Reforma electoral para la democracia

Las recientes reformas electorales aprobadas por el Congreso son un paso más en la construcción de reglas democráticas para el acceso al poder, necesarias para un país en tránsito de un régimen autoritario a uno plural y abierto.

La reforma de 1996 permitió la autonomía e independencia de la autoridad electoral federal. Sin embargo, persistieron prácticas antidemocráticas como el uso indebido de recursos y programas públicos en las campañas, el rebase de los topes de gastos sin que hubiera sanción, la violación de las reglas para una participación equitativa en radio y televisión. Y, en los últimos tiempos, se acentuó el control de los gobernadores sobre las autoridades electorales locales. En muchos nunca se ha dado la alternancia.

En el Pacto por México, cuando funcionó, se estableció la necesidad de superar estos problemas. Así, se efectuaron reformas constitucionales y, en últimos días, las correspondientes reformas a las leyes secundarias.

Los contenidos más relevantes instituyen una autoridad nacional electoral que se encargará de organizar las elecciones federales y las locales; habrá equidad de género para cargos de elección popular; se regula el derecho para postular candidaturas independientes; se sancionan con la anulación triunfos electorales a quienes hayan rebasado el tope de gastos, hayan incorporado ilegalmente dinero a las elecciones o hayan adquirido espacios en radio y televisión; la autoridad electoral dictaminará los informes de gastos de campañas antes de que se califique la elección y denunciará a los funcionarios que cometan infracciones electorales.

Todos estos avances se vieron empañados por un asunto que nunca fue parte de las discusiones: la pensión vitalicia para los magistrados electorales. Fue algo que el PRI metió en la agenda, que se permitió que permaneciera en la mesa de discusión y que se aceptó que continuara y terminó siendo aprobado, aún con la oposición del PRD, especialmente en la Cámara de Diputados. Afortunadamente ahora todos los partidos están de acuerdo en derogarla.

Admito que cuando se habla de reformas electorales una parte importante de la gente identifica estos temas como de interés exclusivo de los partidos. Existe una amplia percepción de que todo lo relacionado con lo público es corrupto y está alejado del interés de la gente, y que solamente lo privado es ajeno a privilegios indebidos. A ello han contribuido no pocos líderes políticos y sindicales que han desvirtuado el quehacer público.

Sin embargo, mientras más claras, transparentes y democráticas sean las reglas de la competencia electoral, mayor será la capacidad de la gente para combatir la corrupción y evitar que intereses privados se adueñen de lo público. La desigualdad social se combate mejor en sociedades más democráticas y con mayores contrapesos, aún en un mundo globalizado.

Cuando hace unos días alguien me cuestionaba sobre por qué tanta atención a las reformas electorales y no a los problemas de la gente, yo le respondía que no era así, que un problema central para la gente es cómo elegir mejores gobernantes y además porque en el 2015 la gente también podrá postular candidaturas sin intermediación de los partidos y podrá decidir el futuro de la patria en la consulta popular sobre la reforma energética. Los asuntos electorales no son ya más asunto exclusivo de los partidos políticos. Son ya propiedad de la gente. Por eso esta reforma electoral es para la democracia, para el bien de la gente.


Por Jesús Zambrano Grijalva
(El autor es Presidente Nacional del PRD)