César Duarte tampoco se salva, PGR lanza acción para frenar nombramientos en Chihuahua

Tal como ocurrió en el caso de Quintana Roo y Veracruz, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Congreso y del gobernador de Chihuahua, el priista César Duarte.

Esto porque en la entidad se emitió una reforma para la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, “sin esperar para tal efecto la publicación de las leyes generales que establecen el Sistema Nacional Anticorrupción”, indicó la PGR en un comunicado, difundido la noche del pasado lunes 11 de julio.

“Una vez terminado el análisis de las reformas realizadas por el Congreso chihuahuense, la PGR detectó que estas contienen vicios legales, los cuales no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015”, detalló la PGR.

“Con esta acción de inconstitucionalidad se impugna la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y eventual nombramiento de su Titular”, agregó.

Horas antes, el vocero del gobierno, Eduardo Sánchez, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Jurídicos, Salvador Sandoval Silva, informaron sobre acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR, por orden del presidente Enrique Peña Nieto, en contra de los congresos y gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, los también priistas Roberto Borge y Javier Duarte, respectivamente.

No hay cabida “para legislaciones locales a modo”, mencionó Sánchez, y ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley.

Los funcionarios explicaron que la acción de inconstitucionalidad respecto a la situación de Quintana Roo y Veracruz, al igual que en Chihuahua, es para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que mientras no se dé la promulgación de los decretos que lo pongan en marcha los mandatarios estatales no pueden hacer nombramientos de funcionarios en materia anticorrupción, de contralores, magistrados o fiscales.

“Las entidades federativas mencionadas, carecen de facultades para crear sus Sistemas Locales Anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes… no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”, dijo Sandoval Silva.

Tras ese anuncio, el gobernador de Veracruz dijo que había declinado la terna de magistrados anticorrupción que había propuesto, y que no enviaría ninguna otra propuesta.

En otro mensaje en redes sociales, exhortó a la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de Veracruz a que declarara desierta la convocatoria para nombrar el Fiscal Anticorrupción. 

En tanto, el mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, negó a través de Twitter haber promovido “la creación de ningún sistema anticorrupción”, aunque también dijo que respeta el recurso promovido por la PGR, y que acatará cualquier decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática acusan que los gobernadores salientes de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua han promovido un blindaje o “paquetes de impunidad”, con la designación de funcionarios a modo que encubrirían presuntas acciones de corrupción cometidas en sus administraciones.

En ese sentido las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto son “un paso en la dirección correcta”, opinó este martes en una entrevista con Radio Fórmula el dirigente del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

Aunque todavía faltan acciones para frenar el “blindaje” de los gobernadores salientes, agregó, y debe atenderse el punto del posible “quebranto” financiero que han hecho a sus respectivas entidades.