PRI analiza cambio a un artículo de la Ley 3de3

El líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que analizarán con los legisladores de su bancada precisar en la redacción del artículo 32 de la Ley 3de3 que los becados o beneficiarios de programas sociales no deben presentar las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses como dijeron las organizaciones civiles.

"(EL PRI) estará atento para analizar con los legisladores de su bancada la conveniencia de precisar la redacción del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su inciso C, de tal manera que no haya lugar a que se interprete que empleados que prestan servicios, o quienes reciben becas o son beneficiarios de programas sociales, puedan ser sujetos de declaración de intereses, porque de ningún modo es ese el sentido de las modificaciones legales", dijo en un comunicado.

El jueves, líderes de organizaciones civiles entregaron al presidente de la Cámara de Diputados una carta en la que pidieron que todas las declaraciones en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, sean públicas y acusaron que el artículo 32 de la ley obliga a presentar las declaraciones a todos los que ejerzan o reciban dinero público, como becados y beneficiarios de programas sociales.

Horas más tarde, los diputados aprobaron el dictamen de la Ley 3de3 con los cambios que hicieron los senadores, con los que se limita el carácter público de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

Beltrones celebró la aprobación en el Congreso de la Unión de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y dijo que en el caso de la Ley 3de3, el Comité de Participación Ciudadana será el eje del combate integral contra la corrupción, pues decidirá los formatos de las declaraciones.

"Se encargará, entre otros aspectos, del diseño de los formatos de las declaraciones (fiscal, de intereses y patrimonial) que serán públicas y deberán entregar los funcionarios públicos y los particulares que participen en licitaciones y contratos del sector público, bajo el principio básico de seguir la ruta del dinero y mecanismos que aseguren la operación óptima del sistema y el equilibrio entre la exigencia de transparencia y la protección de los datos personales", dijo.