Entre bonos de carbono te veas

Comprender el ámbito de lo abstracto no es fácil, y no me refiero al fascinante mundo de las artes visuales, sino al complejo mercado de los bonos de carbono. Cuando estudiaba la licenciatura en economía resultaba interesante interpretar las curvas de demanda y oferta, así como aplicar el significado de céteris páribus. Ahora resulta todo un reto internalizar los procesos abstractos que están detrás del Protocolo de Kioto para regular a nivel global las emisiones de gases de efecto invernadero.

En México hace tiempo se creó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Ahora, con el establecimiento de la Ley General de Cambio Climático, -recientemente aprobada por el Senado-, se pretende fortalecer la mencionada comisión intersecretarial, estableciendo además el Instituto Nacional de Ecología Cambio Climático y una Coordinación de Evaluación para evaluar la política nacional de cambio climático y ofrecer recomendaciones a las instancias involucradas. ¿Más burocracia? ¿De dónde saldrá la partida presupuestal para arropar a los empleados de las nuevas instituciones? ¿De un próximo sexenio en el que gobierne un partido político alejado del azul cielo?

El Senador panista Alberto Cárdenas, secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha sido el principal impulsor de la Ley General del Cambio Climático (LGCC). Una iniciativa que parecía más que "planchada" por la cúpula del sector privado y que ahora tiene importantes detractores de cámaras industriales. De acuerdo al Senador Cárdenas, -quien fuera titular de la Semarnat y de la Sagarpa-, la LGCC contiene instrumentos que ayudan a la creación de los mercados de carbono; que apoyan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y establecen incentivos al sobre desempeño. Cárdenas asegura que la LGCC impulsará metas de reducción al menor precio posible.

La abstracción central que implica el mercado global de bonos de carbono es el ejercicio de su compra venta entre países que reducen emisiones después de cumplir con su cuota de reducción, y venden el excedente de tal reducción a países que no cumplan con su cuota. Entonces hay países que pueden comprar reducciones de proyectos que les sirven para cumplir con sus compromisos de acuerdo al Protocolo de Kioto que se planeó para que su primera fase fuera del 2008 al 2012. Y aunque Cárdenas asegure que hay países que podrían comprar bonos de carbono a proyectos forestales de Oaxaca o a porcicultores de Yucatán que reduzcan sus emisiones de carbono. Y aunque diga que en México ya hay 136 proyectos en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (figura que también representa una abstracción): la preocupación de muchos industriales está ligada a que la velocidad en la que la multicitada Ley pretende ser implementada, dista mucho de la velocidad en que el sector industrial puede recibir la transferencia de tecnología necesaria para cumplir con las metas planteadas de emitir 610 millones de toneladas de CO2 equivalente en el año 2020 y 49 millones en el 2050.

Tal vez habría que reflexionar al respecto de cuál sería el verdadero costo de dicha transferencia tecnológica, si ésta pudiera ser posible en el corto plazo. Países como México serían clientes de un colonialismo propiciado por los imperios del Siglo XXI. Aunque en teoría forme parte de la OCDE, México no deja de ser un país en desarrollo. Un país que no está en condiciones de generar su propia tecnología para encarar el cambio climático y que no debe comprometer el futuro de su ciudadanía endeudándose con tecnología de instancias exógenas. Si en la Cámara de Diputados no se modifica parte del articulado de la Ley General de Cambio Climático, como lo han propuesto voces de la CANACINTRA, CAINTRA y CONCAMIN, se va a limitar el crecimiento de las actividades industriales, entre los vaivenes de los bonos de carbono y un desempleo galopante. No se trata de estar en contra de una tendencia internacional de descarbonizar la economía. Se trata de hacernos un traje a la medida. No se trata de no documentar los inventarios de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial mexicano, se trata de que la obligatoriedad de ésta acción no se sume a la larga lista de responsabilidades privadas que son aprovechadas por el vicio público de la discrecionalidad.