Mazacote legislativo

Porfirio Muñoz Ledo

Qué lejanos se ven aquellos días en que apareció rodeado de fanfarrias el Pacto por México con una secuencia temática ordenada en el tiempo que hacía suponer acuerdos fundamentales de los tres principales partidos políticos sobre los problemas esenciales del país. Se omitían las diferencias existentes en muchos de esos puntos entre las propias organizaciones y en el interior de las mismas. Se ignoraban las vivas reacciones que algunas de esas propuestas iban a generar entre amplios sectores de la población y entre los actores interesados.

El debate salió a la calle desde las primeras reformas adoptadas en materia educativa y luego se extendió a punto de indignación por las iniciativas avanzadas sobre las cuestiones energéticas y hacendarias. Para colmo se planteó, en virtud de las desaseadas elecciones locales, que las reformas políticas tendrían prioridad y se propuso que debían ser admitidas a dictamen y votación para el 14 de octubre próximo. Ocurre que existen, a la fecha, cuando menos tres iniciativas en la Cámara de Diputados y cuando menos dos en el Senado de la República, que tienen pocos puntos de contacto, muchas divergencias y escasa congruencia.

Algunas ya despertaron vigorosas reacciones en contra, como convertir al IFE en un Instituto Nacional de Elecciones -contra lo que se han invocado principios básicos del federalismo, sin ofrecerse una solución que permita atenuar la excesiva influencia que ejercen los gobernadores sobre los procesos políticos locales-. ¿No podría encontrarse la fórmula para colocar el ejercicio de los derechos políticos, en tanto derechos humanos, por encima de las jurisdicciones particulares? ¿Cómo asegurar, por otra parte, la ciudadanización confiable de ese nuevo organismo a fin de evitar la multiplicación del poder de los partidos?

La cuestión toral del cambio del régimen de gobierno no parece haber llegado a un punto suficiente de maduración: ¿qué nivel de parlamentarización del sistema estarían dispuestos a aceptar los actores y cómo se combinaría este nuevo ordenamiento con la elección a dos vueltas del presidente de la república. En aras de hacer más nítidos los resultados podríamos encontrarnos con un vencedor en el segundo turno que dispusiera de un minúsculo grupo parlamentario y que se vería obligado a coaligarse con fuerzas superiores a las suyas. ¿En dónde se situaría el eje programático del gobierno?

En el camino de un consenso sobre la plena autonomía del Distrito Federal, que se denominaría en adelante Ciudad de México y mantendría la sede de los poderes federales, parece que hemos avanzado de modo más consistente, pero quedan cuestiones cruciales por determinar como la naturaleza de las demarcaciones territoriales -o ayuntamientos-, sus facultades, su grado de descentralización y su composición plural. Está también por determinarse la forma de organización de la Asamblea constituyente de la ciudad.

Sería inconcebible una reforma política de gran envergadura que dejara a un lado el tema del auténtico federalismo y sus implicaciones fiscales, así como el necesario fortalecimiento del municipalismo. En materia de democracia participativa hay asuntos esenciales por dirimir, como la eliminación de dinero privado para las campañas y los apoyos públicos en términos de equidad. Por lo que hace a la consulta popular es indispensable expedir la ley reglamentaria, en lo que el legislador ha sido omiso desde el pasado 8 de agosto y en la que podría establecerse que en situaciones extraordinarias podría celebrarse por fuera del marco de las elecciones federales.

Nos encontramos ahora mismo frente a un caso excepcional en el que existe una tendencia mayoritaria para que se consulten a la población las iniciativas de reforma constitucional en materia energética. La doctrina reconoce que hay principios fundamentales, llamados también "pétreos", como la soberanía popular, el sistema representativo o los derechos humanos, que no podrían ser modificados por el Constituyente permanente, sino que requieren el concurso de un Constituyente originario. De no existir la posibilidad de organizarlo, es preciso -cuando menos- el método del referendo, como se aplica en muchos países y como lo exige en México la ciudadanía. Qué ocasión más adecuada para introducir desde ahora esta práctica.