Lo que no hemos aprendido

La tragedia del Casino Royale en Monterrey expresa, de manera atroz, el grado de brutalidad que hoy despliega la delincuencia organizada en amplias zonas de la República.
Porque no se trata, para nuestro infortunio, de un hecho aislado. La ofensiva criminal contra civiles inocentes, de cualquier origen y condición, asuela al país. El asesinato masivo de migrantes centroamericanos en Tamaulipas y la matanza de jóvenes en Villas de Salvarcar anunciaban niveles más profundos de descomposición.
Sin embargo, el fenómeno delincuencial no se agota en los terribles acontecimientos de alto impacto. La corrosión del clima social avanza por otras vías, subterráneas o a plena luz del día. El estudio más reciente de México Evalúa confirma el fracaso de las autoridades federales, estatales y municipales en la batalla por la seguridad y la paz: salvo en cinco estados, en el resto ha aumentado la cifra de homicidios (96%); en 24 entidades, el número de víctimas de secuestro se ha incrementado (188% promedio nacional); en 19, la extorsión; en 25, el robo con violencia y en 24, el robo de automóviles con violencia.
En algunos casos, valga la obviedad, los datos son un pálido reflejo de la realidad (por la cantidad de delitos no denunciados). Pero lo más desesperante es la sensación, corroborada a diario, de que las autoridades responsables carecen de la mínima capacidad de aprender. De ahí que, una y otra vez, insistan en los mismos errores.
No han aprendido, por ejemplo, que el descabezamiento de bandas criminales no conlleva a su desintegración, sino a la multiplicación de cabecillas, generalmente más salvajes. Los capos de hoy son sicarios de apenas ayer. Parecen ignorar que el despliegue de fuerzas federales, siendo imperativo, logra pobres resultados en tanto no se afecte el núcleo económico del poder de los cárteles -la estructura financiera para recliclar dinero sucio- y la red de complicidades político-administrativas y empresariales que facilitan el negocio.
No están dispuestos a aceptar, salvo en el discurso, que más y mejores leyes sirven poco sin fiscales que hagan su trabajo con profesionalismo, honestidad y la autonomía que les permitan eludir presiones políticas y del poder económico. Por no hablar de jueces y magistrados que no se dobleguen por dinero, influencia o miedo.
Nada de esto les quita el sueño. Aunque, eso sí, insisten en reclamar más recursos para seguridad sin reconocer que, pese al incremento extraordinario de fondos en los últimos lustros, hoy son más los territorios dominados por narcos. En 1994 el gasto federal en esta materia era de sólo 275 millones de pesos; en 2005 brincó hasta 13 mil 450 millones, un incremento de casi 50 veces. De 2006 a la fecha, el presupuesto destinado a las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública Federal, más el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, ha seguido creciendo. Sin embargo, se cometen más crímenes y la sociedad tiene más miedo.
Los gobernantes,jueces y legisladores no son los únicos responsables. La sociedad aporta mucho al desastre, porque mucho de lo que ocurre se explica por la indiferencia, la tolerancia e, incluso, la complicidad de franjas significativas de la población.
No basta, pues, con señalar responsabilidades ajenas sin asumir las propias. Por ello es indispensable que a los llamados de unidad del presidente Calderón y de organismos empresariales siga la asignación de tareas y compromisos verificables. Resulta inadmisible el desgano, la negligencia de autoridades que asumen compromisos que no cumplen, como ocurre con el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado en 2008, cuyos resultados son patéticos.
Ante la emergencia, la responsabilidad parece recaer esencialmente en las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, mientras que otras instituciones (las secretarías de Hacienda, Agricultura, Educación, etcétera) y los gobiernos de los estados y los municipios hacen como que hacen, cuando enfrentamos una situación que reclama una respuesta integral del Estado mexicano.
En una entrevista reciente con EL UNIVERSAL, el juez español Baltasar Garzón identificó los tres ejes en los que, sostiene, debe girar una estrategia para acabar con el crimen organizado: 1) la coordinación entre todas las instituciones del Estado; 2) la participación de la sociedad civil (asumir la defensa de nuestras ciudades y pueblos como una responsabilidad de todos), y 3) la lucha sin tregua contra la corrupción.
La tragedia del Casino Royale ofrece argumentos de sobra para discutir y replantear la estrategia de combate a la delincuencia organizada.