¿Nacionalizar las elecciones?

Desde la propuesta inicial del Pacto por México, y más ahora con la instalación de las mesas de instrumentación de los temas político-electorales de dicho acuerdo y de su posterior addendum, se ha puesto en primer plano la posibilidad de nacionalizar los procesos electorales del país.

Aunque la propuesta no es nueva (se discute de ella desde la reforma de 1990), también es cierto que nunca había concitado consensos tan amplios.

Dos son los argumentos fundamentales que se han puesto sobre la mesa para respaldar esa propuesta: a) la duplicidad de costos que supone la coexistencia de institucionales federales (el IFE y el Tribunal Electoral) con órganos electorales administrativos y jurisdiccionales en cada entidad federativa, y b) la "captura" y subordinación que estos últimos padecen frente al poder de los Ejecutivos locales.

No estoy cierto que esos argumentos invariablemente nos conduzcan a concluir la necesidad de nacionalizar los procesos electorales. En efecto, por un lado, la creación de órganos electorales nacionales únicos, me temo, acarreará una reingeniería institucional que, con mucha probabilidad, incrementará los costos de operación actuales del IFE y del TEPJF.

Por otro lado, la creación de un instituto y de un tribunal electoral nacionales no son la única vía para enfrentar la eventual injerencia que los poderes ejecutivos locales pueden tener sobre los órganos electorales de sus respectivas entidades. Otra solución, más sencilla, es fortalecer esos órganos estableciendo, desde la Constitución Federal, garantías tales como la inamovilidad de sus miembros, periodos de designación transexenales, los perfiles de sus integrantes, autonomía financiera, etcétera.

Difiero de quienes sostienen como objeción a la eventual nacionalización de las elecciones que ello vulneraría el pacto federal. La organización de las elecciones es una función eminentemente técnica que no tiene que ver con el ejercicio del poder soberano de cada entidad. Ello explica por qué existen Estados federales en los que la organización de las elecciones, tanto federales como locales, son organizadas por órganos nacionales (como ocurre en Canadá o Brasil), o bien federaciones en donde las elecciones federales son organizadas por órganos electorales locales -y hasta municipales- en sus respectivas demarcaciones (como ocurre en Estados Unidos).

Pero quienes abanderan la propuesta no pueden dejar de tomar en cuenta una serie puntos de manera previa. La eventual nacionalización implica un ejercicio serio y razonado que debe contemplar y resolver una serie de complejidades, objeciones e inconvenientes reales; de otro modo, la propuesta puede llegar a generar problemas mayores de los que buscan resolverse. Es la típica decisión que no puede ser tomada a la ligera y sin una reflexión muy seria y puntillosa.

Y es que el punto de partida de toda reflexión sobre el tema es que hoy día tenemos un diseño electoral en el país que ha funcionado y que, a pesar de que es sin duda perfectible, y aunque sin duda es, en muchos sentidos, disímbolo, ha permitido que la legalidad electoral funcione, que la pluralidad política se recree a lo largo y ancho del país, que la representación política refleje esa pluralidad y, en general, se hayan naturalizado entre nosotros fenómenos típicamente democráticos como la alternancia, la ausencia de mayorías predefinidas y elecciones competidas y frecuentemente con resultados cerrados.

La base sobre la que se ha construido nuestro sistema electoral es la existencia de un consenso básico y transversal en relación con las reglas del juego político. Al parecer existe un consenso amplio y generalizado sobre la pertinencia de nacionalizar las elecciones y es algo que no puede desacreditarse a priori. Pero lo que sí debemos exigir es que si se avanza en una operación tan profunda y radical, ello ocurra habiendo tomado en cuenta todas las aristas y complejidades que esa transformación supone; que se hayan sopesado a la luz de ese análisis la pertinencia de la idea y que se convengan las soluciones para resolver esas problemáticas.

No hacerlo implicaría poner en riesgo los logros que hemos obtenido y abriría la puerta a un delicado flanco para la dimensión electoral de nuestra democracia. Sea cual sea la decisión que se tome, en suma, debe ser muy seria y ponderada y ser refractaria a la improvisación.

Lorenzo Córdova Vianello

*Consejero electoral del IFE

COLABORACION ESPECIAL