Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’

WASHINGTON, EU.- El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió que las recientes acusaciones contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representan apenas el inicio de una ofensiva más amplia contra presuntos vínculos entre autoridades y el narcotráfico.

A través de una publicación en la red social X, el comité señaló que “se acabó la impunidad para los narcoterroristas” y advirtió que cualquier funcionario implicado en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense será llevado ante la justicia. “Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya (...) esto es solo el principio”, subrayó el mensaje.

Las declaraciones surgen un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra el mandatario sinaloense y otros nueve funcionarios, tanto en activo como retirados, por delitos relacionados con narcotráfico y posesión ilegal de armas.

De acuerdo con el expediente judicial, los implicados habrían colaborado durante años con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos. A cambio, presuntamente recibieron sobornos, protección institucional y respaldo político.

El documento también sostiene que los acusados “abusaron de sus cargos” para facilitar operaciones criminales, incluyendo la filtración de información, la evasión de operativos y el resguardo de cargamentos ilícitos.

En el caso de Rocha Moya, la acusación apunta a que habría recibido apoyo directo del grupo conocido como Los Chapitos —integrado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán—, incluso mediante presuntas acciones de presión y coacción durante procesos electorales.

Entre los señalados también figuran funcionarios de seguridad y procuración de justicia, quienes presuntamente habrían facilitado las actividades delictivas mediante omisiones, filtraciones y encubrimiento.

El caso ha generado una fuerte reacción política tanto en México como en Estados Unidos, al tratarse de una de las imputaciones más graves contra funcionarios en activo por presuntos nexos con el crimen organizado. Además, las autoridades estadounidenses han solicitado la detención con fines de extradición de algunos de los implicados.

Hasta el momento, el gobernador de Sinaloa ha rechazado las acusaciones, calificándolas como infundadas, mientras que el gobierno mexicano ha pedido pruebas antes de proceder legalmente. Con información de Agencias