‘Comida chatarra’: ¿esta vez sí se le combatirá en serio?

Uno de los graves problemas de salud pública que enfrenta nuestro país es el relativo al sobrepeso, particularmente entre la población infantil. Y en el centro de dicho problema se encuentra nuestra dieta, rica en alimentos ultra procesados y muy pobre en valor nutricional.

No se trata de ninguna novedad el hablar sobre el particular. La información sobre el problema se viene compartiendo de forma abundante desde hace lustros y las advertencias de los especialistas en salud pública al respecto han sido numerosas.

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¿Por qué no hemos reaccionado a pesar de la evidencia contundente que nos rodea y todos podemos observar de forma cotidiana? La respuesta a la interrogante anterior no es sencilla, pues detrás del fenómeno se ubica una mezcla de intereses económicos y la propensión que hemos desarrollado por frivolizar los temas de la agenda pública.

Lo anterior no solamente explica la ausencia de un reacción eficaz, sino también el fracaso de las distintas iniciativas lanzadas desde el poder público, al menos desde 2010, para combatir el consumo de los denominados “alimentos chatarra”.

Hoy, que entra en vigor la estrategia “Vida Saludable”, misma que pretende erradicar de las escuelas del país -públicas y privadas-, de todos los niveles educativos, los referidos alimentos, conviene pasar revista a los esfuerzos realizados en el pasado, con el propósito de aprender de dichos fracasos.

En 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, se lanzó el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA), el cual pretendía -al menos en teoría- regular el expendio y distribución de alimentos en los planteles educativos, y evitar, entre otras cosas, la venta de “alimentos y bebidas que no facilitan una alimentación correcta”.

Posteriormente, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, fue presentada la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y las Diabetes”. Entre otras cosas, la referida estrategia prohibió “la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas que, por presentar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos”.

Ninguno de estos intentos fructificó y hoy el problema sigue allí, prácticamente intocado: de acuerdo con el INEGI, el 37 por ciento de los niños mexicanos, de entre cinco y 11 años de edad, padecen obesidad.

Lo deseable es, desde luego, que el nuevo intento que hoy arranca tenga éxito. Pero para que ello ocurra es indispensable que se entiendan las razones por las cuales los anteriores esfuerzos naufragaron. Si eso no se hace, difícilmente vamos a presenciar un desenlace distinto.

Porque si algo está claro es que la modificación de la realidad no depende de la voluntad del Gobierno, sino de que los esfuerzos de éste y de la comunidad se alineen en torno a un objetivo concreto. Mientras eso no ocurra, la realidad seguirá, tercamente, imponiéndose.