Trump firma orden para endurecer revisión migratoria en bancos de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye a instituciones bancarias y organismos reguladores a intensificar la revisión de los antecedentes migratorios de sus clientes, como parte de la estrategia de su administración para reforzar el control sobre personas que residen en el país sin autorización legal.

La nueva disposición obliga a las dependencias federales vinculadas con el sistema financiero a identificar posibles señales de que personas sin estatus migratorio regular acceden a productos bancarios como cuentas, tarjetas de crédito o financiamientos.

Aunque la medida incrementa el escrutinio, quedó por debajo de lo anticipado por el sector bancario, luego de reportes que apuntaban a una propuesta más severa que obligaría a las instituciones a recopilar formalmente información sobre ciudadanía o condición migratoria de todos sus usuarios.

Desde la perspectiva de la Casa Blanca, el endurecimiento de los controles responde a posibles riesgos económicos para las entidades financieras.

El gobierno estadounidense sostiene que un cliente sujeto a deportación podría dejar obligaciones crediticias impagas, afectando la estabilidad de bancos y prestamistas.

Bajo ese argumento, la administración Trump advirtió que no permitirá que el sistema financiero enfrente vulnerabilidades derivadas de créditos o servicios otorgados a extranjeros considerados inadmisibles o susceptibles de ser expulsados del país.

No obstante, especialistas señalan que existen pocos datos concretos que respalden el impacto financiero real de este grupo de usuarios.

Históricamente, los bancos estadounidenses no han requerido información específica sobre nacionalidad o estatus migratorio al abrir cuentas, por lo que no hay estadísticas oficiales que permitan medir con precisión el nivel de riesgo que representan para el sistema crediticio.

Investigaciones del Urban Institute estiman que miles de préstamos hipotecarios han sido otorgados a personas que utilizan un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), un mecanismo fiscal empleado frecuentemente por trabajadores sin número de Seguro Social.

Sin embargo, el acceso al crédito para estos contribuyentes suele ser limitado debido a la cautela de los bancos y a las restricciones de aseguradoras hipotecarias como Fannie Mae y Freddie Mac, que tradicionalmente muestran reservas para respaldar financiamientos ligados a prestatarios con ese esquema fiscal.

La ofensiva financiera contra ciertos sectores migrantes no es aislada.

Desde finales del año pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense impulsó cambios para reclasificar determinados créditos fiscales reembolsables como beneficios públicos federales, una medida que impediría a ciertos inmigrantes acceder a estos apoyos aun cuando paguen impuestos y cumplan con obligaciones fiscales.

Expertos consideran que entre los grupos más afectados podrían encontrarse beneficiarios del programa DACA, así como personas amparadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes dependen de estos beneficios fiscales como parte de su estabilidad económica en Estados Unidos.

La decisión de Trump podría abrir un nuevo frente de debate entre defensores de los derechos migratorios, entidades financieras y autoridades federales, particularmente sobre el alcance legal de las revisiones bancarias, el acceso al sistema financiero y las implicaciones económicas para millones de inmigrantes que participan activamente en la economía estadounidense mediante trabajo, pago de impuestos y consumo.