gobierno mexicano presenta esta acción para poner fin al daño masivo que los Demandados causan al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México, dice la demanda”, apuntan Castillo y Sherman.

En ese entonces, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos. Y que, de acuerdo con la SRE, en 2019 por lo menos en 17,000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas traficadas.

Por su parte, La National Shooting Sports Foundation, que es la asociación comercial de la industria de armas de fuego de Estados Unidos, dijo en 2023 a través de un comunicado de prensa que rechazaba las acusaciones de negligencia hechas por México.

“Estas acusaciones no tienen fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen y la corrupción rampantes dentro de sus propias fronteras”, explico en aquel entonces Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor general del grupo. “El gobierno mexicano es responsable de hacer cumplir sus leyes”, agregó Keane.

Castillo y Sherman precisan en su artículo que la National Shooting Sports Foundation cuestionó las cifras dadas por México en relación con “el número de armas recuperadas en escenas de crímenes y rastreadas hasta Estados Unidos”.

Castillo y Sherman hacen referencia a una declaración dada por Alejandro Celorio, quien es asesor legal de la SRE, en la que expresó a los periodistas “que el daño causado por las armas traficadas equivaldría al 1.7% al 2% del producto interno bruto de México. El gobierno buscará al menos 10 mil millones de dólares en compensación”.

“El PIB de México el año pasado fue de más de 1.2 billones de dólares. No lo hacemos para presionar a Estados Unidos. “Lo hacemos para que no haya muertes en México”, afirmó en ese entonces Celorio.

Por su parte, el ex secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard preciso en 2023 que “la demanda era otra parte de los esfuerzos del gobierno contra las armas. La prioridad es que reduzcamos los homicidios”, y prpsiguió diciendo que “no buscamos cambiar las leyes estadounidenses”.

Por otra parte, Castillo y Sherman también citan a Steve Shadowen, el abogado principal que representa a México, quien hizo referencia que “a principios de la década de 2000, unas 30 ciudades estadounidenses presentaron litigios similares contra los fabricantes de armas, argumentando que deberían ser responsables del aumento de los costos de policía, hospitalización y otros asociados con la violencia armada”.

“A medida que algunas ciudades empezaron a ganar, los fabricantes de armas acudieron al Congreso y obtuvieron un estatuto de inmunidad para los fabricantes”, detallan Castillo y Sherman en su artículo.

En este sentido, Shadowen comentó en ese entonces “que cree que la inmunidad no se aplica cuando la lesión ocurre fuera de los Estados Unidos”.

“Los méritos del caso están fuertemente a nuestro favor y luego tenemos que sortear este estatuto de inmunidad que creemos que vamos a ganar”, añadió el abogado y continuó explicando que “ese estatuto simplemente no se aplica. Solo se aplica cuando estás en los Estados Unidos”; por que consideró en aquel entonces que “cree que es la primera vez que un gobierno extranjero ha demandado a los fabricantes de armas”.

También Castillo y Sherman hacen mención en su artículo de Adam Winkler, quien es profesor de derecho en la Universidad de California en Los Ángeles y experto en política de armas, y quien “calificó el esfuerzo de México como una “posibilidad remota”. “Es una demanda audaz e innovadora”.

“No hemos visto nada como esto antes. Los fabricantes de armas han disfrutado de una amplia inmunidad ante demandas durante dos décadas”. explicó Winkler quien además precisa que no observa “argumentos de que la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas se aplica solo a los daños en los Estados Unidos”.

Con información de la Agencia The Associated Press.