Mineros desempleados piden a Antony Blinken intervención urgente tras cierre de mina en Guatemala

Cientos de mineros guatemaltecos que se han quedado sin trabajo desde que el gobierno prácticamente cerró las minas del país han pedido al Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, que intervenga.

En una carta abierta de la Asociación de Mineros Solidaristas de El Estor (AMSE), un grupo de trabajadores con sede en el nororiente del país, más de 500 miembros suplicaron al Secretario Blinken que intervenga ante el gobierno guatemalteco para emitir las credenciales de exportación de la mina que los emplea.

Los mineros, que anteriormente trabajaban para la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO), que administran la mina y planta de procesamiento de níquel Fénix, advirtieron al Secretario Blinken que el cierre de la mina ha llevado a que guatemaltecos desempleados intenten ingresar ilegalmente a EE.UU.

“Representamos a la Asociación de Mineros Solidaristas de El Estor (AMSE) y sus más de 1,700 miembros, y estamos escribiendo para solicitar urgentemente la ayuda de los Estados Unidos para que las operaciones mineras puedan reanudarse en la mina Fénix en El Estor. El cierre de la mina ha tenido consecuencias devastadoras para los miembros de nuestra organización y sus familias”, escribieron los mineros.

CGN y PRONICO fueron sancionados por el gobierno de EE.UU., en noviembre de 2022. Pero después de que la empresa fuera retirada de la lista en enero de 2024, los locales tenían la esperanza de volver pronto al trabajo. Sin embargo, el gobierno guatemalteco del presidente Bernardo Arévalo se ha negado a emitir las credenciales de exportación necesarias para permitir que el proyecto funcione. Esta medida ha sido vista por expertos como parte de una política más amplia contra la minería que también incluye una propuesta de moratoria sobre nuevas licencias mineras.

En medio del creciente desempleo y pobreza en la región, los mineros revelaron que al menos tres trabajadores que anteriormente trabajaban para CGN y PRONICO han muerto intentando viajar ilegalmente a los Estados Unidos para buscar empleo.

En una entrevista en octubre pasado, Yadira Cisneros, cuyo esposo José Ángel Trabaninos murió viajando a EE.UU., dijo: “Mi esposo trabajó en CGN durante 10 años. Tomó la decisión de migrar porque estuvo un mes desempleado buscando trabajo. No encontró uno. Desafortunadamente, falleció mientras intentaba tener un futuro mejor. No esperábamos que muriera en el camino. Ahora, soy madre soltera, desempleada, con mi hija”.

La carta agregó: “Debido a que Estados Unidos tiene un grave problema con la inmigración ilegal, también debe saber que otros trabajadores de la mina de El Estor han llegado a Estados Unidos y ahora están trabajando allí ilegalmente. Si Estados Unidos logra convencer al Gobierno de Guatemala de reabrir la mina, su gobierno habría dado un paso importante para reducir el flujo de inmigración ilegal hacia su país”.

En un comunicado de prensa, Fenix Nickel Co., la empresa con sede en Nueva York que es propietaria de CGN y PRONICO, dio la bienvenida a la intervención de los trabajadores y reiteró sus demandas. “Fenix Nickel Co., el propietario estadounidense de los productores de níquel guatemaltecos, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO) declara su apoyo a la Asociación de Mineros Solidaristas de El Estor (AMSE), que ha solicitado urgentemente el apoyo de EE.UU., mientras el Secretario de Estado Antony Blinken visitaba Guatemala”, escribió la empresa.

Guatemala ha producido históricamente alrededor del 1.8% del suministro mundial de níquel, pero a principios de este año, el Ministro de Energía y Minas, Hugo Ventura, anunció planes para una prohibición de dos años sobre nuevas licencias mineras, así como una revisión de todas las licencias existentes. En una entrevista en abril, la Ministra de Medio Ambiente de Guatemala, Patricia Orantes, dijo que la ley de minería de metales “debe ser reformada”.

Confirmando los planes para avanzar con la moratoria propuesta por el gobierno sobre el reconocimiento, exploración y explotación de nuevas licencias de minería de metales, Orantes añadió: “La actual Ley de Minería es una ley que no protege los intereses del pueblo de Guatemala, los recursos mineros pertenecen al pueblo de Guatemala y el Estado solo los ha administrado, y esa ley debe ser reformada”, dijo.