Niega Gobierno de Sheinbaum que lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias vayan a censurar el contenido informativo

La consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para garantizar los derechos de las audiencias no representan un mecanismo de censura ni facultan al Gobierno para intervenir en los contenidos informativos difundidos por los medios de comunicación.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la funcionaria respondió a las críticas surgidas tras la presentación del proyecto regulatorio y afirmó que existe una interpretación errónea sobre su alcance.

Alcalde sostuvo que el documento no contempla sanciones por opiniones, posturas editoriales o contenidos periodísticos, por lo que rechazó las versiones que aseguran que el Estado tendrá la facultad de decidir qué información puede difundirse y cuál no.

“Los lineamientos no establecen en ningún momento que el Estado vaya a determinar qué es verdad o mentira, ni contemplan sanciones relacionadas con el contenido informativo de los medios. Tampoco buscan limitar la libertad de expresión o castigar a quienes piensan diferente”, explicó.

La consejera Jurídica enfatizó que el objetivo de la propuesta es fortalecer las garantías previstas en el artículo 6° de la Constitución, el cual protege tanto la libertad de expresión como el derecho de la población a recibir información plural, oportuna y confiable.

En ese sentido, señaló que las disposiciones buscan ofrecer mayores herramientas para proteger a las audiencias frente a prácticas que puedan inducir a error, sin afectar la independencia editorial de los medios de comunicación.

Asimismo, acusó que, tras hacerse públicos los lineamientos, comenzó a difundirse una “campaña de desinformación” que, a su juicio, ha generado confusión entre la opinión pública respecto al verdadero contenido del documento.

Según explicó, diversos actores promovieron la idea de que las nuevas disposiciones constituyen un instrumento de censura o un mecanismo para que el Gobierno controle la información que circula en radio y televisión. Sin embargo, insistió en que ninguna de esas facultades aparece contemplada en el proyecto.

“La narrativa de que el Estado tendrá la última palabra sobre lo que es verdadero o falso, o que podrá silenciar voces críticas, simplemente no corresponde a lo que establecen los lineamientos”, afirmó.

La funcionaria recordó además que el proyecto aún no ha concluido su proceso regulatorio. Indicó que fue sometido previamente a una consulta pública en la que participaron ciudadanos, especialistas, concesionarios de radio y televisión, así como distintos sectores interesados, con el propósito de recibir observaciones y fortalecer el contenido de la propuesta.

Precisó que los lineamientos todavía no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que aún no han entrado en vigor y continúan dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

El debate sobre esta regulación ha generado posiciones encontradas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, especialistas en telecomunicaciones y representantes de medios de comunicación, quienes han solicitado revisar con detalle el alcance de las nuevas disposiciones para garantizar que cualquier medida destinada a proteger los derechos de las audiencias sea plenamente compatible con las libertades de información, prensa y expresión reconocidas por la Constitución y por los tratados internacionales suscritos por México.