México es aún más corrupto hoy que hace un año: Transparencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La percepción sobre que México es un País corrupto va en aumento y es el País peor calificado en este rubro entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (IPC).

El estudio realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional señala que México obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde “0” es el país peor evaluado en corrupción y “100” es el mejor evaluado en la materia. La calificación de este año es cinco puntos menor que la de la medición anterior.

Esta calificación ubica a nuestro país en la posición 123 de 176 países calificados.

En un comunicado, Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana revelaron que la evaluación mantiene a la nación por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos, señalaron en un comunicado.

La OCDE está integrada por Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.

Las organizaciones recalcaron que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el IPC 2016.

Y advirtieron que “no basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes”.

Los autores del estudio recomendaron a nuestro país que las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas, la  “corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla”, apuntaron.

Agregaron que es necesaria una Fiscalía General de la República “capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa”. Abundaron que su diseño “deberá permitirle emprender acciones decididas, sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción. México debe comenzar la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General, asegurando una discusión técnica y abierta, así como apertura en el proceso de designación de su titular”.

Llamaron al Congreso de Unión y locales a  cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.

También a estatal, las organizaciones llamaron a “iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho”. Mientras que en el ámbito federal “las reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad”.

Alertaron que en muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional, por lo que “debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales”.

Finalmente abundaron que en el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.