Reforma prioritaria y descontento social

No es asunto menor afirmar que la presión social y las críticas de académicos e intelectuales finalmente persuadieron al Ejecutivo y a los funcionarios hacendarios para no aplicar IVA a medicinas y alimentos, sobre todo porque dicho impuesto al consumo generaría mayor descontento social y pondría en riesgo la reforma energética que propone compartir el petróleo nacional y sus utilidades con las empresas privadas nacionales y extranjeras.

No violentar a la sociedad mexicana y recaudar son los objetivos de la reforma hacendaria -que no fiscal porque no detalla los montos del gasto público federal- propuesta al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, un ejemplo es el pago de un peso por cada litro de gaseosa, a fin de inhibir su consumo y atacar la obesidad, sin embargo en México la demanda de estas bebidas no se afecta sustancialmente por el incremento del precio, es decir que el cobro de un impuesto no resuelve el problema de la obesidad, así es necesaria una estrategia transversal donde se involucre dependencias federales con los Estados y Municipios.

Es evidente que la SHCP tiene amplio margen de maniobra para negociar con las fuerzas políticas ahí representadas y lograr el objetivo impositivo.  La izquierda parlamentaria puede afirmar que logró evitar se grabara el mayor consumo de los 60 millones de pobres, además la propuesta plantea dos aspectos demandados desde hace años por amplios sectores de la sociedad:  eliminar la consolidación fiscal por cuya estrategia se eluden miles de millones de pesos, sobre todo por los grandes grupos empresariales (aunque se establecerían mecanismos alternativos para no contribuir. al tiempo); y establecer un gravamen de 10% a las utilidades generadas en la bolsa de valores, aunque se establece que se podrían deducir pérdidas y "ganancias acumulables".

Por otra parte, el sector empresarial puede aplaudir la desaparición del IETU como impuesto complementario al ISR y del IDE cuya tributación se consideraba doble.

Sin embargo el análisis inicial indica que las clases medias serán las sacrificadas, primero por la posible aplicación de IVA a colegiaturas, sobre todo porque el Estado no ha garantizado una educación pública de calidad y el esfuerzo económico para estas familias es de consideración por su nivel de ingreso; además el mismo impuesto a hipotecas, porque este recurso financiero es altamente demandado por las familias de ingreso medio, así que el acceso a la propiedad inmobiliaria y productiva, según sea el caso, se encarecería en función de la mayor recaudación para el Gobierno Federal.

Se propone que el ISR a personas morales permanezca en 30%, sin embargo este impuesto se elevaría a 32% a las personas físicas con más de 500 mil pesos de ingreso anual, por tanto otra vez la más afectada es la clase media.

Con el sustento de que el ahorro es insuficiente para financiar las actividades productivas una política económica keynesiana propone comoestrategia el déficit público, una alternativa aceptable si se realiza una adecuada planeación financiera para cumplir los compromisos de pago sin afectar la dinámica económica.

Para el próximo año se propone un déficit de 1.5%, lo que resulta alrededor de 800 mil mdp que incrementaría la deuda federal en casi 5 billones 300 mil millones de pesos.  

¿De ahí se obtendrían los recursos económicos para la pensión universal y para el seguro de desempleo?, ¿o estas propuestas sólo son para calmar los ánimos a una sociedad descontenta y harta de la corrupción?, ¿será que el descontento acentuado pone en riesgo la reforma energética?

La verdad de la deficiente intermediación financiera en nuestro país es que precisamente los bancos son totalmente ineficientes en su operatividad, en el servicio, además cobran comisiones excesivas y tasas de interés al crédito son muy elevadas, pero curiosamente en la reforma hacendaria no se proponen impuestos extraordinarios a este sector para compensar su descarada voracidad.

Según la reforma, la carga tributaria de Pemex se reduce de 79% (alrededor de 650 mil mdp) a 60% de sus utilidades netas (aproximadamente 550 mil mdp), recursos insuficientes para su posible modernización ¿o es que la administración federal y sus aliados políticos le apuestan a la inversión privada en la paraestatal?

De aprobarse como se presenta, la propuesta tenderá a reducir el consumo (demanda), lo que no abona a la economía en estos tiempos de desaceleración económica en EU, porque los indicadores de relativo crecimiento son sólo marginales. Así que la propuesta es en mucho recaudatoria.

La propuesta de reforma hacendaria presentada en la tarde del domingo 8 de este mes alarmaría a cualquier inversionista especulativo, sin embargo el lunes 9, la BMV incrementó su índice de cotizaciones en un 2.3%, con alzas y bajas no significativas a lo largo de la semana pasada, por otra parte el tipo de cambio se apreció de un 13.80 a 13.00 pesos por dólar (6.15% semanal), efectos extraños que son indicadores; para los inversionistas extranjeros es muy importante no tensar más la cuerda que provoque mayor descontento social, para que la reforma energética no corra riesgos.  

Desde resultar cierta esta perspectiva, ¿se gobierna para la sociedad mexicana o para los intereses de poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros?

COLABORACION ESPECIAL

José María González Lara

*El autor es Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila.