El Plan Estatal DDHH

A las familias de las personas desaparecidas

El día de ayer el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdez, presento su Programa de Derechos Humanos que tiene por objeto introducir en la política pública el enfoque de los derechos humanos bajo los estándares contemporáneos. 

Se trata de un plan relevante para la vida pública del Estado: por primera vez se va tener en Coahuila -y en un estado de la República- una política de Estado que orientará la acción de toda la administración estatal para cumplir con las obligaciones que las autoridades deben observar conforme a los derechos humanos y sus garantías. Es una obligación del Estado mexicano que las Naciones Unidas le reconoce a Coahuila por ser el pionero que inicia el camino del Programa Nacional. 

Es un cambio radical de paradigma. Las autoridades a la hora de planear sus políticas públicas deben tener en cuenta criterios diferentes a la esfera propia de la discrecionalidad política de la mayoría. No se trata de inventar o innovar programas con gran rentabilidad electoral. La cuestión más bien es la rentabilidad de la dignidad humana: cómo construir políticas para proteger a los más débiles: los discriminados, los marginados, los desaparecidos, los mineros, los que padecen hambre, los grupos vulnerables.

Al Estado de Coahuila, por tanto, se le harán nuevas preguntas. Un simple ejemplo hipotético: ¿es conforme a los DDHH un programa de ofrecer pintura, cemento o restaurar fachadas para casas? Esa acción tendrá ahora que revisarse bajo los estándares del derecho a la vivienda digna. Si esos programas son idóneos, necesarios y útiles para cumplir con el contenido esencial de ese derecho, entonces el Estado estará cumpliendo con su obligación principal: respetar los derechos humanos. Si no, el Estado tendrá que reconceptualizar su política de vivienda para que de manera gradual vaya observado los criterios que de manera fundamental debe garantizar a las personas para disfrutar de una vivienda digna.

El nuevo enfoque en la política pública lo van a tener que hacer todas las autoridades en todas las áreas de gobierno: salud, educación, medio ambiente, trabajo, desarrollo rural y urbano, justicia, etc. La política con enfoque de derechos humanos, en consecuencia, no es una cuestión de moda. Es la principal obligación que el Estado mexicano debe cumplir conforme al artículo primero de la Constitución y que ahora en Coahuila cuenta con un Programa vanguardista que vinculará el quehacer gubernamental. 

Este programa, además, es un documento avalado por Naciones Unidas que a lo largo de todo el año fue construido bajo la coordinación de Ejecutivo del estado, a partir de un proceso de diálogo y discusión con grupos sociales relevantes, con la academia y las instituciones públicas. Su presentación, sin duda, demuestra el compromiso político que el Gobernador asumió desde su toma de protesta bajo su idea del nuevo pacto social: una nueva forma de gobernar, ante todo, implica una nueva política de Estado que en el centro de sus decisiones esté presente la dignidad de la persona como fundamento del poder público.

El programa, por otra parte, destaca seis DDHH que el Estado se ha comprometido velar de manera prioritaria: personas desaparecidas, alimentación, mujeres, personas mineras, niñas, niños y adolescentes y migrantes.  Me consta que el Gobierno del Estado ha puesto un énfasis especial en la atención de los derechos de las personas desaparecidas. Falta mucho por hacer pero se han creado las condiciones para construir, junto con las familias de las personas desaparecidas, una política de Estado que resuelva los diferentes problemas que enfrenta la violación más grave de derechos en México. 

Pues bien, así como se han construido los espacios sociales en esta crisis  humanitaria de los desaparecidos, el Gobierno también lo tendrá que hacer en los demás tópicos que también son fundamentales en Coahuila para vivir en una sociedad democrática con derechos.

Por ahora creo que hay que reconocer que el Gobernador del Estado ha asumido, a mi juicio, el compromiso político más importante de su período gubernamental: garantizar una política de derechos humanos que puede transformar su quehacer político en beneficio de los más débiles, la ley de los derechos y sus garantías.

Enhorabuena por el gran trabajo de María del Carmen Galván que desde la Unidad de los DDHH coordinó el programa que, a juicio del Gobernador, es el más importante de su Gobierno. A los investigadores de la Facultad de Jurisprudencia, Sergio, Gustavo, José Luis y Victoria les reconozco su compromiso intelectual por influir con sus ideas y trabajo para que nuestra Universidad participara de manera activa en la elaboración, redacción y discusión del programa. 

Ahora toca, a todos, exigirle a las instancias de Gobierno el cumplimiento de este compromiso de Estado.