Amenazas, muerte e impunidad contra periodistas

Opinión
/ 7 noviembre 2021

    Históricamente, el ejercicio periodístico ha tenido una función social importante. Su desarrollo se basa, fundamentalmente, en el valor de la libertad de expresión para los sistemas democráticos. Un periodismo libre permite la potencialización y el ejercicio de otros derechos de la ciudadanía.

    En este sentido, es significativo entender que un ataque contra un periodista vulnera no sólo el derecho a la libertad de expresión de quien es objeto del ataque, sino también de todas las personas, limitando el acceso a la información necesaria en las sociedades democráticas. En otras palabras, los actos de violencia hacia el gremio limitan la posibilidad de la sociedad de informarse y hacen imposible conocer la verdad, recibir respuestas claras y concretas.

    A esta idea se le añade que el papel de los medios de comunicación y el poder político han estado estrechamente relacionados. De esta forma, al ser un contrapeso y ser la voz de una ciudadanía actuante con poder de exigencia, los medios de comunicación tienen una acción efectiva en su sentido ético y de responsabilidad social de informar.

    Sin embargo, a pesar de la importancia, al ser un oficio que no está adecuadamente protegido, el periodismo es considerado como una de las profesiones más peligrosas del mundo. Ello se puede explicar por los altos índices de asesinatos, amenazas e impunidad de las que es víctima este gremio.

    Tan sólo en México, desde el 2000 hasta la fecha, se han registrado alrededor de 140 asesinatos. Según cifras oficiales, casi en el 90 por ciento de los casos no hay una sentencia condenatoria. Por su parte, la organización internacional “Artículo 19” afirma que tan sólo en el 2020 se registraron 620 agresiones, de las cuales el 49.5 por ciento fueron cometidas por funcionarios públicos.

    De esta forma, los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación frecuentemente son víctimas de amenazas, actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y acoso en la esfera digital.

    Como resultado de esta crisis, hace unos días la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recordó al Gobierno mexicano “su deber de poner fin a la ausencia de justicia” que rodea a los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales, y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que destine los recursos suficientes para ello.

    De igual forma, reiteró que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. No solamente se debe a los ataques cometidos contra este gremio, sino porque en ocasiones son ejecutados por investigar los vínculos entre el crimen organizado y el gobierno, aunado a que hay altos índices de impunidad en el País.

    De la mano con lo anterior, “Artículo 19” en su informe “Ante el silencio, ni borrón, ni cuenta nueva” (2018) identifica una serie de elementos que, a su juicio, el Estado mexicano ha utilizado de manera eficiente y violenta para limitar el derecho a la libertad de expresión.

    Entre los elementos se encuentra la impunidad y la falta de investigación, denominadas como formas de “asegurar el olvido”. Esto se debe a que si el Estado niega o entierra los actos en contra de la prensa en el debate público genera que también suceda en la verdad legal.

    En otras palabras, al descalificar, estigmatizar a las víctimas periodistas, omitir la identificación de autores materiales y de enjuiciamiento, así como la inexistencia de sentencias condenatorias genera, entre otras cosas, que no se cumplan las finalidades de las penas: la prevención general y la específica.

    La primera se refiere a que si no se sanciona al infractor se fomenta la percepción de que no se aplican sanciones cuando se delinque. Por lo tanto, no se van a inhibir de realizar estas conductas. Por otro lado, la prevención específica quiere decir que si no se aplica una pena al sujeto éste podrá reincidir porque no tuvo algún castigo.

    En este escenario, las adversidades de las que padecen los periodistas se pueden explicar porque en muchas ocasiones no se investiga de forma adecuada, no se cuentan con redes de apoyo y en algunos otros casos los medios de comunicación no les brindan seguridad.

    En suma, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con sus deberes internacionales. El asesinato contra periodistas no puede quedar impune. Se deben investigar los asesinatos, determinar las causas y sancionar a los responsables. Además, se tienen que reparar de forma digna a las familias de las víctimas, así como deben ser eficientes los mecanismos de protección a quienes han sido víctimas.

    La autora es auxiliar
    de investigación del Centro de Derechos Civiles y Políticos
    de la Academia IDH

    Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos
    de VANGUARDIA
    y la Academia IDH

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