Coahuila: acción escasa ante el cambio climático

El cambio climático es, a no dudarlo, el desafío más importante que ha enfrentado la humanidad desde el surgimiento de eso que llamamos civilización. Se trata de la mayor amenaza que hayamos enfrentado en contra del estilo de vida que hemos construido y, paradójicamente, es un fenómeno que deriva de nuestras propias acciones.

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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actividades como la quema de combustibles fósiles, el uso del carbón como fuente de calefacción, el desmonte de tierras y bosques, la agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas figuran entre las fuentes más importantes de generación de los denominados “gases de efecto invernadero”, principales responsables del calentamiento global.

Por ello justamente, los gobiernos de todo el mundo −a todos los niveles− están llamados a liderar las acciones requeridas para, en primera instancia, contener la tendencia registrada en los últimos 200 años e impedir que la temperatura promedio del planeta siga incrementándose.

Pero liderar este esfuerzo no puede traducirse en simplemente emitir nuevas leyes, elaborar materiales educativos, introducir contenidos en los planes de estudios del nivel básico o distribuir folletos en los cuales se repiten los datos que pueden conocerse fácilmente haciendo una búsqueda en internet.

Actuar con intención de modificar la realidad implica, sobre todo, que los gobiernos de todos los órdenes destinen presupuestos relevantes a la construcción y despliegue de una política pública que ofrezca resultados susceptibles de ser cuantificados.

Por desgracia, no estamos haciendo nada que se parezca a eso y hay que decirlo en voz alta.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al presupuesto que el Gobierno de Coahuila está destinando a la ejecución de las acciones que establece la legislación local en materia de cambio climático: apenas 1.1 millones de pesos.

¿Para qué alcanza dicho presupuesto? ¿Qué resultados concretos podemos esperar a lo largo de este 2024 en apartados como el control de emisiones, por ejemplo? ¿Cómo podemos los ciudadanos conocer y evaluar las acciones concretas en las cuales se invierten dichos recursos?

Los anteriores son cuestionamientos que no solamente resultan relevantes, sino indispensables para tener clara la forma en la cual se encara, desde el servicio público, el reto de contribuir a contener el deterioro ambiental que estamos sufriendo y las consecuencias que acarrea.

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Es posible anticipar, desde luego, que el presupuesto destinado a nivel local servirá, si acaso, para financiar la realización de algún diagnóstico, pero poco más. Desde luego, si el diagnóstico lleva luego a la definición de acciones concretas y estas a la mejora de algún indicador, habrá valido la pena.

Por desgracia, la experiencia recomienda no ser optimistas en estos temas, pues lo más probable es que no ocurra nada relevante, lo cual es una pésima noticia para todos.