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Opinión
/ 4 febrero 2014

A estas alturas del partido, los caciques del transporte urbano de Saltillo seguramente están pensando en instituir el 28 de enero como día del concesionario y es que en esa fecha los transportistas consumaron su ascendencia sobre el alcalde Isidro López Villarreal y acabaron de tajo con el proyecto para modernizar el servicio.

El martes 28 de enero, en rueda de prensa, López Villarreal anunció, en los hechos, la cancelación del proyecto para reestructurar y modernizar el transporte en Saltillo, mejor conocido como Saltibús.

Por las declaraciones realizadas durante la rueda de prensa, no se alcanza a percibir si López Villarreal hablaba como Alcalde o como un gerente del transporte urbano contratado por los concesionarios. Adelantó el despido de cerca del 50 por ciento de los choferes, pero no dio fecha para iniciar un plan modernizador del servicio.

López Villarreal acabó así con el primer esfuerzo serio de la autoridad municipal por retomar la rectoría en materia de transporte urbano, que legalmente le corresponde al municipio, pero de facto está en manos de los transportistas.

Antes de la llegada de Jericó Abramo Masso a la Alcaldía de Saltillo, los concesionarios decidían por donde pasaban las rutas o si se abrían nuevos trayectos; se repartían la ciudad como un botín, disponían que grupo de transportistas podía pasar por una calle o colonia, resolvían si se otorgaban nuevas concesiones y llevaban mano para obtenerlas, en una palabra los concesionarios mandaban, asumían una función que en teoría corresponde a la autoridad municipal.

Desde su llegada a la presidencia municipal, Abramo Masso anunció el proyecto Saltibús, su objetivo principal era modernizar el servicio, pero eso es sinónimo de arrebatar la rectoría del transporte a los concesionarios. Fue el punto de quiebre y por eso los transportistas se enfrentaron, poder a poder, a la autoridad municipal.

Los concesionarios vencieron, primero aplazaron la entrada en vigor del proyecto, después lo modificaron de tal manera que al ponerlo en práctica resultó un fracaso. La administración municipal encabezada por Jericó se vio obligada a acortar las rutas troncales planteadas originalmente, solo llegaban de la periferia al centro sin atravesar la ciudad; nunca pudo establecer las rutas alimentadoras, los transportistas no accedieron a suprimir o modificar el trayecto de sus rutas.

Al llegar Isidro López Villarreal a la alcaldía de Saltillo se esperaba que reestructurara el Saltibús para convertirlo verdaderamente en un instrumento de modernización y mejora del transporte urbano, pensando en los usuarios, es decir, el grueso de la población saltillense; y no en los concesionarios, una minoría que históricamente ha prestado un pésimo servicio como una forma de incrementar sus ganancias.

Durante el proceso electoral los concesionarios ofrecieron su apoyo a Isidro López Villarreal y el alcalde panista, en una muestra de novatez política, le paga el favor a los concesionarios con la cancelación del Saltibús. López Villarreal parece hoy más preocupado por quedar bien con los transportistas que por tomar las mejores decisiones para la ciudad.

Por lo pronto los concesionarios se quedaron con los camiones del Saltibús, la tarifa se incrementó, el servicio no mejoró, 26 millones de pesos del erario público se tiraron a la basura y aún no se tiene claro cómo y cuándo se va a modernizar el transporte en Saltillo.

* El presente artículo expone mi punto de vista personal, no la opinión del Instituto en el que trabajo.

twitter @bebefuerza
hmedinaf3@gmail.com

Columna: Acrópolis

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