Oaxaca encabeza la transición

Manuel Camacho Solís

Gabino Cué y las fuerzas políticas de Oaxaca están cumpliendo con su palabra y demuestran que, cuando existe voluntad política, las reformas que redistribuyen el poder pueden avanzar. Las iniciativas de reformas constitucionales que envió el gobernador y que abren el paso a la transición democrática, después de un trabajo serio de comisiones y en un plazo breve, fueron aprobadas por unanimidad. El cambio que está ocurriendo en la vida política de Oaxaca es de una magnitud tal que no es exagerado hablar de una nueva constitucionalidad. Con estos cambios, los reclamos de 2006 y las esperanzas de 2010 encuentran un cauce institucional.

Las reformas que han sido aprobadas se agrupan en torno a cinco ejes. Una nueva relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Fortalecimiento del Poder Judicial. Organos autónomos de Estado. La instrumentación de los mecanismos de democracia directa. Una nueva gestión pública responsable con orientación social.

La que ha sido la agenda de la reforma del Estado nacional durante años, pudo avanzar en unos cuantos meses en Oaxaca.

Se alcanza la autonomía del consejo electoral, pero se amplían sus facultades a la participación ciudadana. Organizará las elecciones, pero también la participación ciudadana cuando se recurra al referéndum o al plebiscito.

Se crea un órgano independiente de auditoría del Congreso, pero con mayores facultades.

También un Consejo de la Judicatura, así como un Tribunal de Cuentas y una Sala Constitucional.

Se establecen criterios de austeridad y planeación en el ejercicio del gasto público.

Se incluye la cuestión indígena.

Se introduce la figura de la iniciativa preferente y la iniciativa ficta, pero también se precisan las facultades de veto y reconducción presupuestal.

Se amplían las facultades del Poder Judicial a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales. Se crea un nuevo mecanismo para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que pone fin al control directo del Poder Judicial por el gobernador y se fortalece la autonomía fiscal del Poder Judicial.

Se ciudadaniza y transparenta el proceso para la elección del procurador general de Justicia a través de una convocatoria pública.

Se incluyen los mecanismos de democracia directa y su instrumentación: el referéndum, el plebiscito, el cabildo abierto y las audiencias públicas por el Poder Legislativo.

Se hace obligatoria la ratificación del gabinete por el Congreso.

Se abre la posibilidad de la revocación del mandato del cargo de gobernador.

No hay una nueva constitución para Oaxaca, pero por su extensión y profundidad, sí se logró establecer una reforma del Estado de gran calado. Una auténtica nueva constitucionalidad.

Si no hubiera ocurrido el cambio político que resultó de las elecciones, esta reforma jamás habría sido posible. Si se hubiera roto la alianza en el Congreso de las fuerzas que llevaron a Gabino Cué a la gubernatura, el cambio no se habría realizado. Pero también, hay que reconocerlo, el PRI actuó con responsabilidad y en vez de obstinarse en una estrategia de confrontación como la que sostuvo en el pasado, se sumó y dio fuerza a la reforma.

Este cambio tiene diversos antecedentes. Un movimiento social duro que mostró que sería imposible gobernar Oaxaca sin mayores niveles de consenso. Un movimiento ciudadano bastante impresionante que logró vencer al aparato del Estado con una muy alta participación ciudadana en las últimas elecciones. Diputados y sus partidos que aprovecharon ese espacio -y un corto tiempo- para sacar adelante un paquete decoroso y avanzado. Un gobernador que se decidió a gobernar de manera no facciosa.

Estos cambios institucionales no cambiarán de golpe la vida política de Oaxaca ni resolverán sus conflictos. Falta mucho esfuerzo por delante. Pero sin duda se ha dado un paso hacia adelante que debe enorgullecer a los oaxaqueños y alentar a los mexicanos.