Coahuila; ¿qué indica la ‘explosión’ de casos de estafas inmobiliarias?

Una de las observaciones más importantes que los especialistas en el análisis del fenómeno de la corrupción realizan es el hecho de que esta solamente es posible cuando existen cadenas de complicidad. En otras palabras, la corrupción no es un acto solitario, sino que demanda, por regla general, la participación de más de una persona.

El señalamiento aplica a casos como el que documentamos en esta edición, relativo a la existencia de auténticas redes de “estafa inmobiliaria” de las cuales han sido víctimas múltiples personas. Lo interesante de estos casos se encuentra en los detalles, que apuntan claramente a la existencia de redes de cómplices alrededor de los perpetradores.

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En efecto, de acuerdo con los testimonios recabados, quienes engañan a presuntos “clientes” con la venta de un bien inmueble hacen uso de los servicios de notarios y, presumiblemente, de personas que laboran en dependencias gubernamentales como el Registro Público de la Propiedad. No se explica de otra forma el que sean “exitosos” en sus operaciones.

Los afectados han relatado cómo presuntos “agentes inmobiliarios” les han ofrecido propiedades en diversos lugares de Coahuila -e incluso en otras entidades del país- afirmando que cuentan con todos los documentos legales para realizar la operación solamente para encontrar, al final, que ni eran los propietarios de aquellas, ni representaban a los legítimos dueños.

El problema es que la estafa funciona porque todo parece legal. Las operaciones se sancionan a través de un fedatario público y se les muestran documentos auténticos del Registro Público.

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Más aún: cuando el engaño queda al descubierto y las víctimas intentan obtener sus recursos de vuelta acudiendo, como es de esperarse, a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, lo que encuentran es una montaña burocrática que les invita a darse por vencidos, antes que a perseverar en su esfuerzo.

La pregunta surge sola: ¿cómo es posible que sin tener legitimidad para hacerlo, estos presuntos agentes inmobiliarios puedan perpetrar el engaño?

La respuesta no es difícil de imaginar: la red delincuencial que se encuentra detrás de las operaciones necesariamente cuenta con la complicidad de personas que tienen encomiendas públicas y, en teoría, están ahí justamente para evitar que este tipo de cosas sucedan.

Ante la acumulación de casos -que hemos publicado en las últimas semanas- resulta obligado cuestionar por qué en Coahuila está floreciendo esta actividad y cuáles son los controles institucionales y legales que han sido pervertidos y/o relajados para hacer esto posible.

No se trata ya de casos aislados y a estas alturas tendría que haber aparecido un esfuerzo institucional para ponerle freno. Si eso no está ocurriendo la situación lleva, de forma necesaria, a cuestionar qué tan alto en el organigrama de nuestras instituciones llega la corrupción, porque no parece existir otra forma de explicar la realidad.