La sentencia de Trump queda en pausa hasta que se resuelva un fallo de inmunidad
COMPARTIR
La defensa del exmandatario quiere argumentar que el fallo de la Corte Suprema que brinda cierta inmunidad a los presidentes debería anular su condena por delitos graves en el caso de encubrimiento de pagos a una estrella porno
Por Ben Protess, William K. Rashbaum, Kate Christobek and Wesley Parnell
El juez del caso penal de Donald Trump en Manhattan retrasó la sentencia hasta el 18 de septiembre para sopesar si un nuevo fallo de la Corte Suprema de EE. UU. podría poner en riesgo la condena del expresidente, dijo el juez el martes en una carta a los fiscales y abogados defensores.
Es posible que el juez, Juan Merchan, no encuentre al final ningún fundamento para anular el veredicto del jurado, pero el aplazamiento supuso un sorprendente giro en un caso que produjo la primera condena de un presidente estadounidense. Con las elecciones en el horizonte, la sentencia podría ser la única instancia en la que rinda cuentas de carácter penal el expresidente, quien ya ha sido dos veces impugnado y cuatro veces imputado, y cuyos otros casos están entrampados en demoras.
TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Biden afirma que las reglas laborales acordadas en T-MEC deben cumplirse
Inicialmente estaba programado que Trump —quien fue declarado culpable de falsificar registros comerciales relacionados con su encubrimiento de un escándalo sexual durante su campaña presidencial de 2016— fuera sentenciado el 11 de julio, pocos días antes de que sea nominado formalmente como candidato presidencial en la Convención Nacional Republicana. Se enfrenta a hasta cuatro años de prisión, aunque podría recibir tan solo unas semanas de cárcel o libertad condicional.
El lunes, la sentencia prevista se topó con un obstáculo cuando la Corte Suprema concedió a Trump amplia inmunidad judicial por actos oficiales realizados como presidente. La sentencia, que marcó un hito y se decidió 6 a 3 en concordancia con las líneas partidistas, supuso un duro golpe para el caso penal federal de Trump en Washington, donde se le acusa de conspirar para anular su derrota en las elecciones de 2020.
El fallo parece tener poca relación directa con el caso de Manhattan, que versa en torno a la actividad personal de Trump durante la campaña de 2016 y no en torno a su presidencia o actos oficiales. Y Merchan podría mostrarse escéptico ante los esfuerzos de Trump por utilizar el fallo para anular su condena.
Sin embargo, los abogados de Trump han argumentado que los fiscales fundamentaron su caso en parte con evidencia originada durante su paso por la Casa Blanca. Y en virtud de la nueva sentencia de la Corte Suprema, los fiscales no solo no pueden acusar a un presidente de ningún acto oficial, sino que tampoco pueden mencionar pruebas relacionadas con actos oficiales para reforzar otras acusaciones.
En una carta dirigida a Merchan, los abogados de Trump pidieron el lunes al juez que aplazara la sentencia mientras estudiaba la petición de la defensa de anular la condena. En respuesta, la oficina del fiscal del distrito indicó por escrito que la parte acusadora no objetaba a la solicitud de Trump.
“Si bien consideramos que los argumentos del acusado carecen de mérito, no nos oponemos a su solicitud de permiso para presentar y su solicitud putativa de aplazar la sentencia en espera de la determinación de su moción”, escribió Joshua Steinglass, uno de los fiscales de distrito asistentes que llevó el caso contra el expresidente.
Los abogados de Trump propusieron presentar sus documentos judiciales el 10 de julio, y la oficina del fiscal del distrito dijo que respondería dos semanas más tarde.
Merchan accedió a esas peticiones el martes y dijo que se pronunciaría sobre la moción de Trump para anular el veredicto el 6 de septiembre. Entonces, si una sentencia “sigue siendo necesaria”, el juez la impondrá el 18 de septiembre, dijo.
El fiscal del distrito, Alvin Bragg, fue el primero en presentar cargos penales contra Trump el pasado mes de marzo. Le siguieron otras tres imputaciones en tres jurisdicciones distintas —Washington, Florida y Georgia—, pero es probable que el caso de Bragg sea el único que llegue a juicio antes del día de las elecciones. Si Trump es reelegido, es casi seguro que los casos se paralizarán.
En mayo, un jurado de 12 neoyorquinos condenó a Trump por 34 delitos graves de falsificación de registros derivados de un pago de dinero a una estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, en los últimos días de la campaña de 2016. Su hombre de confianza en ese momento, Michael Cohen, pagó a Daniels 130.000 dólares para silenciar su relato de una relación sexual con Trump, quien finalmente reembolsó a Cohen la cantidad.
Si bien el pago de dinero a cambio de silencio no es ilegal en sí mismo, los fiscales de Bragg acusaron a Trump de instruir a sus empleados a mentir en documentación de la empresa para ocultar la naturaleza del reembolso.
El caso del fiscal de distrito presentó el pago de dinero por silencio como parte de una conspiración más amplia de Trump y sus aliados para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Los fiscales mostraron pruebas que detallan cómo el tabloide The National Enquirer desempeñó un papel clave en la conspiración con su estrategia de comprar y sepultar historias negativas sobre Trump y publicando otras sensacionalistas y falsas sobre sus rivales.
“Después de contar con información sobre estas cuestiones a partir del 10 de julio de 2024, será evidente que el resultado del juicio no puede mantenerse”, escribieron los abogados de Trump en su carta el lunes.
Sin embargo, el esfuerzo para anular la condena podría ser una posibilidad remota. Gran parte de las pruebas en el caso atañían a la conducta de Trump durante la campaña y la transición tras haber sido elegido, pero antes de jurar al cargo. Aunque estaba en la Casa Blanca al firmar los cheques de reembolso a Cohen, Bragg ha argumentado que se trataba de un acto personal.
Al menos un juez federal ya ha dado la razón a Bragg. Antes del juicio, Trump trató de trasladar el caso a la corte federal, argumentando que la evidencia se concentraba en sus actos oficiales como presidente. Pero un juez rechazó ese argumento.
“Las pruebas sugieren de forma abrumadora que el tema era un asunto puramente personal del presidente: el encubrimiento de un hecho embarazoso”, escribió el juez, Alvin Hellerstein, en una opinión el año pasado. “El dinero pagado a cambio de silencio a una estrella de cine para adultos no está relacionado con los actos oficiales de un presidente. No refleja en modo alguno el tenor de los deberes oficiales del presidente”.
En cierta medida, incluso el fallo de la Corte Suprema del lunes parecía desalentar el esfuerzo de Trump por anular el veredicto del jurado. En una nota a pie de página, el presidente de la corte, John G. Roberts Jr., escribió que un “fiscal puede señalar los registros públicos” para ilustrar un alegato, una disposición que parecía abarcar gran parte de las pruebas que Trump quiere descartar, entre ellas sus tuits, declaraciones públicas y el formulario de divulgación financiera personal.
Un aspecto de la evidencia de la fiscalía que podría ser más vulnerable es el testimonio de exempleados de la Casa Blanca que relatan reuniones y conversaciones con el presidente Trump.
Los fiscales convocaron a Madeleine Westerhout, ex directora de operaciones del Despacho Oval, quien testificó sobre una visita agendada en febrero de 2017 entre Trump y Cohen, una reunión en la que Cohen afirma que discutieron el reembolso del pago.
Los fiscales también interrogaron a Hope Hicks, exvocera de Trump, quien testificó sobre su discusión en la Casa Blanca con Trump después de que The Wall Street Journal reportó en 2018 sobre el acuerdo de pago con Daniels a cambio de silencio.
“La opinión del señor Trump fue que era mejor lidiar con eso entonces, y que habría sido malo que esa historia se publicara antes de las elecciones”, recordó Hicks en el estrado, un testimonio al que Steinglass calificó como “devastador” durante su alegato de cierre.
Pero no está claro si esa conversación podría constituir un acto oficial, simplemente en virtud del lugar donde se produjo. Y durante el juicio, Merchan se mostró escéptico ante el argumento de la defensa de que la fiscalía no debía interrogar a Hicks sobre esa conversación.
“Se toma nota de la objeción”, dijo al abogado de Trump, antes de permitir que prosiguiera el testimonio.
c. 2024 The New York Times Company