‘Caso Ficrea’: ¿y el castigo a
los responsables locales?
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La Fiscalía General de la República informó ayer que el gobierno de Estados Unidos deportó a México a Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio principal de la financiera Ficrea y quien enfrenta en nuestro país cargos penales por diversos delitos tras encontrarse irregularidades generalizadas en la administración de los fondos de los ahorradores.
Olvera Amezcua es presentado ante la justicia mexicana casi ocho años después de que estallara el escándalo y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviniera en la Sofom poniendo al descubierto, entre otras cosas, la suscripción de contratos con entidades públicas, algo para lo cual carecía de autorización oficial.
Con este hecho, como VANGUARDIA ha informado ampliamente, surgió el denominado “Ficreazo”, un episodio protagonizado por altos funcionarios del Poder Judicial de Coahuila que, en contravención a las normas vigentes, entregaron a la financiera más de 125 millones de pesos, de los cuales a la fecha siguen sin recuperarse casi 92.
El episodio constituye un quebranto para las arcas del Poder Judicial de la entidad y de éste son presuntos responsables, en primer lugar, los más altos funcionarios de la institución en la época, entre ellos quien fungía como su presidente, Gregorio Pérez Mata.
La Auditoría Superior del Estado incluso ha presentado una denuncia penal en cuyo texto ha expuesto con detalle las múltiples omisiones y acciones en las cuales incurrieron quienes negociaron y suscribieron los contratos con Ficrea, así como quienes sostuvieron la relación con los ejecutivos de la financiera.
Sin embargo, a la fecha no se ha avanzado en la judicialización del caso, sino al contrario: se ha deslizado la posibilidad de que los presuntos responsables podrían no ser enjuiciados porque, en su momento, la Procuraduría de Justicia de Coahuila decidió “exonerarles”.
La extradición de Olvera Amezcua a México es, sin duda, una buena noticia porque ello implica someter a la justicia a quien defraudó a miles de ahorradores mediante la perversión del esquema para el fue autorizado por las autoridades bancarias del país.
Pero además de congratularnos porque los presuntos delitos cometidos por el principal accionista de Ficrea no queden impunes, resulta indispensable reiterar la necesidad de que los responsables locales no escapen al juzgamiento de sus responsabilidades.
Porque en el caso del Poder Judicial de Coahuila el asunto es muy simple: la institución nunca debió firmar los contratos con Ficrea ni entregarle cientos de millones de pesos, porque se trataba de un acto ilegal. Y si alguien no puede alegar inocencia en ello es justamente quien tenía a su cargo el sistema de administración de justicia de la entidad.
Cabría esperar por ello que, además de perseverar en el castigo a quien encabezó la financiera, las autoridades coahuilenses cumplan con la obligación de perseguir y castigar a quienes fueron los responsables originarios de este quebranto.
