Coahuila: El clamor de los desaparecidos contra el silencio cómplice de las autoridades

Julio Cortázar refiere que “en algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas todas las explicaciones”.

¿Cuándo sucedió que perdimos la capacidad de asombro? ¿Quiénes nos llevaron al extremo de considerar normal el actuar de los criminales y apartar nuestra vida de los paseos y los gozos?

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Qué poca madre tuvieron nuestros gobernantes en esta tierra, que permitieron la impunidad en todo momento y en todos los confines del estado, otorgándoles patentes de corso para que llevaran la muerte y la desolación a cientos de familias que vieron a sus hijos ser presas de las desapariciones.

¿De qué se pueden jactar los dos hermanos diablos y su gato respondón en relación con la seguridad que pregonaron?

De acuerdo con los datos presentados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), entre 2006 y 2017, Coahuila ha acumulado un total de 2,151 personas desaparecidas. Lo anterior significa que durante los últimos 11 años, la región coahuilense ha registrado una tasa anual promedio de 6.36 desapariciones por cada 100 mil habitantes.

Para actualizar la cifra, sumando el sexenio del gerente de negocios de la familia de la marca “M” patentada, según el Centro Fray Juan Larios, fueron 571 personas aún no localizadas. Resulta que más de 2 mil 700 familias no han vuelto a ver a sus hijos. He ahí el desasosiego.

La reacción de los cuatro distintos gobernadores durante ese lapso fue siempre la misma: un boletín en el que lamentan los hechos, el levantamiento de la denuncia, algunas reuniones con los grupos de apoyo, búsqueda y el envío de los expedientes al archivo de casos pendientes.

La acción del poder apuesta al olvido y llegó incluso al intento de soborno de las víctimas con el fin de acallar sus lamentos.

La búsqueda es particular, con uñas y dientes, con el corazón roto y la única esperanza de encontrar restos ante la cruel incertidumbre de no saber dónde están sus hijos.

Igual de criminales fueron quienes pactaron con ellos, quienes repartieron las posiciones y las ganancias y quienes se esconden al momento de rendir cuentas.

Partiendo de mediados del sexenio del profesor bailarín, cuando el hermano mayor impedía el acceso del ejército −que venía al estado a poner orden−, pasando por la matanza de Allende y los muertos del desierto de Viesca y terminando con los desaparecidos por las fuerzas policiacas o los orcos auténticos, cuya voracidad provocó las desapariciones en el sexenio del mal encarado borrachín.

Campos de exterminio entre los que se cuentan el penal de Piedras Negras, Patrocinio, Santa Elena, San Antonio del Alto o Estación Claudio, son el horror de los tiempos ante la sonrisa de los que así nos gobernaron.

La cuenta aún no se paga a las familias, pero pronto, más temprano que tarde, vendrá la condena.

La desaparición de personas es una táctica del terror y también de la cobardía, los criminales tratan de esconder sus fechorías mediante la cremación, sin embargo, la barbarie de algunos no les da para ello y, como si fuera un tiradero clandestino, se internan en el desierto para esconder las fechorías.

Como se afirma, la inacción de las autoridades es una constante y surge de la complicidad con los mismos delincuentes: voltean para otro lado mientras se cometen las fechorías.

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El colmo de lo acontecido en estos días en Jalisco, no es más que la repetición de lo ocurrido en Allende en 2011, ante la complacencia de las fuerzas policiacas estatales y del mismo ejército.

Los poderosos podrán decir misa y dar mil explicaciones, pero lo que las familias de los desaparecidos y la sociedad requieren son acciones, como esa a la que fue forzado el Gobierno Federal de entregar a una veintena de capos peligrosos.

La definición de la desaparición de personas como un acto terrorista es una acción que abonará a la justicia. ¿Qué les hace falta, desgraciados?