Padres, desesperados, exigen resultados en Caso Ayotzinapa

CDMX.- Cristina Bautista, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa e integrante de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, surgida del primer decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el 3 de diciembre de 2018, reconoce “la voluntad” del mandatario, pero advierte que a la mitad de su gobierno no se ha cumplido la principal demanda de los padres de los desaparecidos.

Confiesa que los familiares de los estudiantes desaparecidos sí esperaban los resultados de manera pronta tras la firma del decreto presidencial de la comisión especial que coordina el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

Con base en la entrevista realizada por el semanario Proceso, Bautista admite que, a diferencia de la administración anterior, “ya no nos reciben con gases lacrimógenos; ahora nos abren las puertas”, sin embargo, aclara que una vez que se instaló la comisión presidencial, el 15 de enero de 2019, “tardamos un año en instalar el equipo (de trabajo). Vimos que, en un principio, la Fiscalía General de la República (FGR) no quiso entrarle ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Sobre Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de alterar evidencia del caso, “las autoridades están viendo cómo extraditarlo a México –se esconde en Israel–, pero se ha tardado mucho por los papeleos. Quién sabe qué tanto hacen porque él fue el mero responsable de lo que pasó en el Río San Juan, y con (Jesús) Murillo Karam construyeron la mentira histórica. Estamos atorados”.

En Ayutla, el viernes 17, el subsecretario Encinas informó que están pendientes de ejecutar 27 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

“Le hemos dicho al presidente que se le pregunte a los responsables... Ahí están Peña Nieto, Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y (Salvador) Cienfuegos, quien no permitió que los expertos entrevistaran a los soldados, qué esconde ahí”.

En espera de la verdad, de 2018 a la fecha, han fallecido tres padres y una madre de los normalistas atacados en Iguala: Minerva Bello, fallecida en febrero de 2018; Tomás Ramírez Jiménez, quien murió en diciembre de 2018, y Bernardo Campos Santos.

El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, una de las organizaciones que acompaña a los familiares de los estudiantes desaparecidos, considera necesaria la consolidación de nuevas acusaciones contra perpetradores, “evitar la continua filtración de información” y atender “los graves retrasos en la asistencia victimal”.

OBSTÁCULO

Siete años después de la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, los investigadores del caso intentan “desenredar” los nudos y “pruebas falsas” que dejó la PGR del sexenio de Enrique Peña Nieto para impedir el esclarecimiento de ese crimen de lesa humanidad y proteger a los máximos responsables.

En entrevista con Proceso, la exfiscal colombiana, Ángela María Buitrago Ruiz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuva en la investigación del caso, dice que, en colaboración con la Unidad Especial de la Fiscalía para Ayotzinapa, trabajan para determinar “a quién o quiénes” intentaba proteger la PGR, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y colaboradores de Peña Nieto.

Lo que sí es un hecho es que en los últimos meses los investigadores, la propia Buitrago, entre ellos, han tenido acceso a archivos militares que en el sexenio pasado estuvieron vetados.

Como integrante del GIEI, Buitrago ha investigado desde 2015 la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El martes 21 estuvo en la Barranca de la Carnicería, donde se encontraron 200 fragmentos óseos humanos que en seis casos resultaron viables para ser sometidos a estudios genéticos en la Universidad de Innsbruck y que identificaron a dos estudiantes de la normal.

De acuerdo con la exfiscal, esos hallazgos fortalecen que los restos fueron dejados, presuntamente, por integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”.

Un testigo protegido, identificado como “Juan”, ha declarado, según versiones filtradas a mediados de este año, que el 26 y 27 de septiembre de 2014 algunos de los 43 fueron detenidos por militares que los llevaron al 27 Batallón de Infantería en Iguala y luego los entregaron, algunos ya muertos, a “Guerreros Unidos”, que diluyeron a algunos cadáveres con químicos e incineraron otros en la funeraria “El Ángel” de esa ciudad.

La abogada colombiana, conocida en Colombia como “la fiscal de hierro” cree que, pese a todos los obstáculos que ha enfrentado el Caso Ayotzinapa, es posible llegar a la verdad.