Tercer debate presidencial: masacres, marcha rosa y ninguna estrategia convincente

Si hay un punto incómodo para el gobierno de la Cuarta Transformación es el de la seguridad. El país inició el año con una cifra acumulada de 170 mil asesinatos y la estadística se ha mantenido firme en su ascenso, hasta sobrepasar los 180 mil en mayo. La violencia en general, y la prevalencia del crimen organizado en concreto, estarán al centro del tercer debate presidencial este domingo, que para muchos analistas representa también una fase crucial rumbo al cierre formal de las campañas, establecido el 29 de mayo. Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, llegará precedida de sus logros como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en donde sus números muestran que redujo el índice de homicidios en poco más de 50 por ciento, pero con el lastre de un gobierno central cuyos logros en la materia son cuestionables. El desborde de casi cualquier indicador delictivo, aunado al de la pobreza en términos de justicia, dará a la representante del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, material suficiente para apuntalar sus ataques y cerrar así el círculo discursivo con el que arrancó campaña en Fresnillo, Zacatecas, el municipio con la percepción más alta de inseguridad en México. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, es probable que genere más atención por lo que dirá a cerca de su rol como el tercero en discordia que por sus propuestas, que en esencia buscan legalizar el consumo de drogas y apuesta por la desmilitarización.

La recta final rumbo al 2 de junio parece definida, de acuerdo con la mayoría de las casas encuestadoras. El promedio de las mediciones arroja una ventaja de 20 puntos a favor de Sheinbaum, pero en al menos dos de ellas Gálvez figura con un empate técnico. Máynez presume a su vez una remontada sobre la candidata del PRI-PAN-PRD en Jalisco y Nuevo León, gobernados ambos por MC, y en su natal Zacatecas, cuyo gobierno encabeza David Monreal, de Morena. Dotado de una atención mediática sin precedente en las semanas de campaña, Máynez tendrá parte de los reflectores, pero de ninguna manera cerca a los que se postrarán en Gálvez, sobre todo por la marcha de la Marea Rosa, el masivo que se moverá para respaldar su candidatura las horas previas al debate. Animada por ese respaldo, llegará con mayor filo en busca de la cabeza de Sheinbaum. Pero, a decir de Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM y especialista en temas de Defensa, Seguridad y Sistema Político, ni ella ni su adversaria llegará con propuestas siquiera medianamente desarrolladas en materia de combate criminal.

“Si nos detenemos un poco, la verdad es que las dos (Sheinbaum y Gálvez) carecen de sustento en sus propuestas”, señala Oliva basado en lo que una y otra han expuesto durante meses. “¿Está bien la continuidad? Explícame por qué. Ve a decir eso a la Frontera Chica de Tamaulipas o a los habitantes de Tierra Caliente, que se comparten cinco estados. O en el caso de Xóchitl Gálvez, ¿quién va a suplir a los más de 80 mil soldados y marinos de infantería que andan en labores de seguridad pública? La Guardia Nacional tiene alrededor de 120 mil elementos, pero de ninguna manera son suficientes”.

Por casi 80 años, desde la presidencia de Miguel Alemán, el Gobierno de la República ha echado mano de los militares para hacerse cargo de alguna rama de la seguridad ciudadana. Si bien en los últimos cuatro sexenios la inclusión aumentó hasta alcanzar los niveles que hoy se tienen, el antecedente pesa. Una de las grandes incógnitas, gobierne quien gobierne el país, será entonces descifrar la evolución de las relaciones civiles-militares por el tema de la seguridad pública, añade Oliva. “Ese es el gran tema por el que también es difícil decir si se fracasó o no con la estrategia. (...) Los resultados como sea están ahí, pero creo que la seguridad pública es un asunto de técnicos y de profesionales. Esperemos que cualquiera de las dos mujeres que vaya a ganar, tenga esta visión”.

La militarización es apenas uno de los flancos en el tema del combate delictivo. Los niveles de impunidad se mantienen próximos al 100 por ciento de los casos, apenas dos o tres puntos debajo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cargado por ello en contra del Poder Judicial, al que califica de altamente corrupto y capturado por los “neoliberales”. Pero en el fondo de los niveles de impunidad radica también la ineficacia y corrupción del Ministerio Público. A ello desde luego se suma la actuación de los jueces, que mantienen sin sentencia a un 65 por ciento de la población carcelaria, lo que por sí mismo desata no solo injusticia, sino crimen. En 2023, 340 mil delitos se cometieron desde el interior de algún reclusorio, según cifras del INEGI. “Se tienen una serie de datos que indican que en algunas líneas -yo no las podría llamar estrategias, porque no las hubo- no se cumplieron las metas, y desde luego que los resultados en materia de seguridad son disparejos”, dice el investigador de la UNAM.

El gobierno de López Obrador inició con el propósito de atender las causas generadoras de violencia. Dispuso de recursos públicos para otorgar becas a estudiantes del sistema básico y sentar bases salariales para recién egresados de universidades y carreras técnicas, pero a casi seis años de iniciada su gestión, los indicadores de éxito se mantienen ocultos. Desde la perspectiva académica existen dos formas de medir el progreso y el estancamiento de una política de seguridad. Una es cuantitativa y otra cualitativa. En el caso del actual gobierno, en ninguna de las dos se sale airoso.

“Si vemos los números respecto a sexenios anteriores, observamos cómo se han elevado los índices delictivos, tanto del fuero común como del fuero federal”, dice José Alberto Posadas, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuyos trabajos sobre violencia criminal, cultura militar y seguridad humana le han llevado a documentar las entrañas del “cártel Santa Clara de Lima”. “Por otro lado, el enfoque cualitativo nos permite ver que también ocurre un proceso deshumanizador, de descomposición social, y en esa tesitura no veo que se haya empleado una estrategia innovadora, que en verdad ataque las causas, las condiciones estructurales que generan que las personas decidan delinquir. Las encuestas oficiales, sean del INEGI o del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad indican que en términos generales, el fenómeno de la violencia es contundente y, lejos de erradicarse, se agudiza”.

PRESIONES EXTERNAS, MASACRES Y POLITIZACIÓN

Quien asuma la Presidencia de la República tendrá que lidiar con la enorme presión ejercida por parte del estamento político de los Estados Unidos. Desde la llegada de López Obrador en 2018, Washington ha tratado por más de una vía de influir en la política de seguridad implementada por el gobierno mexicano. Lo hizo primero tras el culiacanazo y después con la masacre de las mujeres e infantes de la familia Langford-LeBaron. Pero sobre todo lo ha hecho a partir de la muerte de unos 150 mil estadounidenses, provocadas por el consumo de fentanilo, la potente droga sintética cuya producción masiva atribuyen a los “cárteles” mexicanos. López Obrador no solo ha negado tal cosa, sino que ha empleado un discurso moralizador para explicar la tragedia al otro lado de la frontera norte. La obstinación presidencial ha coincidido los meses recientes con una andanada mediática, basada en investigaciones de la Agencia Antidrogas (DEA), que buscó establecer vínculos del presidente con organizaciones de narcotraficantes desde su primera campaña presidencial en 2006. Pero, más allá de referencias tímidas o de megafonía política, ninguna de las candidatas ni el candidato ha ofrecido declaraciones sustentadas sobre cómo habrán de lidiar con la presión de su principal socio comercial.

Cada 12 años, uno y otro país coinciden con un proceso para elegir presidente. Sucedió en 2012 y vuelve a repetirse este año. Puede que en términos mediáticos el hecho sea irrelevante, pero no en los círculos de poder, dice Javier Oliva, el investigador de la UNAM. “Pasa ahora mismo con Donald Trump y sus argumentos sobre en fentanilo, la violencia en la frontera y la acusación directa hacia los mexicanos; con el empleo de un discurso de racismo y xenofobia que lleva un mensaje claro: “aquí no entran”. Entonces se vuelve un tema político-electoral que no deja de ser un factor muy importante, puesto que existe una relación de cooperación e intercambio de información entre los dos países”.

La militarización de la seguridad pública de México y América Latina tiene mucho que ver con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. A partir de ello se explica parte del fenómeno de violencia que vive el país desde hace 20 años. Posadas, el antropólogo y criminólogo de la Autónoma de Querétaro dice haber leído textos académicos en los que se ha señalado incluso cómo, de una o de otra manera, los estadounidenses terminaban por empoderar a los “cárteles de la droga” para que los ejércitos locales se enfocaran en combatirlos, con el propósito de avanzar ellos -los Estados Unidos- con sus agendas geopolíticas. “El hecho que Xóchitl Gálvez haya ido hace unos meses a Washington, para mí fue un mensaje político muy claro hacia México; más allá de los temas diplomáticos, de protocolo, fue como darle la bendición a la candidata de la derecha en un momento en el que el avance de la izquierda latinoamericana les preocupa. De cualquier manera, gane la izquierda o la derecha, ellos deben establecer sus estrategias para seguir abordando el tema criminal de acuerdo a sus intereses”.

La narrativa dominante del “narco” como causante único de la violenta condición del país, es algo que ha permeado las campañas desde el inicio. No solo el asesinato de candidatas y candidatos, sino las masacres consumadas en el marco del proceso han terminado por acotar la comprensión ciudadana de un fenómeno que guarda grandes complejidades. Estén o no de fondo los intereses del tráfico de drogas, los crímenes de alto impacto no dejan de sacudir a la ciudadanía ni de empañar la carrera presidencial. En la antesala del tercer debate, tres masacres servirán para medir el nivel de defensa o ataque discursivo entre las candidatas y el candidato: la ocurrida en Huitzilac, Morelos, la de Chicomuselo, Chiapas y la del asesinato de otra candidata, Lucero López Maza, que buscaba la alcaldía de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco. Junto con López murieron otras dos mujeres y tres hombres; en Morelos fueron ocho víctimas y en Chicomuselo 11, entre ellas jóvenes catequistas.

Los hechos de sangre van de la mano con el discurso político de la oposición. O sustentan sus críticas más punzantes, mejor dicho. En la marcha de la Marea Rosa, Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, el candidato del PAN-PRI-PRD al gobierno de la Ciudad de México, serán los dos oradores principales. Taboada, alcalde con licencia de la alcaldía Benito Juárez, ha sido un crítico feroz con el tema de la seguridad en la capital mexicana, acaso uno de los legados gubernamentales de los que más presume Claudia Sheinbaum. La marcha está convocada en 96 ciudades y sin duda dará un aliento enorme a Gálvez cuando vuelva a medirse a la candidata de Morena, con el tema de violencia y crimen en el núcleo del debate. Pero, al final, puede que eso no influya en el resultado del 2 de junio ante la falta de propuestas serias.

“Extrañamente no he visto que el tema se aborde de manera profunda por candidatas y candidatos a los diferentes cargos, no solamente la presidencia”, señala Oliva. “Esperaría, por ejemplo, planteamientos consistentes en la Ciudad de México, pero no. Desafortunadamente no hay siquiera un discurso articulado. Aun así, tengo la esperanza, la expectativa, el optimismo de que cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entregue a cualquiera de las dos mujeres que haya ganado la presidencia y se convierta en presidente electa, que no llegue con ocurrencias, con improvisaciones ni voluntarismos, porque la situación de ninguna manera lo permite. Se necesita llegar al 1 de octubre con medidas muy específicas, de corto plazo, que tengan efectos perceptibles en la población”.