Jalisco: La verdad de los “tráileres de la muerte”

Por Darwin Franco, Fara González, Fernanda Tapia, Aranza Gallardo y Samantha Vargas.

“Ya no cabían más cuerpos y tuvimos que adecuar un cuarto más para meter a todos los que no entraban en la cámara de refrigeración. La saturación de cuerpos y los líquidos que desprendían hizo tronar las tuberías del Semefo”. Esto lo dice Luis Cotero Bernal para quien hablar de cadáveres es parte del oficio: como director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense (IJCF) cada mes acostumbraba a recibir varias decenas en las morgues.

Sus palabras se remiten a agosto de 2015 cuando recibió más de 100 cuerpos y tuvo que adecuar un cuarto para resguardarlos. Pronto tuvo que tomar una decisión que lo marcaría de por vida: buscar un nuevo ‘almacén’ para cuerpos.

Cotero Bernal manejaba el destino de las personas muertas en Jalisco en los años más violentos. Ahora es un ciudadano acusado de ser corresponsable de un  escándalo que saltó a las noticias en todo el planeta, que horrorizó a las miles de familias de personas desaparecidas por todo el país. Y confirmó el desdén que las autoridades tienen hacia los cadáveres no identificados apilados en la morgue.

Se decidió a hablar porque no quiere que lo culpen por “los tráileres de la muerte”, aquellas morgues itinerantes con 322 cuerpos sin nombre. El primero fue descubierto en uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, el 15 de septiembre de 2018, por el olor a descomposición que emanaba; el segundo tres días después, en el estacionamiento del propio IJCF, cuando la presión obligó al gobierno de Jalisco a reconocer que esa fue la manera en que intentó sortear la crisis forense que se vivía por la saturación de los anfiteatros. La solución práctica y económica.

“A mí lo que quieren es juzgarme por algo que no era mi responsabilidad”, insiste el abogado y maestro de Derecho quien llegó a la dirección del instituto el 24 de marzo de 2015, promovido por el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, quien había sido su alumno.

Al asumir el cargo, Cotero Bernal se hizo una pregunta que le acompañaría durante todo su mandato: ¿qué hacer con tantos cuerpos? La morgue tenía capacidad para 78 cadáveres, pero cada semana llegaban decenas. Tan sólo en el primer trimestre de ese año, el 2015, se realizaron en el instituto forense mil 119 autopsias; cantidad similar a la que habían hecho durante todo 2014. Tantos cadáveres habrían sido todo un desafío para cualquier institución forense.

El gobierno de Jalisco tuvo por muchos años una salida para esa presión. En sus instalaciones tenía un horno crematorio inmenso para deshacerse de los cadáveres. El gobierno lo usó hasta finales de 2015, todavía dos años después de que la Ley General de Víctimas prohibiera su uso. Así, el Instituto se deshizo con fuego de 2 mil 755 cadáveres; 81 bajo la administración de Cotero.

La nueva prohibición dejaba dos opciones: enterrar los cuerpos o mantenerlos en resguardo. Para la primera se necesitaban criptas en los cementerios y para la segunda, cámaras frigoríficas en los servicios médicos forenses (Semefo). Ambas alternativas suponían gastos que ninguna institución quería asumir. Había una tercera opción más barata: la donación a escuelas y facultades de medicina. Pero ya tenían demasiados cuerpos.

En ese momento Cotero recuerda que empezaron sus enfrentamientos con directivos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, especialmente el fiscal central Rafael Castellanos: ninguna de las instituciones quería hacerse cargo de los gastos que generaban los cuerpos sin identificar y cada una interpretaba la normativa a conveniencia. El IJCF insistió que sólo le tocaba hacer los exámenes periciales y no el resguardo; la fiscalía aseguraba que sí lo era porque estaban en sus instalaciones.

A cuatro meses de que Cotero asumiera el cargo, en agosto de 2015, se ideó la primera solución: “No había dinero para las criptas y me dijeron que resolviera las cosas con lo que tenía. Así fue como adecuamos aquel cuarto que después se llenó de tantos cuerpos que hizo colapsar el drenaje... Nos estábamos ahogando y nadie nos daba soluciones”.

Se trataba de un cuarto regular que antes era usado como una bodega y no tenía condiciones para la conservación de ningún cuerpo. Pero, según Cotero, era mejor que apilarlos en los pasillos de la morgue. Ese “almacén de cuerpos” operó hasta mayo de 2016, cuando su existencia se convirtió en un verdadero foco de infección.

“Estaba desesperado. Yo quería que se llevaran los cuerpos, incluso pensé en rentar una camioneta para dejárselos frente a la fiscalía o en Casa Jalisco –casa oficial del gobernador– porque, insisto, esos cuerpos eran suyos y ya nos estaban causando muchos problemas. Nosotros hicimos nuestro trabajo, ellos tenían que hacer el suyo”, afirma Cotero Bernal en tono de enfado y sin perder la compostura, en una larga entrevista donde cuida cada frase como si estuviera ante un tribunal. “Hice lo que pude y consideré correcto”, repite.

Sus constantes reclamos movieron resortes políticos. A mediados de 2016 el fiscal Castellanos consiguió que el alcalde del conurbado municipio de Tonalá donara 200 criptas en el panteón de Coyula. Según datos oficiales, ahí depositaron 262 cuerpos no identificados; otros registros obtenidos para este reportaje indican que fueron 95 cuerpos más.

A la par de las criptas, Cotero y el fiscal Castellanos coincidieron en que era una buena idea rentar un contenedor con sistema de refrigeración. La idea surgió durante una de sus tensas conversaciones, donde Cotero lo amenazó con rentar una camioneta y dejar los cuerpos frente a la fiscalía o en Casa Jalisco.

“Después de unos días (el fiscal) me explicó la idea de depositar los cuerpos dentro de un contenedor frigorífico en tanto que se resolvía el tema de los panteones o buscábamos más presupuesto para comprar criptas. A mí no se me hubiera ocurrido eso”, dice en la entrevista y muestra diversos mensajes de su teléfono celular.

Una vez llegado al acuerdo, la fiscalía contactó a la empresa Logística Montes S.A. de C.V., dedicada al transporte terrestre local y regional, y solicitó un contenedor frigorífico.

El 2 de mayo de 2016 apareció el vehículo en las instalaciones forenses: el contenedor medía  14 metros de largo por 2 y medio de ancho. Lo estacionaron en el aparcamiento trasero del Instituto junto al generador que debía suministrar la energía para el sistema de refrigeración.

Ese día el Semefo, que sólo contaba con 78 espacios, tenía 352 cadáveres. El colapso era total. De inmediato realizaron el traslado de cuerpos al interior del contenedor.

En esta morgue improvisada intentaron acomodar con cierto orden cada cuerpo para facilitar su localización. “Al principio sí quisimos hacer las cosas bien, pero eran tal los cuerpos que nos llegaban que el contenedor tuvo que llenarse por completo”, justifica Cotero cuando se le pregunta por el caos.

En bolsas negras, similares a las que se usan para tirar basura, apilaron como bultos los cuerpos de 273 cuerpos de seres humanos, uno sobre otro. Cada uno estaba envuelto en una bolsa etiquetada y cerrada con cinta. El primer cuerpo que entró en el  contenedor fue el de una persona fallecida 15 meses atrás.

En total, 264 de los cuerpos NI (no identificados) correspondían a hombres y nueve a mujeres. La edad promedio era de 45 años. La mitad había sido asesinado con impactos de arma de fuego, principalmente, en tórax o cráneo. Todos fueron localizados en alguno de los ocho municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, y uno de ellos llevaba en el cuerpo tatuado un nombre: Laura.

En México no era la primera vez que se utilizaba un tráiler frigorífico como recurso ante la saturación de las morgues. En 2011 se usó un contenedor para guardar y transportar los cuerpos extraídos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, y se han usado en ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Iguala, Guerrero, en Xalapa y Alvarado, Veracruz, y en Tijuana, Baja California.

Las tensiones entre el instituto y la fiscalía seguían, por lo que se acordó que la solución forense quedara por escrito. El 2 de enero de 2017 firmaron el “Convenio específico de colaboración para la conservación de cadáveres” con el cual normalizaban la existencia de los tráileres-morgues.

El Instituto conservará “los cadáveres en refrigeración, en los términos que establece la Ley General de Salud, mientras realiza los trabajos periciales” -indica el documento- y la fiscalía “será la responsable de disponer de los cuerpos y de su destino final”.

Sobre los cadáveres sin reclamar y/o no identificados establece: “el Ministerio Público no puede ordenar su salida, ni trasladarlos a lugar distinto al que ocupa el anfiteatro del IJCF, debido a que LA FISCALÍA GENERAL carece de refrigeradores o lugar para su conservación artificial”. Pero, permite a la fiscalía “la contratación de un contenedor móvil con cámara de refrigeración en el cual conservará y resguardará los cadáveres”.

El convenio detalla que el vehículo se ubicaría “temporalmente” en el estacionamiento del instituto. El acuerdo tenía vigencia de un año, tiempo estipulado para conseguir un destino final, y señalaba que transcurrido ese lapso la fiscalía “se obliga a retirar el contenedor con los cuerpos que se encuentren en el interior”.

Como abogado, Cotero Bernal se sintió más tranquilo. Pensó que aquellas cuatro hojas con el membrete oficial le protegerían de posibles acusaciones de prácticas irregulares en el tratamiento de los cadáveres.

Buscando confirmar la versión de cómo se llegó a la decisión de rentar tráileres, en múltiples ocasiones se buscó al exfiscal Castellanos, sin embargo, éste se negó a ser entrevistado para este reportaje con el argumento de que no quería entorpecer las investigaciones en curso.

Al año siguiente, en 2018, la violencia no daba tregua; al mes de agosto tenían ya bajo su resguardo mil 468 cuerpos distribuidos en la sede central del Instituto y en las ocho oficinas regionales. 

Requerían con urgencia otra solución. Ya no estaba Castellanos, y como el IJCF depende de la Secretaría de Gobierno, Cotero redirigió sus quejas al secretario general, Roberto López Lara, mano derecha del gobernador Aristóteles Sandoval.

El entrevistado asegura que “a diario” le mandaba fotografías de cuerpos que desbordaban el Semefo.

La relación entre Cotero Bernal y López Lara estaba dañada desde abril de 2018, cuando Cotero contradijo en público la versión que la fiscalía dio sobre la desaparición de tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), el 19 de marzo de ese año: que habían sido asesinados por el narco y sus cadáveres, disueltos en ácido.

“Nosotros en el instituto no encontramos restos, sólo hallamos ácido, pero sin ningún elemento de nada, ácido puro encontramos. Yo creo que ahí me borraron por completo y me dejaron solo con todo el problema del Semefo”, asegura Cotero.

Por ese episodio perdió el apoyo que alguna vez tuvo del gobernador priista Aristóteles Sandoval, cuando lo nombró director del instituto.

Tres meses después la propia hija de Cotero Bernal, Indira Alma, de 37 años, abogada y dedicada al negocio de bienes inmuebles, desapareció tras acudir a una cita en la que debía mostrar una propiedad. Él denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada en Desapariciones. Pasaron los días y -como ocurre en la mayoría de los casos- las investigaciones no avanzaron. Cotero se desesperó y receló de todos.

“No me apoyaron mucho en la búsqueda de mi hijita. Estuve a punto de renunciar, pero me quedé en el Instituto para ver si llegaba su cuerpo”. El recuerdo de su hija le cambia el tono de voz, sus ojos se humedecen. Piensa que su enfrentamiento fue determinante para que ella no apareciera.

En agosto de 2018 en el Semefo se vivieron semanas críticas. Un empleado que dio su testimonio de forma anónima recuerda que los peritos forenses temían entrar en la habitación de los cadáveres por miedo a un contagio: “Los olores eran terribles y muchos cuerpos ya estaban agusanados”. También les daba escozor abrir la caja del tráiler para meter, sacar o inspeccionar alguno de los cuerpos.

Para entonces el vehículo también ya daba problemas. La refrigeración fallaba, los cuerpos emanaban fluidos; los peritos temían que la concentración de gases orgánicos provocara un incendio.

Para septiembre de 2018 no existía la opción de usar criptas y se agotaba el espacio en el tráiler.

La intensidad de mensajes entre Cotero Bernal y López Lara subió hasta que el director del IJCF obtuvo una respuesta: contratar un segundo contenedor. En plena crisis personal y ante el evidente desbordamiento, Cotero Bernal avaló esa opción: “Acepté lo del segundo tráiler, pero sí les aclaré que se tenían que llevar el primero, ya no queríamos esos cuerpos ahí”. 

En su versión, el vehículo llegó en septiembre de 2018; empleados del IJCF aseguran que fue en agosto.

El oso polar sonriente enfundado en una camisa azul y que levanta el pulgar en señal de aprobación pintado en la lateral de un tráiler apareció en todas las noticias el 15 de septiembre de 2018. En su interior un funcionario con botas de goma caminaba por encima de bolsas negras, selladas con cinta canela, amontonadas como la peor de las mercancías aunque contenían los cadáveres de 273 personas.  

Había sido descubierto al amanecer en un terreno baldío de un municipio conurbado de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga. Llevaba 16 horas abandonado, estaba descompuesto, no funcionaba su cámara de refrigeración. De su interior fluían apestosos líquidos que percibieron los asustados vecinos que pensaban que ese olor a muerte era “cosa de narcos”.

Cuando se detonó el escándalo López Lara informó que había otro contenedor igual. Era el segundo tráiler, tenía 49 cadáveres y estaba en el estacionamiento del IJCF. En total, aquellas improvisadas morgues itinerantes contenían 322 cuerpos. Muchos de ellos, buscados por sus familiares.

“¡Están ahí en bolsas de basura y nadie sabe quiénes son los que están ahí metidos, no en uno sino en dos contenedores! Me muero de pensar que ahí pueda estar mi hijo”, dijo la nayarita Graciela Ramírez justo después de salir del instituto donde miró fotografías forenses de los 322 cadáveres hacinados en los contenedores. 

Como ella, hasta el Semefo de Jalisco llegaron familiares de desaparecidos venidos desde Veracruz, Michoacán, Colima, Nayarit y Coahuila. En ese entonces, el estado estimaba en 6 mil 694 el número de personas desaparecidas, el registro a nivel nacional era de más de 37 mil.

Desde Querétaro viajó a Jalisco Yadira González para buscar a su hermano Juan, dedicado a la venta de carros usados. Su desaparición ocurrió el 15 de junio de 2006. “Al ver la noticia inmediatamente decidimos venir, pero al llegar acá lo que vimos fue aún más horroroso”, confesó con una gran mueca de coraje al salir de la morgue. “Trataron a los cuerpos como basura”.

Las narraciones de los familiares sobre el estado de los cuerpos coinciden con los testimonios dados en anonimato por peritos del instituto forense quienes indican que el contenedor “duraba mucho tiempo desconectado para ahorrar recursos” y que “los cuerpos no se trataban adecuadamente antes de meterlos a la caja”. Incluso uno de los peritos asegura: “muchos así como llegaban se iban al tráiler”.

La presión obligó a las autoridades a mostrar a las personas que llegaban buscando un familiar a mostrar la información sobre el contenido de esos tráileres. Documentos obtenidos vía transparencia evidencian un descontrol en la información. Por ejemplo, en 73 casos no figura una estimación de la edad de los fallecidos; en 25, la fecha de ingreso y el lugar de localización, no existen.

El tráiler que detonó el escándalo estuvo deambulando un par de semanas por diversos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Primero se estacionó en una bodega en Tlaquepaque pero los vecinos se quejaron de los olores nauseabundos y la alcaldesa ordenó la clausura del inmueble. Fue trasladado entonces a la bodega donde se almacenan las evidencias de las investigaciones criminales de la fiscalía, pero, por su altura, quedó atorado en la puerta de entrada. La noche del 14 de septiembre fue abandonado en un terreno baldío en el municipio de Tlajomulco, y descubierto la mañana siguiente con su cargamento de cuerpos sin refrigeración por más de nueve horas.

“Fue ocasionado por la fiscalía, no por nosotros”, repite Cotero una vez más. Como ya dije, yo permití que llegara el segundo contenedor, pero debían sacar el primero y eso fue lo que pasó, lo que ocurrió después ya no era mi responsabilidad. No eran mis muertos, sino de la fiscalía”.

Debido a la presión, cuando se abrieron las puertas de la caja metálica, comenzaron a revelarse los secretos del colapso forense, y se descubrió también el destino de al menos 35 personas reportadas como desaparecidas, de las que las autoridades decían desconocer su paradero, pero tenían en su poder.

 “Tuvieron su cuerpo ahí dentro todos estos años y todavía no puedo creer que no lo buscaran”, se quejó con impotencia la nayarita Laura González en una entrevista realizada días después del hallazgo. A su alrededor una larga fila de personas reclamaba respuestas.

Cuando le tocó su turno a Laura González la llevaron a un cuarto para mostrarle fotografías de cadáveres. En una de ésas identificó un tatuaje con su nombre -Laura- y el mismo tipo de letra que veía todos los días en la espalda de su marido. Efectivamente era el cuerpo de Alejandro Medina, de 34 años, quien desapareció el 19 de diciembre de 2014.

“Si tenían las fotos ¿por qué nunca me las enseñaron?”, se preguntó la mujer.

El cuerpo de su esposo estuvo cuatro años y nueve meses en el Semefo como NI (no identificado). Durante ese tiempo, cada vez que Laura González pasaba al anfiteatro a preguntar por él, los funcionarios le decían que no tenían a nadie con sus características. Sin embargo, su cadáver ingresó el 15 de enero de 2015, tras ser encontrado en un canal. En mayo de 2016 fue de los primeros en ser ingresados al contenedor metálico.

Sin embargo, ningún registro empata con sus características en la base de datos de los cuerpos metidos en los tráileres obtenida a través de diversas solicitudes de transparencia.

“Estoy segura de que si no pasa lo del tráiler, el cuerpo de Alejandro seguiría ahí dentro, o ya lo hubieran enterrado en sabe qué panteón y sin decirnos absolutamente nada. Jamás lo hubiéramos encontrado”, dijo la esposa en una mezcla de enojo, desesperación y alivio.

En esos días en los que el Instituto concentraba la indignación internacional, Cotero monitoreaba los sucesos desde su casa. Había sido despedido dos días después de la noticia de los “tráileres de la muerte”. “Fue una desgracia porque no hicieron las cosas bien. Yo estaba al tanto por lo de mi hijita”, dice, como si él no hubiera sido el encargado del destino de las personas fallecidas sin identificar en Jalisco.

El secretario López Lara, copartícipe de la decisión de rentar los tráileres, tuiteó:

Mientras el primer tráiler era inspeccionado, el segundo -que había sido rentado en agosto, un mes antes del escándalo- siguió en operación hasta noviembre. Oficialmente albergó a 49 cuerpos, pero testimonios de personal del IJCF y de familiares de víctimas indican que esos meses siguió recibiendo cuerpos. 

El 25 de septiembre de 2018, 10 días después de estallada la crisis, personal del Instituto hacinó con otros 48 cuerpos el cadáver de un joven encontrado en Zapopan y registrado con cirrosis hepática como causa de fallecimiento. Se llamaba Carlos Palma.

En el quinto día de búsqueda su esposa María García preguntó en el IJCF si acaso también estaba en la morgue rodante el cuerpo de un veinteañero moreno de complexión delgada. Le dijeron que sí pero que no podrían sacarlo porque tenían demasiado trabajo. Pudo rescatarlo hasta que contrató los servicios de una funeraria.

“De la funeraria me dijeron que estaba muy descompuesto, pero que le aplicarían un tratamiento especial, le llamaban encapsulamiento, para que aguantara hasta el funeral”, contó María mientras mostraba algunas fotos del entierro que realizó al día siguiente de que lo sacaron. En una se ve el ataúd a las puertas de una iglesia.

“Cuando empezó la misa tuvimos que sacarlo del templo porque los olores que desprendía eran insoportables, y lo enterramos rápido porque del féretro salían fluidos y sangre”, relató. “Todavía no puedo entender que su cuerpo se descompusiera así”.

En los registros obtenidos sobre la carga de los contenedores ningún cadáver coincide con las características de Carlos.

A raíz del hallazgo de los tráileres 47 cuerpos fueron identificados y entregados a sus familiares, 275 restantes permanecen en el anonimato y fueron enterrados en los panteones municipales de Guadalajara y El Salto.

Lo que no se supo entonces es que en octubre de 2018, en plena crisis forense, la empresa Logística Montes entregó a la fiscalía un tercer tráiler contratado que oficialmente nunca fue utilizado, pero que vecinos de  Lagos de Moreno dijeron haber visto afuera de la morgue de ese municipio.

El uso de contenedores es una opción que contempla el Comité Internacional de la Cruz Roja en situaciones de guerra y desastres naturales. Cada contenedor debería almacenar un máximo de 50 cuerpos con trazabilidad y cadena de custodia para permitir la fácil ubicación. Se recomienda usar bolsas forenses especiales para evitar su contaminación.

Aunque, según Cotero, ordenaron los cuerpos con base en los protocolos, después de dos meses sólo se pensó en acomodarlos de manera que cupieran siempre más. Por ello los de nuevo ingreso fueron depositados a ras de suelo, sin espacio para que circulara el aire frío de los compresores. Un empleado del Semefo bajo anonimato confesó que, cuando buscaban los cuerpos, el contenedor duraba abierto muchas horas y para encontrar a alguien se tenían que abrir paso por encima de los cuerpos, “así como se ve en las fotos de la prensa”.

El reporte de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del 12 de julio de 2018, lo confirma: “Carecía de un sistema de ventilación y equipo para la filtración de gases a la atmósfera, propiciando que ante el aumento de la temperatura, se acelerara la descomposición de los cuerpos”, lo cual también se confirmó en la recomendación 10/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Cotero asegura que por la saturación y el desorden “se complicó la localización, igual que su conservación”. Asegura que la información sobre cada ingreso se guardaba en los dictámenes. Pero las anomalías sobre el destino de los cuerpos habían comenzado a notarse desde antes de que salieran en las noticias.

El 4 de junio de 2018 -tres meses antes del hallazgo de los contenedores-, en una de las repetidas visitas a la morgue para preguntar por su hija Sandi Pichardo García, la señora Sandra García recibió una rara respuesta.

“Mire, señora, la tenemos en un contenedor y la estamos buscando. Es que no la etiquetaron, no hay un registro, no hay un archivo, pero ya la están buscando”, le informó una trabajadora social, según recuerda. Sandi Pichardo, una joven madre de seis niños, desapareció el 28 de mayo de 2018 en Tlajomulco de Zúñiga.

Cuando encontraron el cuerpo se lo entregaron dentro de una caja de madera sellada. La semana que estuvo “extraviada” en la morgue también perdió tiempo para un entierro digno: “Ya no pudimos ver su cuerpo. Dejaron que se descompusiera ahí dentro”.

Oficialmente, las autoridades no tienen registro de que Sandi hubiera sido una de las nueve mujeres cuyos cuerpos fueron embodegados en los tráileres. Pero allí estuvo.

En septiembre de 2019, un año después de que estallara la noticia de los tráileres, se abrieron cinco investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción y una, en la Contraloría del Estado de Jalisco. En ellos aparecen como principales responsables Cotero Bernal y el fiscal general de su tiempo, Raúl Sánchez Jiménez, jefe de Castellanos.

Han sido llamados a declarar numerosos funcionarios. Como si hubieran estudiado un libreto, unos a otros se echan la culpa, varios mencionan la presión ejercida por Cotero Bernal para encontrarles lugar a los muertos, o para tomar la decisión final.

“La decisión de retirar la cámara refrigerante (el contenedor) fue de Cotero Bernal”, expuso Eduardo Mota Fonseca, exdirector del Servicio Médico Forense, a quien despidieron en 2019 y entre los acusados de diversas responsabilidades.

Hasta ahora la única persona procesada es la funcionaria Yolanda Salomé, del área administrativa de la fiscalía, pero no es por el manejo de los cuerpos sino por hacer pagos, sin fundamento legal, para el arrendamiento y mantenimiento de los contenedores.

El resto de involucrados se ha salvado del castigo de 20 años de prisión y hasta mil 500 días de multa contemplado en la Ley General de Desaparición contra quien “oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito”.

El 4 de diciembre de 2018, dos días antes de concluir la gubernatura del priista de Aristóteles Sandoval Díaz, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas firmó los contratos 740/2018 y 742/2018 con Logística Montes por un millón 392 mil pesos por la compra de los dos contenedores, y 692 mil pesos para destruirlos.

Ya antes se le había pagado 2 millones 834 mil 873 pesos para funcionamiento de los vehículos, renta y combustible. Este gasto representó aproximadamente el 1.5 por ciento del presupuesto que se le adjudicó al IJCF en 2018 (178 millones 800 mil pesos).

Con el dinero invertido para almacenar temporalmente los 322 cuerpos en las morgues itinerantes, el Gobierno del Estado podría haber comprado las 900 gavetas que terminó adquiriendo en los panteones de Guadalajara y El Salto para aliviar la crisis forense y que permitieron a los cuerpos un descanso digno.

Más de un año y medio después de estos hechos Cotero Bernal sigue defendiendo las decisiones tomadas para desahogar los anfiteatros: “(No fue) una mala idea eso de los contenedores. A mí podrán decirme muchas cosas, pero ese asunto de los cuerpos no era mi responsabilidad. Esos cuerpos siempre fueron de la Fiscalía”.

“No teníamos recursos y nadie nos hacía caso”, repite como mantra, aunque al final reconoce: “Lo ideal hubiera sido inhumarlos, pero se hizo lo que se pudo para salir del problema”.

Han pasado dos años de los hechos. Por la pandemia de COVID-19 se pospusieron las audiencias en la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco y la fecha de reanudación no ha sido anunciada. Ninguno de los responsables de tomar las decisiones fatales que agudizaron la crisis forense y obstaculizaron la identificación de los cuerpos ha sido castigado.

Actualmente, Luis Octavio Cotero es el abogado representante de ocho de las 15 víctimas acreditadas en la carpeta de investigación por las desapariciones forzadas cometidas por integrantes de la Fiscalía del Estado de Jalisco en las protestas del pasado 5 de junio.

Este reportaje es parte de la serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab, que revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Próximos lanzamientos cada semana de septiembre. Visita www.quintoelab.org/crisis-forense