Coahuila: la interrupción del embarazo es un derecho sin legislación, debido a la omisión del Congreso
Desde septiembre de 2021 el aborto dejó de ser un delito en Coahuila a partir de una resolución de la SCJN. Sin embargo, no se ha convertido en un derecho porque el Poder Legislativo no ha legislado, pese a contar con una amplia mayoría femenina
El 7 de septiembre del año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila en los cuales se conceptualizaba la interrupción del embarazo como un delito y, en consecuencia, las mujeres que incurrieran en dicha práctica, así como quienes les auxiliaran en dicho propósito, eran perseguidos criminalmente.
La resolución, que zanjó una acción de inconstitucionalidad promovida por la entonces Procuraduría (hoy Fiscalía) General de la República, fue recibida entonces como un avance en el proceso de conquista de los derechos reproductivos de las mujeres.
Incluso el entonces presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, afirmó a través de su cuenta de Twitter que aquel fue un “día histórico para las todas mujeres, sobre todo para las más vulnerables”, pues con la sentencia de máximo tribunal del país se puso fin a “la injusta criminalización de la mujer. Nunca más una mujer en prisión por ejercer sus derechos”.
La despenalización del aborto, sin embargo, no implicó que la interrupción voluntaria de un embarazo se hubiera convertido de forma automática en un derecho, sino solamente que las autoridades dejarían de perseguir penalmente a quien desarrollara dicha práctica.
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Pese a ello, de acuerdo con cifras del Banco Estatal de Datos Sobre Violencia Contra las Mujeres y Niñas del Estado de Coahuila, las clínicas del sector salud en Coahuila han actuado en el sentido de reconocer el derecho de las mujeres a decidir y por ello la cifra de “Interrupciones legales del Embarazo (ILE) por decisión propia de la mujer” se incrementó de forma muy importante el año pasado.
Los hospitales generales de Coahuila atendieron, de acuerdo con dicho banco de datos, 553 solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo durante 2022, cifra que multiplicó por más de seis el número de casos del año previo, que fue solamente de 88.
El incremento en el número de abortos practicados en los hospitales generales de Coahuila hablan, sin duda, de una transformación relevante en la actitud de las autoridades sanitarias de la entidad que, pese a la inexistencia de una regulación que defina con claridad las reglas a seguir, ha sido proactiva en la garantía de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, que en los hechos se esté garantizando el derecho no implica que la regulación precisa resulte innecesaria y por ello el Congreso de Coahuila tendría que abandonar la actitud mantenida hasta ahora de solamente “dejar hacer y dejar pasar”.
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El primer paso para que cualquier persona ejerza a plenitud un derecho es, desde luego, que el mismo sea reconocido por la autoridad que debe protegerlo y garantizarlo. Pero siendo este un gran paso resulta insuficiente para garantizar a plenitud el acceso de los titulares de ese derecho a los beneficios que implica su regulación.
El número de casos registrado hasta ahora no solamente evidencia la necesidad de colmar el vacío legislativo. También deja clara la urgencia de hacerlo.
