Amílcar Olán y Germán Pérez, kriptonita para el Grupo Tabasco y los hijos de AMLO

Amílcar Olán y Germán Pérez son nombres que generan doble preocupación al Grupo Tabasco, esa amalgama político-empresarial que cruza varias generaciones y que aumentó su fortuna o se volvió millonaria durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya historia negra se escribirá con los testimonios de muchos, como el de ellos dos, quienes les fueron funcionales y que han empezado a hablar con los verdugos del macuspano: los estadounidenses. ¿Qué pudieran revelar? Para empezar, todos los cercanos a López Obrador que se empaparon de actos de corrupción, que siguen viviendo en la impunidad, sin investigaciones en contra y con sus negocios floreciendo.

Germán Pérez, nombre desconocido por millones, es una pieza clave por haber jalado el seguro para que el andamiaje de poder, construido gracias al picaporte en el despacho presidencial, con la percepción de aval y protección del expresidente, se hiciera público, abriendo una herida que, pese al encubrimiento del régimen, no ha impedido que siga sangrando. Pérez, indignado porque Amílcar Olán le estaba robando dinero, filtró a los medios y a organizaciones civiles las grabaciones telefónicas donde menciona a los hijos de López Obrador como las cabezas de múltiples negocios multimillonarios.

Las grabaciones dadas a conocer en 2023 fueron una fuerte sacudida a un árbol cuyas hojas más débiles empezaron a caer. Al ser audios tan comprometedores, provocaron una reacción defensiva: investigar de dónde habían salido. Uno de los operadores financieros del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el joven empresario Mario Pacchiano, a quien se investigó –y nunca se hizo nada– por la venta de medicinas a sobreprecio, cercano al grupo de Amílcar Olán y Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, contrató los servicios de Susu Azano Hester, hijo de Susumo Azano Matsura, quien le vendió el programa Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno de Felipe Calderón, y quien había sido procesado en al menos dos ocasiones en San Diego por contribuciones políticas ilegales.

Azano Hester, a quien llaman Mr. Susu, había asumido el control de la empresa familiar Security Tracking Devices, que realizaba trabajos de espionaje en dispositivos móviles en tiempo real, mensajería instantánea y correos electrónicos; fue él quien localizó a Pérez en Chiapas. Susu tiene dos investigaciones abiertas por espionaje –por el tipo de equipo israelí que vende, que está reservado únicamente para gobiernos nacionales– y, derivado de ello, por presuntas relaciones con el crimen organizado. Las investigaciones son de inteligencia. En la estadounidense, su nombre código es “Susu”, mientras que los israelitas lo identifican como “Hester”. Por recomendaciones de una secretaria de Estado, recientemente le ofreció el sistema de espionaje al precandidato al gobierno de Baja California Sur, Christian Agúndez, investigado por nexos con Los Chapitos, y que representa al PT, un partido apoyado por López Hernández.

La información que le dio Mr. Susu a Pacchiano permitió que las autoridades chiapanecas –el exgobernador Rutilio Escandón era cuñado de López Hernández– detuvieran a Pérez por un presunto fraude. De acuerdo con personas que conocen sobre el caso, lo golpearon y torturaron, pero las autoridades no pudieron probar la acusación y dos meses después fue puesto en libertad. Funcionarios mexicanos dijeron que inmediatamente se fue a vivir a una pequeña ciudad en el condado de Los Ángeles. La información que se tiene de Estados Unidos es que lleva tiempo colaborando con las autoridades federales.

Pérez era un cabo suelto, al que minimizaron y no le prestaron atención, pese a que su hermano es uno de los operadores de una de las redes de factureros construidas por el Grupo Tabasco desde el poder durante el sexenio de López Obrador, de acuerdo con una investigación de inteligencia estadounidense donde el objetivo central era el senador López Hernández. En esa investigación –como en otras– surgió también el nombre de Andy, quien aparece, admiten miembros de Morena, en negocios por todos lados.

Los descuidos son la marca del Grupo Tabasco. Amílcar Olán no dejó de hacer negocios tras difundirse las grabaciones incriminatorias, y sólo se asustó mucho tiempo después, cuando el caudal del río de denuncias sobre la corrupción en el obradorismo siguió fluyendo, al sentir que los vientos estaban cambiando para él. Amílcar Olán, quien se supone tiene lazos familiares con los López Obrador, se fue de México. Primero viajó a Dubái y después a Suiza, en donde autoridades mexicanas detectaron en septiembre que había transferido, a través de diversas rutas diseñadas por un tabasqueño que forma parte de los nuevos factureros del régimen, 3 mil millones de pesos.

De acuerdo con funcionarios mexicanos, Amílcar Olán está bajo vigilancia y saben en dónde se encuentra. En Tabasco, agregó una fuente mexicana, están inquietos por la aparente pérdida de ese dinero y por la sospecha de que el amigo de los hijos de López Obrador, que fue bisagra para la investigación de inteligencia en México –la cual está suspendida–, pudiera estar hablando con agentes de Estados Unidos. Una fuente de ese país confirmó que hay conversaciones con él, sin precisar en dónde o si son informales o de manera oficial, lo que lo convertiría en un testigo cooperante.

Olán y Pérez son kriptonita para el Grupo Tabasco y de manera directa para López Obrador. El expresidente tuvo información de los pasos en los que andaban sus hijos desde cuando menos 2022, más de un año antes de que comenzaran a salir indicios de sus actos de corrupción. El entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, que por lustros fue su jefe de seguridad, le entregó un expediente sobre lo que estaba haciendo su hijo Andrés Manuel López Beltrán. No le dijo nada López Obrador, pero trascendió que lo llamó, le reclamó, lo regañó y, finalmente, no pasó nada. Continuó en lo suyo, como hasta ahora lo hace el Grupo Tabasco.

Nota: Alex Tonatiuh Márquez Hernández, a quien cesaron en diciembre pasado como director de Investigación Aduanera tras revelaciones en la prensa sobre propiedades y lujos que no correspondían a sus ingresos, y la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos, envió una carta a quien esto escribe para refutar la columna “Cuentas pendientes en aduanas”. Se describe como un funcionario honesto, eficiente y limpio de cualquier probable delito, que no tiene abierto ningún proceso jurídico en su contra.

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