Abrazos, no balazos... ni apuntar con las armas

10 de diciembre de 2006. Sólo han pasado nueve días desde que Felipe Calderón asumió la presidencia de la República. ¿La orden? Desplegar 6 mil 500 elementos del Ejército en Tierra Caliente, Michoacán -su estado natal-. ¿La razón? Poner en marcha el “Operativo conjunto Michoacán”, con el objetivo de combatir al crimen organizado en la entidad por cielo, mar y tierra, operativo en el que también se implementaron asentamientos militares en Chihuahua y Baja California.

Calderón le había declarado “la guerra” al narcotráfico, dándole un garrotazo al avispero, escondiendo la mano y dejando a la población sin una estrategia que atendiera las causas que enraizan la violencia. Esto inauguró una etapa de oscurantismo, miedo abrupto y excesiva preocupación para los mexicanos, lo que desgarró el tejido social de una forma nunca antes vista solo en la época de la revolución. Los encabezados de los periódicos denotaban una cosa; combatir al crimen organizado fuego con fuego, invadiendo las calles y lugares públicos, además de las pérdidas humanas en ese “combate”, serían los daños colaterales. Me imagino que el presidente Calderón buscaba legitimarse por el fraude cometido en el proceso electoral de ese año.

Enero de 2007. Felipe Calderón visita la 43 Zona Militar ubicada en Apatzingán, enfundado en un traje militar, con aires de dictador autoritario y les pide a los soldados no desistir en la batalla contra el crimen organizado. El mensaje de un general ambicioso que le pide a sus soldados abandonarlo todo y salir a entregar sus vidas a toda costa.

Noviembre de 2011. Se filtra a la prensa el informe del Congreso de Estados Unidos respecto al escándalo del operativo de ventas de armas en Estados Unidos a cárteles mexicanos, mismo que realizó la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en Inglés). Este escándalo denotaba que en 2006 y 2011 se introdujeron al territorio nacional y de manera ilegal, más de 2 mil 500 armas de alto calibre y de uso exclusivo del ejército mexicano y estadounidense. Armas de las que se perdió pista pues se desconoce cuál es paradero final de ellas, ya que solo se pudieron identificar poco más de 300, a pesar de que contaban con chip de rastreo. Este acontecimiento terminó ocasionando la militarización del crimen organizado.

Desde que Calderón declaró la absurda guerra contra la delincuencia organizada, los homicidios dolosos crecieron 192 por ciento en su sexenio, respecto al periodo del gobierno de Vicente Fox. En el de Enrique Peña Nieto, esta cifra aumentó 60 por ciento respecto al de Felipe Calderón; en esos tres sexenios mencionados, el tema de la inseguridad fue minimizado por los medios corporativos de información, quienes resultaban beneficiados como ya se ha dado a conocer en el actual gobierno. Con la llegada de la Cuarta Transformación, de 2019 a lo que va de 2022, se ha reducido un 10 por ciento respecto al sexenio de Peña Nieto. Ante esa realidad y tomando en cuenta que desde el 2008, cada año era el año más violento en el país, por una tendencia de homicidios dolosos a la alza, podemos decir que estamos viviendo años históricamente seguros, con reducción notable en la violencia. El tema de la seguridad pública es estructural y por eso resulta mezquino el argumento de la oposición y de los medios corporativos de comunicación que que el sexenio actual ha sido el más violento. Ahora sabemos que en años pasados era imposible una reducción a esos índices por no tener una estrategia ni tácticas de uso del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, y una Policía Federal totalmente penetrada por el crimen organizado. Esos fueron los motivos de que a la llegada del presidente López Obrador, se extinguiera esa institución corrompida y se creara la Guardia Nacional. ¿La prueba más palpable de que era una institución corrompida? Genaro García Luna, secretario de seguridad de Felipe Calderón, se encuentra preso en Estados Unidos por complicidad con la delincuencia organizada .

Dentro de la gran crisis de seguridad pública que vive México, se busca una estrategia o varias, para combatir lo que causa la inseguridad desde su raíz, sin aventar piedras y esconder la mano. Tal es el caso de la llamada “abrazos, no balazos”, que atiende a las juventudes empobrecidas y marginadas en los sectores vulnerables, que son el caldo de cultivo para integrar las filas del crimen organizado, con programas sociales. Sin embargo, a la par en 2019, se creó la Guardia Nacional con mando civil y se creó un marco jurídico para que las fuerzas armadas realizaran tareas castrenses y de seguridad pública hasta marzo del 2024. Además, se cuenta con protocolos de actuación en materia de Derechos Humanos , atención a la ciudadanía y perspectiva de género tanto dentro de la guardia nacional como del ejército.

No obstante, la falta de elementos de seguridad pública en las entidades federativas y en los municipios, provocó que el gobierno de la 4T impulsara una iniciativa de extender el plazo de las fuerzas armadas hasta 2028 y que la guardia nacional se incorporara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero la iniciativa generó mucha polémica en la oposición, principalmente en el Partido Acción Nacional, cuando ellos fueron los que sin ningún protocolo y violando la ley, sacaron al ejército y a la marina a la calle sin un marco jurídico claro ni mecánicas de actuación ante la ciudadanía, violando en su totalidad los derechos humanos durante sus periodos presidenciales.

Lo que no ha entendido la oposición es que el presidente López Obrador está haciendo lo que no se hizo en cuatro décadas y consigue en solo cuatro años; trasformar la institución de las Fuerzas Armadas Mexicanas, asignándoles otras tareas que no son de defensa, ni de seguridad, ni de intimidación a la ciudadanía, como son la construcción de obras públicas, por ejemplo, la refinería dos bocas.

No somos omisos de los crímenes de lesa humanidad que han cometido algunos miembros del Ejército, los cuales repudiamos categóricamente en el tiempo que lleva esa institución, pero sí debemos de renovar las fuerzas armadas y darle un enfoque con dimensión social, no solo bélico, para que nunca se vuelva usar el ejército para lastimar, violentar, reprimir y asesinar al pueblo. Estamos en contra de la militarización en esos términos, en los dañinos, en los que le quitaron el sueño y las ganas de salir a las calles a miles de mexicanos y mexicanas en sexenios pasados. Queremos que haya un nuevo paradigma en el que se pueda confiar en las instituciones; uno en donde de verdad se den abrazos, de todo tipo.

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