La policía y el alcalde

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Gro., ha conmovido a la opinión pública. Como nación no sólo nos obliga a reflexionar respecto a lo ocurrido. Tenemos el deber de ir más allá de la indignación y ver hacia delante con una pregunta en mente: ¿qué podemos hacer para evitar que una masacre, como la que los testigos del caso han narrado, vuelva a ocurrir en nuestro país? Y no me refiero a la violencia y a la barbarie, también a la corrupción de las autoridades municipales que alentó a los perpetradores.

Las declaraciones de detenidos y testigos señalan a la policía municipal de Iguala como la responsable de detener el autobús en el que viajaban los normalistas, en un enfrentamiento en el que murieron seis personas, y de entregar a los jóvenes a sus verdugos. Según los testimonios, el presidente municipal y el jefe de la policía de Iguala recibían mensualmente dinero de la banda criminal Guerreros Unidos a cambio de protección. La PGR detuvo al exalcalde, acusado de ser el autor intelectual del homicidio de los normalistas. Los policías que participaron en la detención del autobús y entregaron a los normalistas a Guerreros Unidos están bajo proceso. El jefe de la policía sigue prófugo.

Pero alcalde y policía son dos figuras en esta historia en las que conviene centrar la reflexión. De tiempo atrás se ha identificado a los policías municipales como el eslabón más débil de nuestras instituciones de seguridad pública. Debido a su falta de profesionalización, son las fuerzas policiacas más corruptibles y que con mayor facilidad terminan al servicio de los propios criminales. La diversidad e independencia con la que operan da lugar a graves problemas de coordinación con las fuerzas estatales y federales, que contribuyen a la creación de un espacio de impunidad que el crimen organizado aprovecha.

La proliferación del crimen organizado en diferentes regiones del país también ha puesto a las presidencias municipales bajo una poderosa influencia corruptora. Con la consigna de plata o plomo, las bandas criminales las someten y manipulan para ponerlas al servicio de sus intereses siniestros. Abandonados a su propia suerte, los gobiernos municipales en las áreas de mayor violencia del país se enfrentan a una disyuntiva aún peor: con cuál de las bandas criminales en pugna aliarse. Y, como sucedió en Iguala, Guerrero, terminan confundiéndose con las mismas organizaciones delictivas.