¿Es legal? Guía de los cambios radicales de Trump hasta ahora

En su primer mes en el cargo, el presidente Donald Trump ha ordenado una serie de cambios radicales en el gobierno federal. Algunos están dentro del ámbito tradicionalmente entendido de las facultades de un presidente, pero muchos parecen violar deliberadamente las leyes, poniendo a prueba si los límites impuestos por el Congreso a la Casa Blanca son constitucionales.

Los límites del poder presidencial pueden ser difusos, y la supermayoría designada por los republicanos en la Corte Suprema podría ampliarlos. Aun así, son tantas las acciones de Trump que han desafiado los límites legales aparentes que algunos académicos afirman que el país se acerca a una crisis constitucional.

TE PUEDE INTERESAR: Renueva Trump la promesa de pena de muerte contra narcotraficantes

Éstas son 38 de los principales cambios radicales del gobierno de Trump hasta la fecha.

LEER LA LISTA

~ Acciones que parecen entrar en conflicto con estatutos específicos o violar la Constitución.

* Acciones que han sido suspendidas temporalmente por un juez, ya sea en todo o en parte.

Parece más probable que las acciones sin estos símbolos se ajusten a la concepción dominante del poder presidencial, pero pueden seguir siendo inusuales o estar sujetas a impugnaciones jurídicas.

PERSONAL, DESPIDOS Y EL DOGE

Accedió a sistemas de datos sensibles del Departamento del Tesoro . Los Estados han presentado demandas, con el argumento de que este acto de Elon Musk, así como una iniciativa llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés) violan la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley de Privacidad de 1974 y otras leyes. El equipo de Musk también ha intentado acceder a grandes cantidades de datos de todo el gobierno, incluidos los de la Agencia Tributaria (IRS, por su sigla en inglés) y la Administración de la Seguridad Social, lo que ha provocado demandas judiciales (un juez federal restringió temporalmente el acceso a los datos del Departamento del Tesoro al equipo de Musk y a los cargos políticos designados por Trump)

Procedió a desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), lo que significó dejar a miles de empleados sin trabajo. Un sindicato de trabajadores federales interpuso una demanda, alegando que solo el Congreso puede disolver la agencia e incorporar lo que quede de ella en el Departamento de Estado, como pretende hacer Trump. (Un juez suspendió parte de esta iniciativa).

Despidió al director de una oficina que protege a los denunciantes y despidió a miembros de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles. El Congreso creó esas agencias para que fueran independientes de la Casa Blanca y está entendido que los presidentes no pueden despedir a todos sus dirigentes antes de que finalice su mandato sin una causa como la mala conducta. Ese límite está explícito en algunos de sus estatutos. Varios funcionarios despedidos han interpuesto demandas, lo que podría poner a prueba esos límites ante la Corte Suprema (por el momento, los jueces han ordenado la reincorporación de algunos de esos funcionarios).

Permitió a directores de agencias despedir en masa a algunos empleados federales de carrera sin obedecer las protecciones del servicio civil. La orden ejecutiva de Trump anuló al instante una norma del gobierno de Biden para impedir tales despidos, pero la orden puede haber violado la Ley de Procedimiento Administrativo (esta ley gobierna a las autoridades que desarrollan y emiten reglas del poder ejecutivo). Un sindicato que representa a los empleados federales interpuso una demanda.

TE PUEDE INTERESAR: Mas de 3.7 millones de casos pendientes en las cortes de migración agrava la situación de migrantes que buscan evitar la deportación de EU

Ofreció bajas indemnizadas a los trabajadores federales. La oferta decía que los trabajadores serían dados de baja administrativa y cobrarían hasta fines de septiembre, pero puede entrar en conflicto con las leyes sobre permisos e indemnizaciones de los trabajadores federales. El Congreso tampoco ha consignado en dinero para las bajas indemnizadas (un juez suspendió el programa, pero luego levantó la suspensión, por razones técnicas.)

Ordenó a los miembros del personal de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor que interrumpieran la mayor parte del trabajo. El Congreso creó la agencia, por lo que se necesitaría una acción del Congreso para cerrarla. Un sindicato que representa a los empleados federales interpuso una demanda, con el argumento de que los miembros del personal ahora no pueden cumplir la misión de la agencia tal como está contemplado en la ley.

Despidió hasta 18 inspectores generales. Una ley exige avisar al Congreso con 30 días de antelación y detallar por escrito los motivos específicos de cada caso para destituir a un inspector general, pero Trump la ignoró. Varios de ellos han presentado una demanda, diciendo que los despidos “violaban estatutos federales inequívocos”.

Despidió a más de dos docenas de fiscales del Departamento de Justicia. Existen leyes destinadas a proteger a la función pública y a sus altos funcionarios de carrera, y exigen determinados procesos.

Le otorgó facultades a Elon Musk para reformar el poder ejecutivo. Se han presentado varias demandas argumentando que Musk y el DOGE carecen de autoridad legal legítima para emprender el arrollador esfuerzo de reducir y desmantelar las agencias federales.

Creo el DOGE. En general, entre las facultades de Trump se encuentra la de crear una nueva unidad. Los presidentes anteriores han creado regularmente nuevas unidades dentro de la oficina ejecutiva del presidente. El DOGE no es un departamento a nivel de gabinete; técnicamente fue un cambio de nombre y una reconversión del Servicio Digital de Estados Unidos, creado a su vez por el presidente Barack Obama.

Ordenó al FBI que entregara una lista de todas las personas que trabajaron en los casos del 6 de enero.Los agentes han demandado, diciendo que creen que el gobierno pretende revelar sus identidades, lo que podría ponerlos a ellos y a sus familias en peligro (un juez bloqueó temporalmente la publicación de los nombres).

Congeló las contrataciones federales. Los gobiernos anteriores han congelado la contratación.

Ordenó autorizaciones de seguridad para algunas personas sin la habitual investigación de antecedentes y se las retiró a otras. El presidente tiene autoridad para emitir y revocar autorizaciones de seguridad.

Despidió al director de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, al jefe de la Administración de Seguridad en el Transporte y al comandante de la Guardia Costera.El Congreso creó estos cargos para que sirvieran mandatos fijos que no necesariamente cambiarían en el momento en que tomara posesión un nuevo presidente. No obstante, el presidente tiene autoridad para destituir a las personas que ocupan esos puestos.

TE PUEDE INTERESAR: Ante la embestida de Trump, Sheinbaum cosecha atención internacional y popularidad

Despidió a miles de trabajadores en periodo de prueba de toda la plantilla federal. Los trabajadores en periodo de prueba (la mayoría de las veces, aunque no siempre, en su primer año de trabajo) no gozan de las protecciones plenas que tienen los demás trabajadores de la función pública.

GASTO

Instauró congelaciones generales del gasto. El gobierno paralizó, en varios momentos, el financiamiento de amplias partes del gobierno, incluyendo:

— Una amplia gama de subvenciones y préstamos federales, que abarcan prácticamente todos los programas que distribuyen dinero.

— Financiamiento de la ley bipartidista de infraestructuras de 2021 y de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.

— La mayor parte de la ayuda exterior estadounidense.

Según la Constitución, el Congreso controla el poder de cartera. El poder ejecutivo tiene cierta autoridad para congelar provisionalmente el gasto de los fondos asignados por el Congreso, pero una ley llamada Ley de Control de Retención de Fondos de 1974, que Trump ha dicho que quiere que la Corte Suprema derogue, establece que cualquier decisión permanente de frenar un gasto concreto requiere que el presidente obtenga el permiso del Congreso.

Los jueces han emitido órdenes de restricción temporal que bloquean la congelación general de la asistencia extranjera de Trump y una directiva, ya revocada, de congelar hasta 3 billones de dólares en gasto nacional, citando el poder constitucional del Congreso sobre el gasto y la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero muchos beneficiarios de subvenciones y contratos han dicho que el dinero sigue siendo inaccesible.

RELACIONES EXTERIORES

Permitió que TikTok siguiera operando en Estados Unidos al ordenar al Departamento de Justicia que no aplicara una prohibición.El Congreso había promulgado una ley que prohibía a TikTok operar en el país a menos que su propietario chino lo vendiera.

Ordenó la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. No está claro si Trump puede decidir unilateralmente abandonar esa afiliación porque fue consagrada por una resolución conjunta del Congreso y, por tanto, puede que tenga que disolverse de la misma manera.

Ordenó que Estados Unidos se retire del Acuerdo de París. Trump también hizo esto en su primer mandato (no se sabe a ciencia cierta si puede hacerlo “de inmediato”, como dice su orden, porque el acuerdo estipula que la retirada lleva un año).

Imponer aranceles a los productos chinos. En décadas pasadas, el Congreso otorgó al presidente autoridad para imponer aranceles por diversas razones, entre ellas la seguridad nacional.

Impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional, acusándola de tener en la mira a Estados Unidos e Israel. Las sanciones podrían incluir la prohibición de entrada en Estados Unidos a funcionarios de la CPI. El presidente tiene amplias facultades para imponer tales sanciones, basadas en gran medida en una ley que el Congreso aprobó en la década de 1970.

POLÍTICA MIGRATORIA Y FRONTERIZA

Actuó para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes que están en el país ilegalmente. El texto de la 14.ª Enmienda garantiza la ciudadanía a casi todas las personas nacidas en Estados Unidos. El gobierno de Trump ha argumentado que una cláusula de la enmienda debe reinterpretarse en el sentido de que excluye a los bebés nacidos de visitantes temporales e inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente. (Bloqueada por varios jueces).

Envió a inmigrantes a la Bahía de Guantánamo. Trasladar a inmigrantes detenidos en espera de deportación a un campo de prisioneros en el extranjero plantea cuestiones jurídicas novedosas. Las personas que se encuentran en territorio estadounidense tienen derechos constitucionales a la asistencia jurídica y al debido proceso, aunque estén en el país sin documentación, y no está claro si el gobierno puede poner fin a ese derecho trasladándolas contra su voluntad al extranjero. Grupos jurídicos han presentado demandas para obtener acceso a los hombres.

Detuvo el asilo. Con la nueva política, el gobierno cerró la frontera sur a los solicitantes de asilo. Pero existen leyes nacionales e internacionales sobre el asilo. Algunos de los esfuerzos del presidente por restringir el asilo en su primer mandato fueron anulados por los tribunales. Los defensores de los inmigrantes interpusieron demandas.

Amenazó con retirar fondos a las ciudades que no cooperen con la aplicación de las leyes federales de inmigración. Esto reaviva una lucha jurídica pendiente desde el primer mandato de Trump. La amenaza plantea problemas legales en virtud de la Ley de Control de Confiscaciones. También existen precedentes de la Corte Suprema que restringen la posibilidad de que el gobierno federal imponga condiciones a las subvenciones que no estén relacionadas con la finalidad de las mismas, o que imponga a los gobiernos estatales la realización de una tarea del gobierno federal. San Francisco y otras ciudades presentaron demandas.

Intentó reactivar su política conocida como “Quédate en México”. Esta medida obligó a algunos migrantes a esperar en condiciones a veces peligrosas o insalubres en México mientras un juez estadounidense decidía su caso. Se enfrentó a impugnaciones durante el primer gobierno de Trump, pero éstas no llegaron a una conclusión. Si los grupos de defensa presentan otra impugnación, es probable que acabe en la Corte Suprema.

Invocó un poder de emergencia para gastar en el muro fronterizo más de lo autorizado por el Congreso. Declarar el estado de emergencia desbloquea un poder para reasignar fondos que, según los legisladores, deberían gastarse en otra cosa. Un estatuto promulgado por el Congreso otorga a los presidentes amplia libertad para decidir por sí mismos si existe una emergencia. Aun así, una medida similar de Trump en su primer mandato dio lugar a impugnaciones ante los tribunales, que no se resolvieron definitivamente antes de que dejara el cargo. Eso significa que esta versión reactivada también podría acabar en los tribunales.

Reinstauró la pena de muerte, incluso para los casos en que se acuse de asesinato a un inmigrante que se encuentre ilegalmente en el país. El fiscal general de Estados Unidos tiene amplia autoridad para solicitar la pena de muerte en casos individuales.

Suspendió el reasentamiento de refugiados. Los presidentes tienen potestad para determinar el número de refugiados que pueden entrar en el país, aunque se supone que deben hacerlo consultando al Congreso.

OTRAS POLÍTICAS NACIONALES, COMO ENERGÍA, DEI Y CUESTIONES LGBTQ+

Ordenó que las mujeres transexuales que se encuentran presas en cárceles federales fueran alojadas en viviendas para hombres. Los demandantes en los pleitos contra esta medida dijeron que violaría los derechos de los presos, en virtud de la Octava Enmienda, a mantenerse a salvo mientras están encarcelados (bloqueada por un juez para varias mujeres).

Amenazó con retirar fondos a los hospitales que ofrecieran tratamiento de transición de género a menores de 19 años. Después de que Trump emitió la orden, algunos hospitales importantes anunciaron que pondrían en pausa dicha atención. Las demandas alegan que la orden discrimina a los jóvenes transexuales, retiene ilegalmente fondos asignados por el Congreso y viola el derecho de los estados a regular la práctica de la medicina (bloqueada por dos jueces).

Eliminó miles de páginas web del gobierno para borrar las referencias a la diversidad y a la “ideología de género”. Un grupo de defensa de los médicos interpuso una demanda, alegando que la medida vulnera la Ley de Reducción de Trámites de 1995 y la Ley de Procedimiento Administrativo (un juez le ordenó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que restablezcan temporalmente las páginas retiradas).

Ordenó que los pasaportes mencionen el sexo de nacimiento de las personas, no su identidad de género. Una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles afirma que esto viola los derechos constitucionales de las personas transexuales y no binarias (entre ellos los de igualdad de protección, libre movimiento, privacidad y libre expresión) e infringe la Ley de Procedimiento Administrativo.

Indultó a quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero, incluidos los que agredieron a agentes de policía. La Constitución otorga al presidente un poder ilimitado para conceder clemencia por delitos federales.

Impidió que entraran en vigor algunas nuevas normas federales de la era Biden. Es relativamente habitual en la historia reciente que los nuevos gobiernos dicten una moratoria sobre nuevas normas aún no publicadas.

Renombró el Golfo de México (como el Golfo de Estados Unidos) y Denali (como Monte McKinley). El gobierno tiene facultades para cambiar los nombres de los mapas estadounidenses, aunque otros países no tienen por qué seguir su ejemplo.

Ordenó una pausa de 60 días en la aprobación de todo “desarrollo de energías renovables” en terrenos públicos. Este congelamiento es similar a una medida adoptada por el gobierno de Biden a principios de 2021, aunque esa pausó la aprobación de nuevos proyectos de carbón, petróleo o gas en terrenos públicos.

Ordenó al Tesoro dejar de acuñar peniques. El Tesoro parece tener potestad para decidir cuántas monedas de cada denominación acuñar, según un estatuto del Código de Estados Unidos (aunque, en general, el Congreso tiene autoridad sobre la fabricación de las monedas de la nación, según la Casa de la Moneda de Estados Unidos). c.2025 The New York Times Company.

Por Francesca Paris y Charlie Savage, The New York Times.