Las recientes detenciones de los exgobernadores Ernesto Ruffo Appel (expanista por Baja California) y Ángel Aguirre Rivero (de Guerrero) por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) han abierto el debate nacional sobre si se trata de procuración de justicia o de persecución a la oposición, a pesar de que el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha negado motivaciones políticas y ha atribuido los arrestos a investigaciones criminales de carácter.
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