Une red de corrupción a los casos VANGUARDIA y Sociedad Manuel Acuña: socios afectados

En días recientes, la detención y posterior liberación en Nuevo León del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo, ha puesto bajo la lupa una presunta red de corrupción y fabricación de delitos que comparte actores y métodos en Coahuila.

VANGUARDIA entrevistó a un grupo de integrantes de la Sociedad Manuel Acuña que señalan haber sido víctimas de un despojo, un robo. Alfonso Moreno, Jorge Medina y compañeros que pidieron anonimato, señalaron que hay situaciones, personajes e irregularidades que se repitieron en ambos casos.

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Además, Xavier Laureano, presidente del Foro de Abogados Saltillo, ha indicado que la fabricación de delitos y las redes de corrupción no son exclusivas de Nuevo León, pues en Coahuila también se dan casos.

“En el caso del inmueble de la Sociedad Manuel Acuña, fue un robo lo que nos hicieron, fabricaron el caso como en el caso de Armando Castilla... es a lo que se dedican”, afirmaron los afectados en el caso Manuel Acuña.

Las personas que se repiten en el caso de despojo del edificio de la Sociedad Manuel Acuña y la fabricación de delito contra Castilla Galindo son Marco Antonio Fuentes Garza y el notario Luis Ramos Escalante.

Marco Antonio Fuentes es la persona que realizó la denuncia de fraude –a través de un despacho de abogados de Nuevo León– contra el director de VANGUARDIA, asegurando que le entregó dinero en un café ubicado en San Pedro en una fecha en que Castilla Galindo ni siquiera se encontraba en el país.

En el caso del despojo del edificio de la Sociedad Manuel Acuña, Marco Antonio fungía como delegado especial –quien finalmente formalizó la entrega del inmueble, contrario al deseo de integrantes de la misma–, y las personas entrevistadas lo identifican como cercano a Carlos Martínez Gaona, expresidente de la sociedad, a quien acusan del despojo.

Por su parte, el notario Luis Ramos Escalante, que en el caso Manuel Acuña dio fe del acto que puso fin al proceso para entregar el inmueble.

El notario fue cuestionado en ese proceso y también en la fabricación del caso contra Castilla Galindo, pues dio fe de una supuesta visita de Marco Antonio Fuentes Garza al predio por el que se acusó de fraude al director de VANGUARDIA. Algo que nunca ocurrió.

“Hubo una complicidad entre los que estuvieron en el comité, Carlos Martínez Gaona y Marco Antonio Fuentes, que era parte de su gente, con autoridades... en una ocasión fuimos a pedir el expediente y nos dijeron que se había perdido... todos están coludidos”.

-‘¿Hubo dilación?, se les preguntó.

-Más que dilación fue encubrimiento.

-¿En la Fiscalía o en el Poder Judicial?

-En todos lados.

EL DESPOJO DE UN PATRIMONIO CENTENARIO

La Sociedad Manuel Acuña, una organización con más de 100 años de historia, fue víctima de lo que los afectados califican como un atraco.

El origen del caso es un pagaré, presuntamente firmado en 2013, que se usó como base para que Gabriel Landa Tavizón, residente de Torreón, exigiera a la sociedad un pago de 5.25 millones de pesos más intereses, lo que desató un juicio mercantil que se desahogó en un juzgado del mismo municipio lagunero y, en 2019, concluyó en contra de la sociedad.

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Al final se llegó a un convenio donde la sociedad entregó el edificio (con un valor comercial de 20 millones de pesos) para liquidar una deuda que, sumando intereses, se calculó en 15 millones.

Según los testimonios de los socios, el abogado Carlos Martínez Gaona se integró a la sociedad hace aproximadamente 15 años y, mediante amenazas y decisiones en asambleas, logró cambiar la naturaleza jurídica de la organización, de mutualista a sociedad mercantil.

“Este cambio legal facilitó que un pequeño grupo de personas tomara control del inmueble, aprovechando además el contexto de la pandemia de COVID-19 para cerrar definitivamente las instalaciones y evitar la resistencia de los socios, la mayoría de los cuales somos personas de la tercera edad”, dijo el señor Moreno.

Los afectados denuncian que no solo los despojaron del inmueble, sino del piano, mesas de billar, estufas e incluso las licencias de alcoholes y la propiedad de un pozo de agua.

Además, señalan que la fachada antigua del edificio fue demolida, a pesar de las restricciones en el primer cuadro de la ciudad, lo que para ellos evidencia el respaldo por parte de funcionarios públicos.

IRREGULARIDADES JUDICIALES Y PROTECCIÓN POLÍTICA

El caso está plagado de anomalías procesales. Por ejemplo, el señor Alfonso Moreno indica que, aunque el inmueble se encuentra en Saltillo, el juicio mercantil se realizó en Torreón, para dificultar su defensa.

Asimismo, al intentar dar seguimiento a las denuncias ante la Fiscalía, los afectados descubrieron que sus expedientes habían “desaparecido” o que no se les habían entregado los sellos de recibido correspondientes.

“¿Por qué hicieron el juicio en Torreón y no aquí?... Nosotros levantamos también una denuncia en la Fiscalía, pero los dos que fueron a entregarla no pidieron que la sellaran de recibido y cuando fuimos a preguntar nos dijeron: ¿cuál expediente?, ¿cómo que un expediente?”, expuso Jorge Abel Estrada.

Debido a la serie de irregularidades que los denunciantes detectan y la permisividad de las autoridades, consideran que esto apunta a una red que alcanza altos niveles del poder público.

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LA LUCHA POR LA JUSTICIA CONTINÚA

A pesar del miedo y de las amenazas directas recibidas, un grupo de socios mantiene vigente una demanda en la Ciudad de México para intentar revertir la resolución. Los sobrevivientes de la sociedad buscan reagruparse para recuperar lo que les fue quitado arbitrariamente.

Este caso no solo representa la pérdida de un edificio histórico para Saltillo, sino que deja en manifiesto la existencia de un patrón de conducta donde autoridades del Poder Judicial y la Fiscalía parecen coludirse con particulares para facilitar el despojo de propiedades mediante el uso de la posible falsificación de pruebas.

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos en este post.