Trump basa su defensa en la libertad de expresión y la inconstitucionalidad del proceso
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Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, esta ante la antesala de enfrentar por segunda vez un juicio político en el cual hay sobre él la acusación de incitar a una insurrección tras el violento asalto al Capitolio.
El expresidente Donald Trump se enfrenta esta semana a su segundo juicio político, acusado de incitar a una insurrección, con una estrategia de defensa basada en la libertad de expresión y la inconstitucionalidad del proceso, pero insistiendo en el fraude electoral que no ha podido demostrar.
De hecho, esa insistencia en que la victoria de su rival demócrata, Joe Biden, se debió a un "fraude generalizado", fue el motivo por el que tuvo que recomponer todo su equipo legal cuando faltaba poco más de una semana para que comenzara el juicio.
En un principio su equipo de defensa iba a estar encabezado por Butch Bowers y Deborah Barbier, pero Jason Miller, uno de los asesores políticos de Trump, anunció a finales de enero que ambos abandonaban el equipo legal del exmandatario.
El motivo, según fuentes citadas por la cadena CNN, fue la insistencia de Trump de basar parte de su defensa en las denuncias de fraude, un territorio pantanoso con una fina línea roja en la que se corre el riesgo de caer fácilmente en el perjurio.
Finalmente, Bruce Castor y David Schoen, dos juristas acostumbrados a los casos mediáticos, asumieron liderar su defensa sin renunciar a las alusiones al fraude, aunque de momento con muchas precauciones.
- LOS DEFENSORES
Castor, como fiscal de distrito del condado de Montgomery, llevó el caso del asesino en serie John Eichinger, que fue condenado a tres penas de muerte, y en 2005 se negó a procesar al actor Bill Cosby, acusado de drogar y propasarse con una mujer. Trece años después, Cosby fue procesado y condenado por ese mismo caso.
Por su parte, Schoen estuvo en el equipo de la apelación de Roger Stone, el extravagante estratega republicano, amigo y exasesor de Trump, condenado por mentir y manipulación de testigos en la llamada trama rusa, pero cuya pena fue conmutada por el exgobernante.
Schoen también estaba por encargarse de la defensa de otra figura mucho más controvertida, el multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de crear una red para abusar de menores, pero no llegó a hacerlo al suicidarse el magnate en prisión cuando esperaba juicio.
En esas precauciones se puede inscribir también la negativa del propio Trump a declarar bajo juramento antes o durante el juicio político, algo que le había requerido formalmente el legislador demócrata Jamie Raskin, jefe de los "fiscales" del proceso.
- ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
En un escrito de catorce páginas presentado en respuesta al artículo de acusación enviado por la Cámara de Representantes al Senado, donde tendrá lugar el juicio político a partir del martes, la defensa de Trump desgrana los argumentos de su cliente, "el presidente 45":
- ES UN PROCESO INCONSTITUCIONAL
Según la defensa, la Constitución establece que la Cámara de Representantes tiene poder de presentar un juicio de destitución contra un presidente "por traición, soborno u otro delito o falta grave", pero "el presidente 45 ya no es ‘presidente’".
Por ello, agrega, es también imposible que el Senado cumpla con su destitución, con lo que considera el procedimiento "nulo ab initio" y "manifiestamente" contrario a la Constitución.
- NO SE LE PUEDE INHABILITAR
Los abogados de Trump defienden que para que se produzca la inhabilitación del acusado para ejercer cargos públicos, otra de las posibles consecuencias del juicio, debe haberse dado antes la "condición precedente" de la destitución.
- NO PARTICIPÓ EN UNA INSURRECCIÓN, NI AMENAZÓ LA DEMOCRACIA, LA SEGURIDAD NACIONAL O LA TRANSFERENCIA PACÍFICA DEL PODER
"En todo momento, Donald J. Trump total y fielmente cumplió sus deberes como presidente de los Estados Unidos y en todo momento actuó lo mejor que pudo para preservar, proteger y defender la Constitución (...) y nunca se involucró en delitos graves o faltas".
- LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Los abogados se acogen al derecho a la libre expresión de Trump para justificar las arengas de fraude electoral a sus seguidores, que acabaron por asaltar el 6 de enero el Congreso para interrumpir la sesión para la confirmación de la victoria electoral de Biden.
Los abogados niegan que frases que Trump pronunció entonces, como "si no peleas a muerte ya no vas a tener un país", tengan que ver con el asalto al Capitolio, sino que se referían "a la necesidad de luchar por la seguridad en las elecciones en general".
"Como todos los estadounidenses, el presidente 45 está amparado por la Primera Enmienda (de la Constitución) que protege el discurso impopular de represalias del Gobierno".
- INSISTENCIA EN EL FRAUDE
Los abogados argumentan la "creencia de que los resultados electorales eran sospechosos", en que "con muy pocas excepciones, bajo la conveniente apariencia de la pandemia de la covid-19" se modificaron procedimientos y salvaguardas electorales "sin la necesaria aprobación de las legislaturas estatales".
"Existe evidencia insuficiente por la cual un jurista razonable pueda concluir que las declaraciones del presidente 45 eran o no exactas, y por lo tanto él niega que sean falsas", agregan.
Los defensores omiten que Trump y sus aliados presentaron más de 60 demandas en tribunales estatales y federales para impugnar las elecciones en los estadios en que perdió, y que en ninguna de ellas lograron demostrar el fraude generalizado que alega el expresidente.
Sin embargo, el escrito indica que si para la acusación la "opinión" de Trump respecto al fraude es "un error factual, el presidente 45 niega esa acusación", lo que parece un desafío a demostrar lo contrario.
- ESFUERZOS POR SUBVERTIR LOS RESULTADOS
Los abogados de Trump consideran "irrelevante" para el juicio las alegaciones de que presionó o amenazó a funcionarios para subvertir los resultados electorales, pero de paso las rechazan.
- DEFECTOS DE FORMA Y ODIO POLÍTICO
Trump, finalmente, pide al Senado desestimar el proceso por tener "defectos evidentes y sustantivos, y ser inconstitucional", y lo atribuye al revanchismo al asegurar en sus alegatos a los senadores que "no hay lugar para el odio político en la administración de justicia en ningún lado en EU y menos en el Congreso".
