Pende de un hilo futuro de Mario Aburto tras análisis de nuevo proyecto en la SCJN

Este 25 de septiembre el futuro de Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta (excandidato presidencial del PRI), queda nuevamente en ‘el aire’, tras el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a un nuevo proyecto, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El suspenso en el caso se originó de un empate, puesto que dos ministros se pronunciaron a favor de revocar el amparo que le daría a Aburto su libertad, este 2024, mientras que otros dos funcionarios expresaron su postura a favor del fallo que lo mandaría a prisión.

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Ante esto, un ministro de la Segunda Sala de la Corte es quien deberá dar el voto de resolución, ya que el presidente de la Primera Sala de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, no está a disposición.

Será hasta el próximo 9 de octubre cuando el funcionario o funcionaria correspondiente analice el caso para decidir el futuro del magnicida confeso.

El tema principal, del proyecto que presentó el ministro Alcántara Carrancá, fue si existía la obligación de llamar a juicio a las víctimas del caso, en calidad de terceros interesados, siendo así que se propuso revocar el amparo otorgado y ordenar la reposición del procedimiento para darle voz a los afectados.

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La ministra Loretta Ortiz Ahfl fue quien votó a favor de la iniciativa. Mientras que, por su parte, Margarita Ríos Farjat y el presidente de la Sala en funciones, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se posicionaron en contra.

“No comparto este proyecto que ahora ordena reponer el procedimiento para llamar a juicio a las víctimas del delito”, mencionó Farjat.

“Hasta entes de la reforma constitucional en el año 2000, en 1994, fecha en que ocurrieron los hechos, las normas penales no establecían el reconocimiento de una calidad específica a las víctimas en los casos, pues era representados por el Ministerio Público. Por esa razón, respetuosamente, yo no puedo acompañar una propuesta que reabre un proceso donde la participación de las víctimas en la época de los años, no tenía un alcance como el que ahora se pretende”, agregó.

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Dentro de la justificación, la ministra aseguró que este proyecto puede generar una victimización y expectativas ilusorias a los afectados indirectas.

Con información de Milenio