Accidentes viales: ¿otro problema sin atención?

La seguridad de las personas constituye una de las obligaciones del Estado. Desplegar estrategias para garantizar su integridad, así como la de sus bienes representa un reto permanente y eso incluye, por supuesto, el prevenir de manera eficaz los accidentes viales.

Quienes se colocan detrás de un volante tienen, desde luego, la obligación primaria de contar con los conocimientos para conducir un vehículo y la responsabilidad de no hacerlo si carecen de la habilidad respectiva o la unidad no se encuentra en las condiciones adecuadas para circular.

Sin embargo, la autoridad tiene el deber de no extender el permiso de conducir respectivo a quien no tenga las habilidades mínimas requeridas −o de retirárselo cuando las pierda−, así como de impedir la circulación de vehículos que no reúnan las características adecuadas.

Y en esta tarea, a juzgar por las estadísticas crecientes de percances viales en los cuales se registran muertes o personas lesionadas, claramente la autoridad está fallando en Coahuila.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al incremento de 17 por ciento en el número de víctimas fatales, y de 28 por ciento en el de lesionadas, registrado en 2022 en la entidad, en comparación con las cifras del año previo.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado se registraron en nuestra entidad 256 accidentes vehiculares −en zonas urbanas y en carreteras− en los cuales perdieron la vida 295 personas y otras mil 168 resultaron lesionadas.

¿Cuántos de estos accidentes pudieron evitarse? Como se ha reportado en numerosas ocasiones, muchos de los accidentes
viales ocurren por la combinación de dos o más de los siguientes
factores: exceso de velocidad, malas condiciones de la unidad, falta de pericia del conductor o el hecho de encontrarse éste en estado de intoxicación por alcohol y/o drogas.

El incremento en el número de accidentes viales, así como en el de víctimas, evidencia con toda claridad que las regulaciones para impedir que alguien sin la pericia adecuada −lo cual incluye la responsabilidad de no conducir en estado inconveniente− se coloque detrás de un volante.

Las cifras reportadas al SESNSP tendrían que generar, en consecuencia, una reacción inmediata de las autoridades estatales y municipales para actuar en favor de quienes, debido a las circunstancias actuales, son víctimas potenciales de un conductor irresponsable.

No se trata, en principio, de adoptar una actitud punitiva en contra de quienes no asumen a cabalidad la responsabilidad que implica conducir una unidad automotriz, sino de actuar en favor de quienes pueden convertirse en víctimas de sus actos: los conductores u ocupantes de otros autos y los transeúntes.

La estadística refleja sin ambigüedades una realidad que reclama atención inmediata. Cabría esperar que quienes tienen la obligación de reaccionar lo hagan sin dilación.