‘Huachicol’: se trata de una industria diversificada
Se trata de una industria criminal sofisticada, con redes de complicidad institucional y ramificaciones que operaron durante años fuera del radar público, compitiendo de facto con Pemex
El “huachicol” está de nuevo en el centro de todas las conversaciones y hay buenas razones para ello: los datos que se revelan todos los días en torno a esta ilícita actividad van consolidando la idea de que se trata de una gigantesca industria, que genera ganancias monumentales sólo explicables mediante la participación de agentes gubernamentales.
Lo anterior es particularmente cierto en el caso de Coahuila, pues el decomiso de casi 15 millones y medio de litros de combustibles, almacenados en 129 ferrotanques “abandonados” en un patio de maniobras en Saltillo constituye, hasta hoy, el récord del mayor volumen decomisado en la historia.
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Tal hecho, como se ha informado profusamente, ha arrojado luz sobre una arista del fenómeno de la que poco se ha hablado realmente, lo cual ha permitido que permanezca más o menos al margen del escrutinio público: el denominado “huachicol fiscal”.
Como no podía ser de otra manera, al ventilarse públicamente el “negocio” del huachicol fiscal y sus características, necesariamente va quedando cada vez más claro que estamos ante un entramado sumamente complejo que involucra a cientos −o miles− de personas, pues de otra forma no podría funcionar en las dimensiones que lo hace.
No debe sorprender por ello, como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, que la industria del huachicol haya dado lugar a una suerte de “ramas” o “áreas de negocio” que se especializaron en la ejecución de una parte específica de la trama.
De acuerdo con registros de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la operación del “negocio” se divide en al menos cinco áreas: resguardo de combustible de origen ilegal en empresas establecidas, almacenamiento para venta, traslado clandestino, tomas ilegales y comercialización.
El señalamiento anterior es mucho más que un dato anecdótico. Y lo es porque estamos hablando, en estricto sentido, de una corporación que “compite” con Petróleos Mexicanos, pues tiene una “participación de mercado” equivalente al 30 por ciento de los combustibles que se comercializan en las estaciones de servicio legalmente establecidas en el país.
Administrar un negocio de este tamaño es sumamente complejo y por ello se entiende que se hayan desarrollado áreas dedicadas específicamente al manejo de una parte de sus actividades.
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Señalar lo anterior es relevante para insistir en los cuestionamientos que hemos venido haciendo en este espacio en los últimos días: ¿cómo fue que llegamos a este punto y cuáles fueron los mecanismos merced a los cuales se construyó esta gigantesca operación delincuencial en el país?
Y, por supuesto, la mayor duda de todas es si los operativos que han sido reseñados en los últimos días son evidencia de una auténtica determinación por ponerle fin a esta actividad criminal o, como suele ocurrir, una vez que se disipe en el ambiente el humo de la pirotecnia, quienes se han beneficiado de este negocio lo retomarán sin rubor alguno.
