Más recaudación con menos impuestos

Lanzando su resto a la apuesta de que a menos impuestos habrá mayor recaudación, colocando en el camino anzuelos para sacar a flote a la economía subterránea, la propuesta de reforma hacendaria priísta plantea lo que a simple vista sería el elixir frente a los males crónicos del país.

De entrada, el fisco ya no tendría necesidad de encenderle veladoras a Pemex, cuya producción se ha caído a niveles patéticos, al extenderse la base de causantes con la cancelación de exenciones y regímenes especiales, además de obligar a las entidades federativas a ejercer sus facultades recaudatorias.

La meta es salir de un círculo vicioso que coloca al país a la cola de los integrantes del Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, con un ingreso público equivalente al 21% del Producto Interno Bruto, frente a 35% en promedio de éste.

En el jalón, nuestro país dejaría de ocupar el lugar número 12 en recaudación de América Latina, superado por El Salvador, Honduras, Costa Rica, Brasil, Argentina y Chile.

En paralelo, la propuesta priísta empujada por los senadores Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida y María de los Angeles Moreno, habla de revertir la tendencia de los gobiernos panistas hacia la opacidad en el gasto, y una raquítica rendición de cuentas.

Más aún, se le daría la vuelta a la línea que privilegia una "creciente e injustificada" nómina para los altos funcionarios, soslayando las urgentes necesidades en educación, salud, infraestructura y desarrollo tecnológico. De pasadita, la exposición de motivos critica la mala administración de los recursos públicos por parte del gobierno, quien en cuatro años ha aumentado el gasto público en 4.2 puntos del PIB, porcentaje mayor al del crecimiento del país.

Si a la llegada del presidente Felipe Calderón éste se ubicaba en 22.4% como porcentaje del propio PIB, hoy alcanza 27.1. Lo grave del caso, naturalmente, es que 80% del incremento del gasto se destina a la nómina de la burocracia, es decir al gasto corriente.

A quién le importa si el IMSS y el ISSSTE operan con graves deficiencias, o que los sistemas pensionarios de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, los gobiernos estatales y las universidades tengan formidables boquetes.

El cálculo conservador habla de que el monto arañaría al 103% como porcentaje del PIB, sin que se esté haciendo nada para detener el alud. Mientras los países afiliados a la OCDE destinan en promedio el 8.3% de su Producto Interno Bruto para tareas de seguridad social, en México apenas se alcanza el 3.1.

Lo curioso del caso, decíamos, es que en la óptica priísta se ha equivocado la Secretaría de Hacienda en buscar una mayor recaudación, apegándose a la fórmula simple de aumentar las tasas impositivas. La fórmula, dice el partido oficial, desalienta la inversión y la generación de empleos y distorsiona la estructura económica.

Más aún, el recargar el esfuerzo recaudatorio en pocos contribuyentes, ya muy gravados, estimula la evasión fiscal y la informalidad, incentivando un trato fiscal inequitativo. Naturalmente, un punto fundamental será buscar un sistema recaudatorio más eficiente que induzca a los informales a incorporarse, y permita combatir la evasión.

En paralelo, se plantea establecer la potestad de las entidades federativas para cobrar un impuesto sobre Ventas Finales que les permita fortalecer sus finanzas frente a crecientes demandas sociales, además, naturalmente, de aprovechar todas las fuentes tributarias como el impuesto predial y los derechos de agua.

Desde otro ángulo, se exige que el gasto público sea más eficiente; que los costos de las obras y programas correspondan a los beneficios esperados; que se destierren despilfarros y subejercicios que frustran el cumplimiento de las políticas públicas. Casi el paraíso.

De acuerdo a la óptica priísta, el presupuesto debe tener una estructura adecuada, frente a una proporción de inversión de entre 25% y 26% del total del gasto.

Y aunque el escenario apunta a la anhelada universalización de los servicios médicos, se advierte que ello provocaría un menoscabo en la estructura de los servicios que prestan el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Como lee usted, la teoría es impecable. Lástima del marco electorero en que se colgó el paisaje.

BALANCE GENERAL
Rechazada la existencia de la grabación de la reunión del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en que se le levantó la mano a Nextel al aceptarse su oferta por una red nacional de telefonía celular en el marco de la licitación 21, bajo el peregrino argumento de contar con un solo disco reciclable, hete aquí que la justificación es falaz.

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos descubrió que ésta sí existe. El ardid del presidente del organismo, Mony De Swaan, pretendía ocultar el hecho de que la resolución llegó con sólo dos votos de cinco posibles: El suyo y el de su incondicional, Gonzalo Martínez Pous. De cuatro presentes, uno, Rafael del Villar, votó en sentido contrario y otro, Ernesto Gil Elorduy, prefirió abstenerse. El quinto, José Luis Peralta Higuera, no acudió a la sesión, pero envió por escrito sus razones.

El interés, naturalmente radica en conocer los argumentos de los tres comisionados. El razonamiento, pues, de Del Villar para desconocer el procedimiento que le provocó un quebranto de cinco mil millones de pesos al país. Como usted sabe, Nextel, que en principio apostó en alianza con Televisa, ofreció el mínimo de contraprestación inicial, es decir 180.3 millones, al pelear sin rival al frente que la obligara a pujar.

En el escenario, existe no sólo una carta en la que Peralta razona su ausencia de la sesión, sino una réplica de su respuesta a la crítica de De Swaan. Ambas se leyeron en la sesión. A su vez, Gil Elorduy explica letra por letra su abstención. Cofetel en el callejón.

TODOS CONTRA TELMEX
Bajo la premisa de que la interconexión es un asunto de Estado, dada que involucra a 88 millones de usuarios en telefonía celular, el Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego está convocando a un debate público sobre el tema. Empresas, académicos, técnicos, usuarios, pues, en cónclave para plantear cuál sería una base justa para implantar una tarifa que satisfaga a tirios y troyanos.

La convocatoria llega, justo, en momentos en que la Suprema Corte de Justicia ha atraído, por iniciativa del ministro Sergio Valls, un litigio sobre el tema entre Axtel y Telcel. La gran pregunta, naturalmente, es en dónde está la autoridad.

Tres veladoras
En su intento de hacer valer el derecho que le asiste de ocupar la presidencia del Grupo Aeroportuario del Pacífico, la empresa Controladora Mexicana de Aeropuertos está prendiendo tres veladoras.

Una, vía un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito de Jalisco; otra vía una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, y la última en petición de un arbitraje ante la Corte Internacional con sede en París.

Como usted sabe, la firma comparte a partes iguales el paquete de control del grupo de 12 aeropuertos con las firmas españolas Abertis y AENA, esta última propiedad del gobierno español.