ASE denuncia: ¿habrá castigo por las presuntas faltas?

De acuerdo con reportes que publicamos en esta edición, la Auditoría Superior del Estado (ASE), que encabeza Armando Plata Sandoval, ha presentado denuncias penales en contra de las administraciones que encabezan, en Torreón Jorge Zermeño Infante y en Parras de la Fuente Ramiro Pérez Arciniega.

En el primero de los casos se acusa irregularidades por 332 millones de pesos presuntamente cometidas en el ejercicio fiscal 2018 y detectadas en la cuenta pública del municipio, así como en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. En el segundo, se señala un presunto “autopréstamo” que el alcalde se habría hecho por un millón de pesos.

Reseñar la presentación de denuncias penales por parte de la ASE no constituye, a estas alturas, ninguna novedad. En la
Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción se cuentan por decenas los escritos presentados por dicha dependencia en los últimos cuatro años.

Sin embargo, aunque las denuncias de este tipo, presuntamente sustentadas en peritajes técnicos contables -y, por tanto, teóricamente robustas-, se apilan en la Fiscalía, los resultados concretos derivados de estas son más bien magros.

Por ello, aunque cada noticia publicada respecto a presuntos hechos de corrupción pareciera decirnos que el fenómeno está siendo combatido de forma sistemática, resulta difícil comprar la idea porque tales denuncias no avanzan hacia la judicialización y, menos aún, hacia el castigo de las conductas señaladas.

Como se ha dicho en numerosas ocasiones, que se acuse a cualquier persona de ser presunta responsable de un delito no equivale a que lo sea, pues mientras un juez no se pronuncie al respecto debe considerársele inocente.

Así pues, resulta obligado preguntar si en estos casos, que ya han sido expuestos ante la Fiscalía, el destino será diferente al de los numerosos expedientes que se han ventilado públicamente en el pasado reciente pero que no han dado como resultado la emisión de una sentencia.

En otras palabras, lo que debe cuestionarse es por qué las denuncias que se acumulan no tienen como resultado la judicialización de casos y la búsqueda de sentencias en los juzgados.

Si la ASE está equivocada en sus apreciaciones entonces lo conducente es desechar las denuncias y decir por qué no proceden. Sí, por el contrario, los señalamientos tienen sustento, deberían proseguir su curso natural y judicializarse para buscar castigo para los presuntos responsables.

Si no pasa una cosa ni la otra entonces algo no está funcionando bien en el Sistema Anticorrupción de Coahuila -del que la ASE y la Fiscalía Anticorrupción forman parte- y eso impacta directamente en la confianza de la ciudadanía en dicho modelo.

Cabría esperar pues, que en la lucha contra la corrupción quienes tienen la responsabilidad de ofrecer resultados se abocaran a ello y no solamente buscaran “dar nota” de cuando en cuando.