Flagelos

El Presupuesto de Egresos de la Federación que avala el gasto gubernamental del 2011, y que este año aprobó el Congreso federal, comprende miles de millones de pesos para actividades de comunicación social y promoción de la imagen de los funcionarios o políticos en turno.

Hay una multitud de instituciones para las que no existen mecanismos externos de control del gasto publicitario.

En efecto, no contamos con legislaciones en el ámbito federal o local que aborden eficazmente el control real del gasto para la promoción de la imagen de los políticos, y los intentos de reformas constitucionales que se han establecido (2007) son en extremo limitados, de manera que los presupuestos para comunicación social crecen año con año.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011 se contempla un gasto en ese rubro de 125 millones 465 mil 131 pesos, recursos que se invertirán meses antes del proceso electoral, aunque lo más común es que al término de los ejercicios los gobiernos gasten más de lo anunciado a causa de la deficiente regulación; en 2010 se destinaron 40 millones 500 mil pesos a este rubro. Estime la diferencia.

La información sobre las cifras anuales que se invierten en este rubro en cada una de las 32 entidades federativas o en los 2 mil 440 municipios, en los organismos autónomos de derechos humanos o en los electorales, en los poderes legislativos y judiciales federales y locales, son muy inciertas; los expertos estiman que la cifra podría ser similar al gasto federal.

De manera que en esa gigantesca "inversión", hasta la fecha ninguna mayoría legislativa de la última década, la de la "alternancia", ha tomado en serio la vigilancia y control del gasto en la propaganda gubernamental, parece que hacerlo sería como aplicarse un haraquiri.

Hasta ahora los partidos políticos y las empresas han encontrado formas de evadir la ley a través de lo que se conoce como "productos integrados". De manera que la publicidad oficial genera medios sin audiencias, medios que dialogan con el poder político a través de las inserciones pagadas y es a través de éstas que se forma la percepción ciudadana de los asuntos públicos.

La sed de poder de los políticos se satisface a través de su presencia pública en gacetillas de la prensa escrita o mediante mensajes en televisión y radio, ahí construyen el espejo de sí mismos, parcial e interesado, todo pagado con dinero de los contribuyentes; dinero público con el que se promocionan y se hacen propaganda para escalar nuevos puestos.

Es a costa del erario y la saturación mediática que los políticos hacen carrera y cultivan un culto sin freno a la propia imagen, muestran rostros benignos, ademanes magnánimos, lemas virtuosos, logros abultados cultivados por el ánimo zalamero e incondicional de los medios.

Es de sentido común percibir que sin el suministro de los recursos financieros que significan las inserciones pagadas por el Estado los medios podrían subsistir o resistirían la desaparición de los anuncios oficiales, más bien sucumbirían sin esos recursos.

Actualmente, la publicidad oficial ya forma parte de la cultura política mexicana, por eso su análisis y discusión resultan incómodos y hasta irracionales cuando se trabaja en los medios, ya que las notas desfavorables a un funcionario pueden significar la cancelación de órdenes de inserción.

Aquella frase cínica de José López Portillo, "no pago para que me peguen", con la que pretendía explicar por qué le negaba publicidad a la revista Proceso, aclara muy bien el patrimonialismo publicitario que ejercen sin pudor todos los gobiernos de este país, sin distinción de partidos políticos, esa es la herencia del periodismo priísta en donde la adquisición de espacios pagados articulaba la relación gobierno-medios, relación prostituida por el dinero fiscal que finalmente restringe la libertad de prensa.

La publicidad oficial se ha convertido para la ciudadanía mexicana en un flagelo, en una carga tan cara como la corrupción, la impunidad y la incompetencia de las instituciones.

Hace tiempo que entramos en un estalinismo mediático (Raúl Trejo Delarbre) que se ha reforzado con los gobiernos del "cambio" que, como los del antiguo régimen a los que critican, se ocupan diligentemente de satisfacer las exigencias de publicidad pagada de las televisoras y refuerzan constantemente su interlocución con éstas, no con los ciudadanos.

Parece que es gritar en el desierto, pero la ciudadanía debe ir reflexionando en la necesidad de avanzar hacia la erradicación de la publicidad oficial; mantenerla en vigor es fortalecer el autoritarismo del poder político que se promociona con cargo al erario.

Ya es tiempo de promover, entre gobernantes y sociedad, una interlocución civilizada en donde los ciudadanos rechacen los espejos engañosos, la simulación, el autoritarismo mediático.