12 uvas por los derechos humanos: ¿Qué nos depara el 2023?
Desde tiempos remotos, a partir de los estudios de la astronomía, medimos el tiempo basándonos en el traslado que hace nuestro planeta Tierra alrededor del sol. Así es como se estableció el calendario actual (gregoriano) oficialmente en casi todo el mundo, con el cual generalmente festejamos el fin y el comienzo de otro año cada 365 días.
Esta celebración que hacemos por la noche de cada 31 de diciembre y la madrugada de cada 1 de enero es una práctica cultural casi universal. Y es que, desde los orígenes de la humanidad, en las distintas sociedades y comunidades han existido ceremonias o rituales relacionados a inicios, cierres de ciclos y los cambios que conllevan.
Por ejemplo, durante el primer minuto del 1 de enero, en muchos hogares se sigue la costumbre de ir comiendo 12 uvas al compás de 12 campanadas, una por cada mes del año que empieza. Al mismo tiempo, hay que ir pidiendo un deseo o planteando una meta por cumplir. En el corazón de esta tradición se encuentran, entre otros valores, la esperanza y la espiritualidad (representados por las uvas) con los cuales buscamos cumplir nuestros propósitos.
De esta manera, para muchas personas, cada principio de año (o de un ciclo) es un momento en el que podemos hacer una pausa, reflexionar sobre lo que hemos hecho o dejado de hacer, así como proyectar planes y acciones futuras, generalmente, para mejorar en lo individual y en lo colectivo.
En el ámbito de los derechos humanos, a nivel internacional se mantiene la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la humanidad, aprobada desde 2015 por los Estados miembros de Naciones Unidas, incluido México. Haciendo alusión a las 12 uvas de año nuevo, los principales objetivos de esta agenda se pueden resumir en las siguientes: 1. Contrarrestar las desigualdades y pobreza; 2. Asegurar buena alimentación, salud y bienestar; 3. Educación de calidad; 4. Igualdad de género; 5. Agua limpia y saneamiento; 6. Industria, innovación e infraestructura; 7. Energía asequible no contaminante; 8. Comunidades sostenibles con producción y consumo responsable; 9. Trabajo decente y crecimiento económico; 10. Cambio climático y cuidado de ecosistemas; 11. Paz, justicia e instituciones sólidas; y 12. Alianzas para lograr los objetivos.
Al interior de nuestro País, la población enfrenta múltiples y profundas diferencias y/o vulneraciones en el acceso a oportunidades y al goce efectivo y pleno de sus derechos humanos.
La inflación económica durante el 2022 alcanzó en promedio una tasa histórica de más del 8 por ciento y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 arrojó que más del 59 por ciento de la población registró enfermedades y algún grado de inseguridad alimentaria.
Además, la pandemia agravó el pronunciado rezago en materia de educación y de género que existe en el País, aunque también es de aplaudir que el año 2022 cerró con el reconocimiento al matrimonio igualitario en todas las entidades de la república.
En cuanto a la sostenibilidad de las comunidades, las industrias y las actividades humanas y su impacto en el cambio climático, no podemos olvidar los contrastes de las regiones del País. En el norte, la sequía (como la de Nuevo León) y los problemas de agua y explotación de recursos en general siguen siendo un gran tema de discusión para incluir prioritariamente en la agenda gubernamental.
Sumado a lo anterior, México se ha distinguido a nivel mundial por ser un territorio de impunidad con un creciente número de delitos cometidos por cárteles y grupos organizados, desapariciones de personas, y donde defensores de áreas y recursos naturales, junto con periodistas y humanistas de otras diversas causas, son víctimas constantes de agresiones, amenazas y asesinatos por el ejercicio de su profesión o activismo.
El panorama presenta un gran desafío para las autoridades y equipos de trabajo que deben coordinarse en el diseño de planes y políticas públicas integrales que tengan al centro la dignidad humana. Pero mientras haya voluntad política y diálogo con la ciudadanía, se puede llevar a cabo una agenda conjunta y permanente que trascienda a
las temporalidades de cada administración.
Esta labor requiere de la participación de múltiples agentes, desde la sociedad civil, el sector académico, del ámbito público, con enfoque multidisciplinario y otros esfuerzos. En Coahuila, este es el modelo de trabajo que ha primado en su gobierno desde hace más de seis años y que ha logrado perdurar elección tras elección.
De hecho, justo ahora en 2023 habrá votaciones en nuestra entidad sarapera para nueva gubernatura y 27 diputaciones. Por ello, las autoridades han llevado a cabo una serie de ejercicios de interlocución con diversos sectores de la población coahuilense, a fin de compartir a sus sucesores un breviario con los propósitos más destacados para el siguiente ciclo gubernamental.
Que este año que empieza nos depare mayores y mejores logros a favor de los derechos de todas las personas.
La autora es investigadora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos
FB: /lillian.sancal
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH
