Anaya, el perseguido de AMLO

El excandidato presidencial de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, denunció el fin de semana anterior, a través de un video difundido en sus redes sociales, la existencia de un “compló” –cuyo autor sería el presidente (con minúscula) López Obrador– para ponerle tras las rejas.

El Gobierno de la República, afirmó el queretano, preparaba el escenario para sacarlo de circulación porque el Iluminado de Macuspana “no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas”.

Pocas horas después de la difusión de su primer video, Anaya publicaría uno más dando a conocer la recepción, en su domicilio, de un citatorio mediante el cual se le ordenó comparecer al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el pasado jueves 26 de agosto, a fin de escuchar la imputación de la Fiscalía General de la República en su contra.

En un tercer video, el panista señaló cómo el titular del Ejecutivo Federal había dedicado ¡58 minutos!, de sus misas tempraneras a hablar de él y de las presuntas acusaciones en su contra, reiterando de paso dos de sus más gustadas mentiras: ser ajeno al procedimiento iniciado por la FGR contra Anaya y estar en contra de la venganza.

Sobre lo primero cabe resaltar lo obvio: para no ser el autor de la trama contra el excandidato presidencial, López Obrador dedica demasiado tiempo a tratar de convencer al público sobre la “neutralidad” de una Fiscalía cuyo comportamiento la ha retratado reiteradamente como una agencia al servicio de los caprichos presidenciales.

Sobre lo segundo... bueno: pocos individuos tan afectos a la venganza hemos visto acceder al poder en nuestro país. El odio y los traumas clasistas son, a no dudarlo, características centrales de la personalidad pejelagartiana.

Pero volvamos a lo nuestro: el presunto caso armado por la Fiscalía contra Ricardo Anaya.

Como lo he sostenido en otras ocasiones, nadie puede emitir una opinión seria sobre un expediente penal sin haberlo leído y por ello debo reconocer mi ignorancia respecto de si las acusaciones contra Anaya están soportadas en evidencia sólida o no.

Más allá del expediente legal, sin embargo, resulta evidente cómo este asunto se parece más a un ejemplo de uso faccioso de las instituciones públicas, para perseguir a un enemigo político, y menos –mucho menos– a un intento serio por esclarecer un presunto acto ilegal del pasado.

Aquí resulta indispensable insistir en un hecho: la Constitución de nuestro país señala, como principio fundamental para la construcción de casos penales, el de presunción de inocencia. En consecuencia, sólo pueden emitirse opiniones de un caso a partir de dicho principio.

Parece una sutileza pero está lejos de serlo. Presumir inocentes a las personas obliga a tener algo claro: cuando alguien es señalado como presunto responsable de un hecho ilegal, eso no le coloca frente a la obligación de probar su inocencia, sino al revés: es quien acusa el obligado a mostrar la evidencia en la cual sustenta sus dichos.

Además de esto, la autoridad debe conducirse en todo momento conforme a los demás principios y reglas del procedimiento, pues solamente de esta forma puede considerársele justo.

Y aquí la Fiscalía de Gertz Manero ha sido reprobada, pues unos minutos después de iniciada la audiencia solicitada por la FGR –el jueves pasado– debió suspenderse y diferirse para el 4 de octubre próximo.

¿La razón de eso? El Consejo de la Judicatura lo explicó en un comunicado: “quedó de manifiesto... que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación” y por esta razón, “el juez decidió, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada” reprogramar la audiencia.

El final de la historia es incierto pero, al menos hasta ahora, el señalamiento de Anaya, en el sentido de ser un “perseguido político” del obradorato, parece tener más sustento. Seguiremos en el tema.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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