México va tras investigador que fue clave en caso Ayotzinapa

Un juez de México ordenó la detención de quien fuera el investigador jefe del caso Ayotzinapa, que se refiere a la desaparición de 43 estudiantes de magisterio, por presuntas irregularidades cometidas durante las indagatorias que encabezó.

Una vez otorgada la orden de arresto, las autoridades federales también pidieron a la Interpol emitir una ficha para localizar a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en caso de que haya salido de México, dijeron el miércoles dos funcionarios a The Associated Press. Ambos pidieron no ser identificados como condición para dar detalles del caso.

El juez giró una orden de aprehensión contra Zerón y otros cinco exfuncionarios federales por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, dijo uno de los funcionarios.

Hasta ahora, añadió, tres de los exfuncionarios fueron detenidos, aunque no los identificó. Zerón y otros dos exservidores públicos están prófugos.

Como titular de la ACI, Zerón estuvo a cargo de las investigaciones federales que llevaron al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) a concluir que los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 fueron entregados por policías a un grupo criminal que los quemó en un basurero y tiró sus restos a un río.

Expertos independientes realizaron nuevos peritajes y cuestionaron las conclusiones de Zerón y su equipo.

Tras la llegada al poder el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, las autoridades federales anunciaron que se reabriría la investigación.

La desaparición de los 43 fue el caso que más conmocionó al país durante el gobierno anterior.

Uno de los funcionarios dijo a la AP que recibieron información de que en el otoño de 2019, Zerón salió del país rumbo a Canadá y aunque no saben si se quedó ahí o viajó a otro lado, las autoridades decidieron solicitar a Interpol la emisión de una ficha de localización.

Los padres de los estudiantes, que también rechazan la teoría de que sus hijos fueran quemados en un basurero, han exigido a las autoridades que se castigue a exfuncionarios que habrían obstruido o afectado las investigaciones.

Una de las personas a las que siempre habían pedido investigar era Zerón, quien en todo momento defendió las investigaciones de su equipo.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a las familias de los jóvenes, dijo a la AP que los padres consideran que ven las órdenes de aprehensión como un avance que les da “una bocanada de esperanza” para que se castigue a quienes manipularon la investigación y que eso abra el camino también a conocer finalmente qué pasó con sus hijos.

“Nuestra esperanza es que ojalá estas primeras acciones legales rompan los pactos de silencio e impunidad y las familias lleguen a acceder a la verdad, que es lo más importante”, dijo. “Y reconocen en estos pasos una medida que puede contribuir a ello”.

La versión oficial era que el 26 de septiembre de 2014 policías locales capturaron a los estudiantes en Iguala, en el estado sureño de Guerrero, y supuestamente los entregaron a miembros del crimen organizado. Luego, los jóvenes fueron llevados al basurero de la localidad vecina de Cocula, donde fueron incinerados y arrojados a un río cercano.

Las autoridades dijeron después que en ese río encontraron restos humanos. Sin embargo, sólo uno de los huesos hallados fue identificado plenamente como el de uno de los estudiantes.

Para expertos independientes, sin embargo, eso no era suficiente para comprobar la teoría oficial.

Al paso del tiempo, además, se conocieron denuncias de tortura de algunos detenidos como supuestos responsables de la desaparición de los jóvenes.

Expertos independientes realizaron nuevos peritajes y cuestionaron las conclusiones de Zerón y su equipo.

Tras la llegada al poder el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, las autoridades federales anunciaron que se reabriría la investigación.

La desaparición de los 43 fue el caso que más conmocionó al país durante el gobierno anterior.

Uno de los funcionarios dijo a la AP que recibieron información de que en el otoño de 2019, Zerón salió del país rumbo a Canadá y aunque no saben si se quedó ahí o viajó a otro lado, las autoridades decidieron solicitar a Interpol la emisión de una ficha de localización.

Los padres de los estudiantes, que también rechazan la teoría de que sus hijos fueran quemados en un basurero, han exigido a las autoridades que se castigue a exfuncionarios que habrían obstruido o afectado las investigaciones.

Una de las personas a las que siempre habían pedido investigar era Zerón, quien en todo momento defendió las investigaciones de su equipo.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a las familias de los jóvenes, dijo a la AP que los padres consideran que ven las órdenes de aprehensión como un avance que les da “una bocanada de esperanza” para que se castigue a quienes manipularon la investigación y que eso abra el camino también a conocer finalmente qué pasó con sus hijos.

“Nuestra esperanza es que ojalá estas primeras acciones legales rompan los pactos de silencio e impunidad y las familias lleguen a acceder a la verdad, que es lo más importante”, dijo. “Y reconocen en estos pasos una medida que puede contribuir a ello”.

La versión oficial era que el 26 de septiembre de 2014 policías locales capturaron a los estudiantes en Iguala, en el estado sureño de Guerrero, y supuestamente los entregaron a miembros del crimen organizado. Luego, los jóvenes fueron llevados al basurero de la localidad vecina de Cocula, donde fueron incinerados y arrojados a un río cercano.

Las autoridades dijeron después que en ese río encontraron restos humanos. Sin embargo, sólo uno de los huesos hallados fue identificado plenamente como el de uno de los estudiantes.

Para expertos independientes, sin embargo, eso no era suficiente para comprobar la teoría oficial.

Al paso del tiempo, además, se conocieron denuncias de tortura de algunos detenidos como supuestos responsables de la desaparición de los jóvenes.