Michoacán, el Senado debe intervenir

Lo ocurrido en Apatzingán demuestra que el problema persiste. Que la fórmula con la que se intentó en el pasado contrarrestarlo no dio resultado, pero que también empiezan a surgir dudas con respecto a si con el nuevo gobierno la situación vaya a mejorar.

Mientras tanto persiste la desolación entre sus habitantes que nadie mejor que su obispo ha logrado sintetizar. Frente a la situación de emergencia, lo que falta es una respuesta gubernamental satisfactoria, un liderazgo político que la enfrente con lucidez, perseverancia y valentía. La emergencia michoacana así lo exige.

La violencia y el crimen se apoderaron de Michoacán en la medida en que se debilitó la autoridad (todas las autoridades). Entre más débil fue la autoridad política, más creció el crimen. Como si fueran vasos comunicantes, cuando una sube la otra baja. Ahora se necesita realizar la operación inversa: reconstruir paso a paso la autoridad y la convivencia de los michoacanos. Y eso no se consigue por decreto, sólo con la presencia de las fuerzas federales y ni siquiera con más dinero para el gobierno local.

En Michoacán hay una situación de Estado fallido. No se recuperó la tranquilidad de la población con la estrategia de guerra que buscó aniquilar por la fuerza a las organizaciones criminales. No se volverá a la tranquilidad sólo porque mejore la coordinación entre las fuerzas federales que ahí operan o se concentren los operativos en objetivos mejor delineados por la inteligencia. El problema es mayor. La sociedad ha perdido la confianza en la autoridad, en todas las autoridades, y por lo tanto en que ésta restablezca un orden básico en el que confíen empresarios, maestros, campesinos, comuneros, indígenas, así como los turistas que desean visitarlo. Hoy hay un círculo vicioso donde la violencia empobrece, ahuyenta inversiones y ahonda la fractura social. Ese círculo vicioso no se puede resolver sólo por la fuerza, o con la fuerza como instrumento principal.

En la emergencia las autoridades deben contribuir a reestablecer la tranquilidad y el libre tránsito, pero difícilmente tendrán éxito si las acciones coercitivas no tienen un sólido encuadre legal, sustento social y un fin planeado.

Hay que acompañar todas las acciones federales y locales de una plataforma de legalidad y respeto a los derechos humanos. Que todo lo que se haga esté respaldado. Que los actos de violencia se investiguen y procesen judicialmente. Es necesaria una concentración de recursos humanos, materiales y de autoridad sin precedentes para establecer condiciones de imparcialidad y honestidad en la procuración y administración de justicia.

Se necesita un plan social que de manera efectiva ofrezca oportunidades a los jóvenes, con programas de diversificación agrícola, ganadera y forestal, con sustitución de cultivos, programas emergentes de empleo para mejorar la infraestructura y mejorar los servicios en las colonias más depauperadas, capacitación, becas, servicio social. Ello ayudaría a reactivar las actividades económicas y a proteger lo que queda de empresas locales.

Se necesita un plan político. No será posible reestablecer la gobernabilidad con una fragmentación política donde todos compiten y con organizaciones sociales con historias de reclamos no satisfechos y que no encuentran respuestas. La violencia y la extorsión han dejado paralizadas a todas las autoridades de gobierno.

No está al alcance de los poderes locales reestablecer la gobernabilidad. 

El Senado, en acuerdo con el Ejecutivo, puede y debería intervenir con base en un plan político para concentrar facultades de los tres niveles de gobierno, definir el marco de actuación de las fuerzas federales, facilitar treguas, evitar la criminalización de la protesta social, corresponsabilizar a todas las fuerzas políticas dentro de una fórmula de inclusión política y social que las anime a cooperar. El Senado tiene la obligación de ofrecer una salida digna, honesta y patriótica.