Ángela Meraz León, presidenta de Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate, Baja California, atendía su sala de belleza la tarde del jueves 8 de febrero al momento en el que un individuo ingresó con un arma y, sin decir nada, la asesinó a balazos. Meraz había iniciado un activismo incesante desde la desaparición de su hermano, en 2018, y de acuerdo con otras mujeres buscadoras vivía bajo amenaza de muerte desde hacía meses.
La mañana siguiente, en su conferencia habitual, el presidente López Obrador se dijo preocupado por el ataque y deslizó un par de afirmaciones que, a la luz de lo ocurrido, llaman a la controversia. La primera de ellas es que la activista disponía de protección estatal. La segunda, que el crimen no guarda relación con sus acciones de búsqueda. Lo de la protección, sus compañeras han dicho que no existió; jamás le fue asignada ninguna escolta.
Del presunto homicida, a quien el Presidente declaró que se tiene identificado desde el mismo día del ataque, hasta ayer domingo no se sabía más, ni tampoco algo sobre los motivos que le llevaron a despojar de la vida a Meraz.
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Guarde o no relación con sus acciones de búsqueda, el asesinato es una bala que pega directo al cuerpo del Estado. Las madres y mujeres buscadoras hace tiempo perdieron toda credibilidad en las autoridades y han dado paso al establecimiento de un discurso que busca la comunicación directa con las entidades criminales. Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, al enterarse del atentado subió un video a su cuenta de X para interpelar −como han hecho otras activistas− a las organizaciones criminales. “Cárteles: respeten la vida de las madres buscadoras”, les pide antes de ir al núcleo de un discurso que retrata la condición de gobiernos que hace tiempo abdicaron a su obligación de la custodia ciudadana.
“Somos la única oportunidad que el día que ustedes desaparezcan, nosotras los vamos a buscar. Porque antes que sus mamás pidan apoyo de las autoridades, van a solicitar el apoyo de las madres buscadoras. Así que el matar a una buscadora, el matar a una madre buscadora, es matar la oportunidad de que un día ustedes puedan volver a casa”.
Con Ángela Meraz suman siete las madres y mujeres buscadoras asesinadas desde 2021. Muchas más viven bajo amenaza de muerte o han sido víctimas de atentados y hasta desaparición, como Lorenza Cano Flores, sustraída de su domicilio en Salamanca por sujetos armados que asesinaron a su esposo y a otro de sus hijos, sin que hasta hoy se conozca su paradero.
La razón por la que existen estos colectivos de búsqueda es clara: las autoridades ni previenen, ni investigan y por consiguiente dejan en completa impunidad los casos de personas con reporte de desaparición, cuya cifra oficial se mantiene por encima de los 113 mil.
En diciembre pasado, ante la presión de activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, el Gobierno Federal presentó el resultado de una depuración de datos que redujo esa cifra a poco más de 12 mil. Se trató de una ecuación sin sustento convincente que, al final, mantiene inamovible la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
La desaparición de personas es probable que sea la herencia más terrible que dejó el sexenio de Felipe Calderón, con todo y los más de 120 mil asesinatos cometidos en el marco de su política anticrimen. El indicador de uno y otro delito no ha hecho sino incrementarse desde entonces, y con ello el desamparo ciudadano. La reproducción de actos brutales es quizá, también, la más sensible de las adversidades sociales, la que toca a millones de mexicanas y mexicanos, y la que, dígase lo que se diga, no retrocede.
Por ello se convertirá en una crítica sostenida durante las campañas electorales, aunque la incapacidad institucional no nació con este gobierno. Por eso mismo, que el Presidente se apresure en su intento por sofocar el escándalo ante un crimen como el de Ángela Meraz, sin ofrecer evidencia ni ahondar en detalles, banaliza la desgracia. Y eso harán, sin duda, las candidatas y candidatos en su propósito por ganar votos.
